Con el objetivo de impulsar los planes de empresa, es decir, los planes privados de pensiones colectivos en el marco empresarial, el Gobierno quiere reformar el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos puedan impulsar este medio de previsión social en todas las empresas de un ámbito concreto de aplicación. A través de una enmienda del PSOE a la Ley de Movilidad Sostenible el Ejecutivo busca esta modificación legislativa en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores.
Con esta enmienda, recogida por Europa Press, el Grupo Socialista quiere también dar impulso a la previsión social empresarial, que hace referencia a una modalidad de planes pensiones privados acordados entre trabajadores y empresas. Estos planes se asemejan a un plan de pensiones o a un seguro de vida de aportación periódica por parte del trabajador. De hecho, la propuesta socialista dice que los convenios sectoriales "deberán incorporar" medidas para la promoción de planes de pensiones simplificados o planes de pensiones de empleo de promoción conjunta", que afectarían a todas las empresas en su ámbito de aplicación.
No obstante, en su justificación el PSOE apunta que, de salir adelante, la enmienda no comporta la necesidad de alcanzar acuerdos a este respecto, pero sí la de ser objeto de trato entre las partes.
El objetivo del Gobierno desde que planteara la primera pata de la reforma de las pensiones es potenciar los planes de empleo, al tiempo que recortaba los beneficios fiscales de los planes individuales. Para ello, en dos años ha reducido el límite de aportación anual hasta los 2.000 euros (en 2021) y la posterior disminución de este tope hasta los 1.500 euros, que rige desde 2022. Tras este hachazo, los planes individuales, lastrados por esa pérdida de incentivo fiscal, acabaron el año con 80.234 millones de euros (-10,2% anual), y registraron prestaciones netas de -666 millones. Es decir, salió más dinero del que entró, según el Informe anual IIC y Fondos de Pensiones, recién publicado por Inverco (@INVERCOinfo) , que revela asimismo que la reducción aprobada en el límite máximo de aportación hasta 1.500 euros para 2022 (y de 2.000 euros en 2021) ha producido una caída del 60% en el volumen de aportaciones brutas en el sistema individual respecto a 2020.
Todo el ahorro que ha salido del tercer pilar de la previsión social, es decir, del sistema individual de planes de pensiones no se ha dirigido, sin embargo, al segundo pilar o planes de empresa. “No ha sido así, ya que el sistema de empleo apenas ha modificado sus aportaciones respecto al año anterior", constata el informe de Inverco. “Aunque la reducción de límites ya comentada no aplica a los planes de empresa, el efecto práctico ha sido el mantenimiento sin cambios, incluso con una ligera reducción, del volumen de aportaciones brutas”, añade. En total, los planes de empleo cerraron 2022 con un volumen patrimonial de 34.628 millones (el 8,4% menos que en 2021).
Los actuales planes de empleo están estancados, a la espera —en teoría— del revulsivo que supondrá la entrada en funcionamiento de los nuevos fondos de promoción pública, diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que el Ministerio espera que puedan arrancar en el verano de 2023, pero que los expertos temen que no estén disponibles hasta finales de año.
El Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, una de las medidas estrella de Escrivá, pero no termina de despegar. Su objetivo es que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empresa.
Este mismo miércoles, el PSOE criticaba que la posición del Partido Popular en contra de la reforma del sistema de pensiones es porque “quieren bajar las pensiones y promocionar los planes privados”. Lo ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López quien, al mismo tiempo, defendía que la reforma del ministro Escrivá responde al “interés general” al garantizar la pensión de hoy y del futuro. “Es un acuerdo que tiene que ver con la equidad y la justicia” porque no solo garantiza las pensiones, dijo, sino que éstas van a aumentar según el coste de la vida, frente al modelo de una derecha que pretende “recortes”.
