El Gobierno allana el camino al fondo público de pensiones quitando ventajas a los individuales

​Otro golpe del Gobierno a los planes de pensiones: recorta la aportación máxima anual a 1.500 €

El Gobierno reduce incentivos a los planes de pensiones individuales para impulsar los de empleo

Macrofondo de pensiones de Escrivá: El Gobierno comienza a diseñarlo en medio de un mar de dudas

El Gobierno ha colado por sorpresa en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 un nuevo recorte de las bonificaciones fiscales de los planes de pensiones individuales, en beneficio de los planes de empleo colectivos, los denominados planes de empresa, y en preparación del gran fondo público de pensiones en el que lleva meses trabajando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y del que por ahora se desconocen los detalles.

En efecto, las cuentas públicas para el año próximo establecen un nuevo recorte del límite máximo que se puede aportar cada año a los planes de pensiones privados, que bajan hasta los 1.500 euros anuales. Hasta 2021, se podían invertir hasta 8.000 euros anuales en estos productos, en los Presupuestos de 2021 el tope se redujo a 2.000 euros, y ahora llega el tercer hachazo, ya que desde el año próximo, las aportaciones que superen los 1.500 euros al año podrán ser penalizadas.

El empeño del Gobierno en desincentivar los planes de pensiones privados individuales es evidente, ya que, mientras suprime incentivos a los planes individuales, aumenta las ventajas fiscales de los planes de empresa, que en 2022 se beneficiarán de un aumento de las aportaciones con derecho a deducción, al pasar desde los actuales 8.000 euros a 8.500 euros anuales como máximo.

La realidad es que los actuales incentivos fiscales a los planes privados están en entredicho desde hace tiempo, y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) elaboró en 2020 un análisis en el que concluía que las ventajas fiscales de los planes individuales beneficiaban más a los declarantes con mayor capacidad de renta y a quienes aportaban mayores cantidades al fondo. La AIREF cifra en más de 1.600 millones el coste para el Estado por los menores ingresos, y además asegura que es una medida regresiva.

Allanando el terreno al macrofondo público 

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció a finales de 2020 la creación de un macrofondo público de pensiones vinculadas al empleo, en su empeño de impulsar esta vía de ahorro y hacerla extensible al conjunto de los trabajadores. Su intención es que beneficie no solo a los trabajadores de las grandes compañías (ahora son prácticamente los únicos que pueden acceder a ellos) sino también a los trabajadores públicos, autónomos y empleados de pymes y micropymes.

Si se cumplen las previsiones del ministro, a finales de este año podría estar diseñado el nuevo fondo público, con el que las empresas dotarían a sus trabajadores de un sistema de ahorro complementario a la pensión de la Seguridad Social. El Ministerio espera que el macrofondo pueda acoger planes de pensiones en funcionamiento y nuevos planes que se pongan en marcha, además de tener comisiones más bajas que las actuales.

Tal como explicaba el propio ministro Escrivá ante el Pacto de Toledo, el superfondo será un instrumento colectivo de previsión social complementaria con supervisión y garantía pública y que, a falta de conocer todos los detalles, podría ser de gestión privada (modelo NEST británico). En España, el único sistema parecido que existe es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que funcionan con éxito en el País Vasco desde hace años.

El sector, en contra de la rebaja de incentivos

La decisión del Gobierno de rebajar los beneficios fiscales para los planes individuales ha sido muy criticada por las patronales de banca, las aseguradoras y las de los fondos de inversión (Inverco), que son gestoras de estos instrumentos de inversión y ahorro.

Este mismo viernes, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ha rechazado el último recorte, al considerar que la rebaja de los límites anuales de aportación a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF es "otro torpedo al ahorro y al complemento de las futuras pensiones de autónomos y empleados de pymes".

Desde el Consejo General de Mediadores han lamentado que la propuesta "favorece a los trabajadores de grandes empresas y castiga especialmente al medio rural, cuya configuración empresarial está basada en pequeños negocios y autónomos". Según denuncian, el sistema individual es "insustituible" para todos los autónomos y trabajadores de pymes, que quedan fuera de la previsión social empresarial y "no pueden acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas".

Además, los mediadores aseguran que la irregularidad de los ingresos de trabajo de pymes y autónomos se ha incrementado en los últimos años, entre otras razones, por el cese de actividad a causa del Covid-19. "Solo esta razón sería suficiente para permitir a los trabajadores por cuenta propia recuperar, en la medida de los posible, su capacidad de ahorro para complementar una jubilación que cada vez aparece más incierta en términos de pensión del Estado", han señalado en un comunicado.