El 'superfondo' de pensiones de Escrivá se retrasará hasta finales de 2023, avisan los expertos

Se despeña un 60% la aportación a planes de pensiones individuales en 2 años por el 'hachazo' fiscal

Unespa denuncia el 'hachazo' al plan de pensiones individual, que limita el ahorro a 125€/mes

Aprobado el reglamento de los planes de pensiones de empleo

El 1 de enero de 2023 empezó a aplicarse la nueva regulación de los planes de pensiones de empleo. Los trabajadores pueden deducir en el Impuesto sobre la Renta hasta 10.000 euros al año, con la contribución de la empresa, y los autónomos, hasta 5.750 euros al año. Por su parte, las empresas pueden reducir en su cuota a la Seguridad Social las contribuciones que hagan a los planes de empleo de sus trabajadores, con un límite 1.431 euros al año por empleado. También pueden deducir en el Impuesto de Sociedades el 10% de sus contribuciones a planes de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, y la parte proporcional para los empleados con salarios superiores. 

Sin embargo, los actuales planes de empleo están estancados, a la espera —en teoría— del revulsivo que supondrá la entrada en funcionamiento de los nuevos fondos de promoción pública, diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que el Ministerio espera que puedan arrancar en el verano de 2023, pero que los expertos temen que no estén disponibles hasta finales de año.

Mientras tanto, los planes de pensiones individuales llevan dos años sufriendo descalabros en el volumen de aportaciones, debido al hachazo fiscal propinado por el Gobierno, que ha ido reduciendo el máximo de dinero que se puede ahorrar al año, desde los 8.500 euros, a los 2.000 euros en 2021, y los 1.500 euros vigentes desde 2022. En este sentido, la patronal INVERCO (@INVERCOinfo) teme que 2023 será otro año perdido. "El mayor problema es el desfase entre la operatividad de los nuevos planes de empleo y la reducción de los límites de aportación a planes individuales. Lo lógico hubiera sido empezar a trasladar los beneficios fiscales desde los planes individuales a los de empleo, una vez estuvieran disponibles los nuevos planes de pensiones. Al no haberse hecho así, el perjuicio para el ahorro a largo plazo ha sido notable: en sólo dos años, los españoles han dejado de ahorrar para su jubilación 4.400 millones de euros", constata Ángel Martínez-Aldama, presidente de INVERCO. 

Los nuevos fondos, en verano, según Escrivá...

Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aseguran a 65YMÁS que la previsión es que "la arquitectura clave para la entrada en funcionamiento de los fondos de pensiones de promoción pública esté lista para el verano, con lo que se completará el despliegue de las principales novedades previstas en la ley 12/2022", de fecha 30 de junio, y en vigor desde el 2 de julio pasado, tras su publicación en el BOE.

En todo caso, desde el departamento de Escrivá recuerdan que "ya se pueden suscribir planes de empleo que se benefician de muchos avances de esa ley, como las ventajas fiscales, y hay distintos sectores y organizaciones (Construcción, ATA) que han comenzado a lanzar sus planes de acuerdo con las nuevas normas, y otros (grandes almacenes) que los están negociando".

Precisamente, hace unos días, el Ministerio dio un paso adelante, al constituir la Comisión Promotora y de Seguimiento de los Fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), uno de los órganos claves, puesto que sus nueve miembros son los encargados de impulsar la puesta en marcha de los nuevos fondos de empleo, y entre sus funciones se incluye el seleccionar a las entidades gestoras y depositarias.

... y los expertos creen que no llegarán hasta fin de año

Sin embargo, los expertos consultados por este diario enfrían el optimismo del Gobierno y recuerdan que existen tres hitos para poner en marcha el nuevo sistema de fondos de empleo de promoción pública. El primero, la modificación normativa del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que cierre los temas pendientes que afectan a los nuevos fondos de pensiones de promoción pública y a los planes de pensiones simplificados, especialmente los sectoriales.

Tal como advierte Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de OCOPEN (@OCOPEN_) y director general en Cpps Asesores, existen otros dos hitos necesarios para que los nuevos fondos de pensiones de promoción pública arranquen de manera efectiva. "Es imprescindible realizar un concurso público de elección de entidades gestoras y depositarias. Aunque la fecha de referencia que el Gobierno baraja es el mes de junio, en OCOPEN tenemos dudas de que se cumpla, porque los trámites aplicables son los de contratación pública e intervienen plazos y procedimientos poco ágiles e impredecibles, porque además van a intervenir varios ministerios (la comisión promotora y de seguimiento está integrada por representantes de varios ministerios)".

Con todo, el mayor retraso va a proceder, seguramente, del tercer hito, la plataforma digital, que "es un tema técnico muy complejo y creo que es el que realmente puede retrasarse respecto de junio e irse más allá del verano. Nos consta que se están haciendo pruebas, pero dudo de que vaya con rapidez", asegura Mariano Jiménez.

