Planes de pensiones
Guerra a los planes de pensiones privados: el superfondo público de Escrivá 'tira' las comisiones
Autónomos y funcionarios podrán contratar los nuevos planes de empresa, con comisión máxima del 0,5%
Otro golpe del Gobierno a los planes de pensiones: recorta la aportación máxima anual a 1.500 €
El golpe del Gobierno a los planes de pensiones indigna a los mediadores: "Es un torpedo al ahorro"
El Gobierno allana el camino al fondo público de pensiones quitando ventajas a los individuales
La Ley de Planes de Pensiones que prepara el ministro José Luis Escrivá parece estar cada vez más cerca de ser realidad, y de hecho, el titular de Seguridad Social acaba de presentar a la Mesa de Diálogo Social (integrada por Gobierno, sindicatos y patronal) el Anteproyecto de Ley reguladora de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y de planes de pensiones de empleo simplificados.
Según este documento, al que ha tenido acceso 65Ymás, el Gobierno pretende lanzar una gran plataforma de fondos de empleo bajo la que se agruparían multitud de planes colectivos de empresa, que tendrían como aliciente menores comisiones que las actuales: los partícipes pagarían como máximo un 0,5% por su plan de empleo (un 0,4% aplicaría la entidad gestora y un 0,1% la depositaria), lo que significaría un significativo abaratamiento desde el actual tope legal de estos planes.
Y se tratará de una comisión máxima imbatible en comparación con las que se pagan ahora en los planes privados individuales de la actualidad: el 0,20% por la comisión depositaria y una media del 1,25 % por gestión. Si el plan es de renta fija, la comisión máxima es del 0,85%, si es de renta mixta, del 1,3%; y si es de renta variable, el tope es del 1,5%. Es decir, las comisiones totales de los planes del sistema individual oscilan entre el 1,05% y el 1,7% frente al 0,5% de los planes de empresa de promoción pública.
El Gobierno, por una parte, impulsará así fondos de promoción pública, y las empresas que no tengan un fondo adscrito se podrán sumar a uno por defecto que determine el ministerio.
Además, como gran novedad, se crea la figura de los planes de empleo simplificados, a los que podrán incorporarse los funcionarios y los autónomos: cada asociación de autónomos, Administración pública o patronal sectorial deberá presentar hasta tres propuestas de gestoras para que se encarguen de administrar el dinero que se vaya depositando a favor de los trabajadores.
El documento al que ha accedido 65Ymás establece que se podrá promover el cambio en la gestora, habrá fondos de pensiones de renta fija, mixta y variable, con diferentes grados de riesgo inversor para el partícipe, y se creará una plataforma digital única donde se podrá elegir entre distintos planes. También se prevé que el ministerio convoque cada tres años un procedimiento entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de empleo de promoción pública.
En este Anteproyecto de Ley no existe mención a las aportaciones máximas con derecho a deducción, pero el ministro Escrivá anunció hace semanas que la desgravación de los planes de empresa se situará en 8.500 euros anuales, lo que significa en principio que los autónomos, funcionarios y trabajadores que se adhieran a uno de estos nuevos fondos de empleo podrán también desgravarse ese importe anual.
Sin ventaja extra para la empresa... y rechazo sindical
Fuentes del sector consultadas por este diario critican que este Anteproyecto "no ofrece ninguna ventaja adicional para la empresa, aunque es cierto que puede ser útil para los autónomos. Hay multitud de aspectos que tendrán que matizar aún en el diálogo social. De hecho, casi todo se deja en manos de la negociación colectiva".
De hecho, una de las patas de la Mesa Social de las Pensiones, como son los sindicatos UGT y CCOO, se han apresurado a comunicar su rechazo al anteproyecto que les ha presentado el ministro, ya que consideran que “no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos”.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que este fondo público-privado "ni siquiera va a ser objeto de negociación en el proceso abierto en estos momentos, porque nos parece que esto es una cuestión que nada tiene que ver con el Pacto de Toledo". Para el dirigente ugetista, en todo caso, "si el ministro tiene una propuesta, que la haga, la discutiremos, pero no en el marco de la renovación del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones".
