A la hora de rescatar un plan de pensiones, cuando llega el ansiado retiro, el titular puede elegir aquella opción que más le convenga: rescatar sus ahorros en forma de renta, ya sea periódica o como rentas vitalicias, rescatar el dinero en forma de capital, es decir, cobrarlo todo de golpe y bien optar por una fórmula mixta, un importe determinado en forma de capital, y dejar el resto como rentas periódicas.
La factura fiscal será diferente en cada uno de los casos y, dado que las prestaciones de un plan de pensiones tributan como rendimientos del trabajo, rescatar el dinero de una vez, en forma de capital, tendrá un impacto fiscal elevado. No obstante, es elección del titular y una forma de planificar la jubilación en función de las circunstancias particulares de cada uno. Pues bien, el ministro Escrivá quiere introducir una novedad a este respecto en el Anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.
El Gobierno quiere evitar que los trabajadores adscritos a los planes de pensiones promocionados por el nuevo Fondo Público que el Gobierno negocia ahora mismo con los agentes sociales, y que se aprobará de forma inminente en Consejo de Ministros, rescaten su dinero en forma de capital.
Pese a no conocerse todos los detalles de cómo quedará finalmente el nuevo fondo de pensiones público, van trascendiendo algunos puntos. Uno de ellos es, tal y como adelanta Expansión, que los trabajadores solo podrán cobrar como renta estos planes de pensiones promocionados por el nuevo Fondo Público.
Solo en algunos casos excepcionales, que quedarían recogidos en el reglamento que se desarrolló tras la aprobación de la norma, podría percibirse en forma de capital. Es decir, los titulares de los planes de pensiones no tendrán libertad para decidir cómo recuperan su dinero.
Pese a que recuperar el plan de pensiones en forma de capital puede suponer un varapalo importante en la declaración del contribuyente, al aumentar considerablemente la base imponible del Impuesto sobre la Renta; en ocasiones hay jubilados que apuestan por esta fórmula para realizar una inversión, como comprar una vivienda o realizar un viaje. El Gobierno quiere atajar esta posibilidad. Este dinero debe servir para completar los ingresos mensuales de la pensión pública, exclusivamente.
El Gobierno quiere poner en marcha este mismo año estos planes de pensiones colectivos, orientados a autónomos, empleados públicos y trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que ahora mismo está sobre la mesa de la negociación social. El tiempo apremia.
El Pacto de Toledo, en su decimosexta recomendación, recoge el impulso de los sistemas complementarios de previsión social. Sin embargo, su aprobación es inminente porque, además, es una de las exenciones de la Comisión Europea para la llegada de los fondos para la reconstrucción Next Generation. Según el calendario de Bruselas, la activación de este impulso no debería retrasarse más allá del mes de junio de este año.
El Gobierno pretende que resulte fácil para las compañías y los trabajadores poner en marcha o adscribirse a estos planes simplificados a través de convenios de empresa y de sector, para que así puedan entrar en los planes las pymes, los autónomos, los ayuntamientos y, en consecuencia, quienes tengan salarios medios y bajos.
Algunos organismos, como el Consejo Económico y Social (CES), considera que esta nueva regulación de los planes de pensiones, sin embargo, se olvida precisamente de esas rentas más bajas. "La capacidad de ahorro de estos perfiles más vulnerables, y de las rentas más bajas, es limitada", a juicio del organismo. En este sentido, cree el CES que “la promoción de los planes de pensiones de empleo requiere un amplio sistema de incentivos eficaz y coherente, que vaya más allá del ámbito fiscal” ha dicho el organismo en un reciente dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.
En la misma línea, se ha pronunciado la presidenta de la patronal del Seguro, Unespa, Pilar González de Frutos. "No hay un problema de gestión sino de cómo se incorpora el compromiso entre trabajadores y empleadores en el marco de la negociación colectiva. Dejarlo sin ningún incentivo ni para trabajadores ni empresarios no conduce a nada".
Los planes de pensiones de empleo con promoción pública deberán tener una comisión máxima del 0,3%, según contempla el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Seguridad Social, una cifra inferior al 0,5% que se había incluido en borradores anteriores del texto.
No obstante, el anteproyecto de ley podría quedar sin cifras concretas a la vista de que este ha sido uno de los elementos que más fricciones ha creado, principalmente con la patronal. También podría desaparecer del texto del anteproyecto la prioridad que tenían en el borrador inicial las mutualidades profesionales a la hora de gestionar estos planes. De ser así, todos estos detalles quedarían pendientes de ser concretados en el reglamento posterior que desarrolle la norma.