Asimismo, el presidente de INVERCO, Ángel Martínez-Aldama, pronostica que "la puesta en marcha de los nuevos planes de pensiones de empleo podría alargarse hasta finales de año", detallando que, para que sean realmente operativos, "se necesita un marco reglamentario que desarrolle la ley de impulso de los Planes de empleo, en vigor desde julio del año pasado. En este sentido, esperamos que antes de verano pueda ver la luz el nuevo Reglamento que defina con claridad las características y el funcionamiento de los nuevos planes. A partir de aquí, el desarrollo de la nueva Plataforma Digital Común será clave para la operatividad de los nuevos planes y la transmisión de información entre todos los intervinientes".

Adicionalmente, "es necesaria la publicación de los pliegos de contratación para la licitación y adjudicación de los planes, que, como establece la Ley de contratos del sector público, podría demorar entre 4 y 8 meses las adjudicaciones", explica Martínez-Aldama.

"Sin plataforma digital, la Ley es papel mojado" 

"Cuando una norma recoge la necesidad de crear una plataforma digital, y no tiene como misión la recaudación, la Ley es papel mojado hasta que se crea y se testea la aplicación digital. Eso mismo pasa ya con la nueva Ley Concursal, que se legisla como si los medios telemáticos de la Justicia fueran los de la Agencia Tributaria, y en realidad son los del garaje donde se originó Microsoft", advierte Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com. Para este experto, una norma de tanto calado, que exige una plataforma digital compleja, está abocada a retrasos y problemas de puesta en marcha per se. 

Monserrat tiene serias dudas sobre el éxito de los nuevos planes de empleo de promoción pública: "El fondo de pensiones de empleo que ha ideado el ministro Escrivá no es una demanda del sector de previsión complementaria, tampoco lo demandan las grandes empresas, y mucho menos los autónomos, y está demostrado que una iniciativa que parte del sector público, salvo que se le dedique mucho esfuerzo, dinero y trabajo de concienciación, acabará teniendo una repercusión muy limitada en el ahorro a largo plazo en España". 

En el mismo sentido, Luis García Langa (@luisgarcialanga), analista financiero, presidente de Sidiclear SICAV, Aula Finanzas y Corredor de Fondos, da por seguro que el superfondo diseñado por el Gobierno, en el mejor de los casos, no funcionará hasta finales de año. "Viniendo de donde viene, es decir, de un intento de crear algo así por parte del sector público, yo no tengo muchas esperanzas. Las gestoras parece que sí están interesadas en participar, pero aun así, existe mucha burocracia, hay que producir reglamentos, distintos perfiles, la plataforma tampoco es fácil, hay que pensar que es un fondo de pensiones en el que se pueden hacer traspasos desde fondos privados anteriores, etc.".

Otra de las razones para desconfiar es, según García Langa, que "la Administración pública nunca ha sido muy ducha en agilizar los procesos. De hecho, cuando se aprobó en nuevo fondo, el Gobierno decía que estaría listo en verano, pero el sector daba por hecho su retraso a los meses finales de 2023, y ahora, con unas elecciones generales por en medio, ¡quién sabe si incluso se llevará a término este año!", pone en duda este experto.

5 años para generalizar los planes colectivos

La patronal de la industria del seguro, UNESPA (@UNESPA), lamenta la oportunidad perdida para la promoción del ahorro para la jubilación y detalla que "la reducción de los límites de aportaciones a planes individuales operada en 2021 y 2022 ha supuesto una disminución de 4.380 millones en el ahorro para la jubilación de los españoles, sin que haya habido ningún incremento, de momento, del ahorro en el ámbito de la previsión social empresarial. La Ley 12/2022, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, podría haber constituido una oportunidad excelente para tratar de lograr el necesario desarrollo de la previsión social complementaria en España. Sin embargo, no ha sido así".

Portavoces de UNESPA critican que los incentivos que recoge para impulsar la previsión social empresarial (segundo pilar) "son claramente insuficientes y, además, la reforma se realiza en detrimento de los sistemas de previsión social individuales (tercer pilar), lo que carece de sentido, dado que ambos pilares son totalmente necesarios y complementarios entre sí". A su juicio, el Gobierno debería haber establecido "un régimen transitorio de cinco años en el que se pudieran realizar aportaciones a sistemas de previsión individuales, con el compromiso de movilizar tales aportaciones a sistemas de empleo cuando se disponga de ellos. Van a ser necesarios varios años para que la Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo pueda desplegar todos sus efectos. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, transcurrirán, al menos, cinco años, hasta que en el ámbito de la renovación de los convenios colectivos de carácter sectorial se haya podido generalizar la puesta en marcha de sistemas de previsión social colectivos.

Ante esta pinza, con consecuencias negativas para el ahorro, la patronal aseguradora reclama que todos estos trabajadores que en la actualidad no tienen un sistema de empleo "puedan realizar mayores aportaciones a sistemas individuales, mientras no tengan acceso a los correspondientes sistemas de empleo".