El Consejo Económico y Social (CES) considera que la nueva regulación de los planes de pensiones de empleo en la que trabaja el Gobierno no ofrece una cobertura adecuada a los trabajadores con rentas medias y bajas ni atiende a la brecha de género en las pensiones complementarias de empleo. El organismo presidido por Antón Costas considera que la promoción de los planes de pensiones de empleo requiere un amplio sistema de incentivos “eficaz y coherente, que vaya más allá del ámbito fiscal”.
Así lo recoge un dictamen del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de planes de pensiones de empleo, que reconoce que impulsar la previsión social complementaria en el ámbito de la empresa, con el objetivo de converger con los países de nuestro entorno “supone una iniciativa ambiciosa, compleja y de gran envergadura”.
Para el Consejo Económico y Social, sería aconsejable “atender a la brecha de género en las pensiones complementarias de empleo, o a la menor capadidad de aportación a planes de pensiones ocupacionales en los perfiles salariales más bajos, entre otras situaciones, atendiendo a las de mayor vulnerabilidad”. La capacidad de ahorro de estos perfiles más vulnerables, y de las rentas más bajas, es limitada, a juicio del organismo. En este sentido, cree el CES que “la promoción de los planes de pensiones de empleo requiere un amplio sistema de incentivos eficaz y coherente, que vaya más allá del ámbito fiscal”.
En líneas generales, el CES considera que la nueva regulación no aporta instrumentos de suficiente calado para impulsar el ahorro complementario. “Deberían aportarse como novedad instrumentos de suficiente calado de los que se pudiera esperar una mayor capacidad de estimular su crecimiento tanto en personas partícipes de planes como en el volumen patrimonial de los fondos afectos al cumplimiento de los correspondientes derechos y obligaciones”, asegura el dictamen.
Además, el CES aprecia “cierta falta de claridad en la conexión entre los objetivos que dice perseguir el Anteproyecto y su traducción en el articulado, como por ejemplo el establecimiento de la limitación de los costes de gestión, lo que puede generar incertidumbre en una materia necesitada de la máxima certeza como condición imprescindible para su desarrollo”.
El CES comparte el propósito del Gobierno de avanzar en el impulso del segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de pensiones de empleo, como complemento a las pensiones públicas, en el marco de la recomendación decimosexta del Pacto de Toledo. No obstante, recuerda que el Gobierno debe seguir trabajando por asegurar la suficiencia y adecuación del primer pilar, el sistema público de reparto, así como permitiendo que el tercero, los planes de previsión individuales, desarrolle su propia dimensión. “Se debería evitar, por tanto, que un desarrollo parcial o poco equilibrado de la regulación y estímulos en uno de los pilares complementarios actúe en detrimento del primer pilar o del otro pilar complementario, lastrando su desarrollo.”
El CES también se refiere a los trabajadores autónomos. Cree que el anteproyecto no refleja bien sus especificidades ni la flexibilidad que necesita en sus aportaciones. Para este organismo consultivo sería aconsejable “introducir, como parte del sistema de incentivos, elementos de flexibilidad para colectivos con especiales características como las personas trabajadoras autónomas”.
Para el CES es, sin duda, un avance en la protección de los autónomos el hecho de que el nuevo marco normativo contemple “la creación de planes de empleo simplificados para autónomos y trabajadores por cuenta propia, a través de la promoción por asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades de previsión social”.
El CES echa en falta “un adecuado sistema de incentivos que, entre otros efectos, evite diferencias de trato difíciles de justificar. Y, en todo caso, el CES considera que cualquier modificación que se introduzca en el segundo pilar de este colectivo debería tener en consideración el futuro sistema de cotización por ingresos reales en el RETA”.
El CES constata en su dictamen que el patrimonio de los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la empresa se ha estancado desde el año 2012 situándose a finales de 2020 en 35.681 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 25% del total de la previsión social complementaria, frente al 50% que representaba a comienzos de la década de los noventa.
Ahora bien, el organismo con comparte el motivo de esta caída con el Gobierno. “Resulta resulta necesario que se reconsidere la arquitectura de la gobernanza de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública prevista en la norma proyectada”, asegura. “No cabe identificar el modelo de gobernanza, en sí mismo, como el factor determinante del freno observado en el desarrollo de la previsión social complementaria en España en la última década, un deterioro debido más bien a la caída de las aportaciones a los planes de pensiones de empleo tanto en el sector privado como en el público, en el contexto de la última crisis financiera.