Nueva figura: los planes de empleo simplificados
"Es una magnífica idea que podamos tener vehículos previsionales al alcance de los autónomos, de las micro empresas y pequeñas empresas", asegura José Antonio Herce, experto en pensiones y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions), a quien éste es el anuncio implícito más importante del texto que se ha filtrado a los medios de comunicación.
"Aunque todavía tendrá que discutirse y aprobarse en el Diálogo Social, y no existe referencia al tratamiento fiscal de los autónomos, de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, sin duda es una "buena noticia la creación de los planes de empleo simplificados, a los que se podrían acogerse los autónomos, si estos planes pueden ser promovidos por las asociaciones de autónomos, mutualidades, colegios profesionales y cualquier entidad legalmente habilitada para promover planes de pensiones".
Herce entiende que "hay que dar por descontado que estos planes simplificados tendrán la misma fiscalidad que los planes de empleo convencionales, hasta 8.500 euros deducibles, si prospera el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Y 10.000 euros si además se realizan aportaciones a un plan individual".
El Gobierno quiere asegurarse el control
Si se aprueba tal y como está redactado el Anteproyecto de Ley de fondos de empleo, el Gobierno creará una comisión de control especial, formada por 17 miembros, para todos los fondos de pensiones de promoción pública. Tendría nueve representantes elegidos por el ministerio, cuatro por los sindicatos y cuatro por la patronal, con lo cual, el Ejecutivo se asegura el control, en caso de empates. El mandato de este organismo sería de seis años, y existe la obligatoriedad de que al menos el 40% de sus miembros deberán ser mujeres.
Se trata de una comisión que recibirá retribución, textualmente, el anteproyecto dice que dicha remuneración “se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función [...] de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido”.
Desatascar los planes de empleo
El propósito del Gobierno es activar los planes de pensiones de empleo, según ha declarado el ministro Escrivá en múltiples ocasiones. Este instrumento de previsión complementaria colectiva lleva años atascado en cuanto a volumen de ahorro y a cifra de partícipes, con un patrimonio de 35.681 millones de euros a finales de 2020 y en torno a dos millones de partícipes.
La pérdida de interés de los españoles por los planes de empresa es notoria, y su peso como fórmula de previsión complementaria no para de disminuir desde los años 90; entonces representaban el 50% de la previsión social, y en estos momentos suponen el 25%.
Otra de las razones del ministro para fomentar los planes de pensiones de empleo, en detrimento de los planes individuales, tiene relación con el informe de la AIREF y su constatación de que los incentivos fiscales de los planes individuales son de carácter regresivo, benefician más a los partícipes más ricos, y no sirven como instrumento de ahorro a medio y largo plazo.
Nuevo golpe de gracia a los planes individuales
Con la creación del nuevo sistema de planes de empleo de promoción pública, el Gobierno asestará el enésimo golpe de gracia a los planes individuales, ya que las condiciones de los primeros son mucho más atractivas, en cuanto a comisiones y ventajas fiscales, que las que ofrecen ahora los planes privados. Durante 2021, los particulares que tengan un plan individual solo pueden deducirse un máximo de 2.000 euros, y ya en 2022, el importe deducible se reduce a los 1.500 euros anuales. Ello, frente a los hasta 8.500 euros de deducción posible para quienes tengan plan de empresa.
Además, la comisión máxima del 0,5% para los nuevos planes de empresa propiciará, previsiblemente, que se adhieran a él los autónomos, que hasta ahora utilizan masivamente los planes privados de bancos y aseguradoras para complementar su pensión.
Fuentes del sector asegurador y de la previsión social complementaria han cifrado en más de 8,5 millones de partícipes (entre planes de pensiones individuales y PPA) los afectados por la pérdida de ventajas fiscales de los planes privados de pensiones.
