Los planes de empleo nacen cojos: faltan incentivos fiscales para empresas y autónomos

El Gobierno aprueba la ley para impulsar los planes de pensiones de empleo sin los agentes sociales

Empresas y sindicatos denuncian las prisas de Escrivá para aprobar el fondo de pensiones público

Las aportaciones a planes de pensiones individuales se hunden un 40% por el 'hachazo' del Gobierno

El Consejo de Ministros ha dado vía libre a una de las medidas estrella del titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al aprobar el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, cuyo objetivo es que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empresa.

El proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, en el curso de la cual puede sufrir modificaciones, pero tal y como se ha presentado este martes, implica el nacimiento de dos nuevos instrumentos:

-Fondos de pensiones de empleo de impulso público, bajo el control del Gobierno pero con unas entidades gestoras y depositarias privadas que serán seleccionadas mediante concurso público. El aliciente serán las comisiones bajas, en torno al 0,3%, aunque este porcentaje no figura de manera expresa en el texto aprobado.

-Planes de pensiones de empleo simplificados, dirigidos a pymes, entidades locales, empresas públicas y autónomos, cuya creación depende de la negociación colectiva y donde el convenio del sector es clave, ya que bastará con que la pyme o autónomo se adscriba al plan simplificado del sector que le corresponda.

Sin embargo, empresas, autónomos, sindicatos, industria de seguros y de inversión colectiva y numerosos expertos coinciden en que la nueva Ley, si bien supone un paso adelante para impulsar la previsión complementaria colectiva, estancada en España, es una Ley que nace coja, ya que no cuenta con el respaldo de los agentes sociales, que son precisamente quienes deben crear los planes en las empresas a través de la negociación colectiva. A este respecto, el sindicato CCOO ve el proyecto como “una iniciativa de dudosa relevancia”. En palabras de su secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, “realmente aborda un problema inexistente, porque la cuestión central para que haya sistemas complementarios de pensiones en las empresas es que éstas acepten aportar a los mismos, cosa que este Proyecto de Ley no garantiza".

Otras de las críticas del proyecto de Ley argumentan que el Gobierno legisla en favor de los planes colectivos, dando un hachazo a los planes individuales, cuando ambos sistemas son compatibles. Asimismo, ponen de relieve los incentivos fiscales insuficientes tanto para los asalariados (reducción de la base en el IRPF de un máximo de 10.000 euros anuales, juntando plan de empleo e individual) como para los autónomos (tope de 5.750 euros deducibles al año) y las empresas, cuyo incentivo será el de no cotizar a la Seguridad Social por las contribuciones que hagan, pero con el límite de 115 euros al mes por empleado (o 1.380 euros al año).

Otro de los inconvenientes es que se pretende que el dinero que la persona tenga ahorrado en su plan de empleo se cobre en forma de renta mensual, dejando el pago único solo para en circunstancias excepcionales, que el Ministerio aún tiene que legislar.

Hemos aprobado el Proyecto de Ley de impulso de los planes colectivos de empleo, siguiendo la recomendación 16 del Pacto de Toledo. Nuestro objetivo es ampliar la cobertura de estos planes a trabajadores de rentas medias y bajas, autónomos y otros colectivos hasta ahora excluidos pic.twitter.com/UxsGTzccvt

— José Luis Escrivá (@joseluisescriva) February 22, 2022

Se consuma así la apuesta del Gobierno por los planes de empleo, en detrimento de los individuales, cuyo atractivo fiscal se ha visto fuertemente reducido: desde los 8.000 euros anuales que se podían reducir en el IRPF en 2020 se pasó a 2.000 euros en 2021, y este año tan solo 1.500 euros.

Guirigay de las deducciones por tramos

Los nuevos planes de pensiones de empleo tendrán "importantes incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Su aportación máxima se define por tramos y reduce en su base imponible a tipo marginal del IRPF (un 30% para el trabajador medio), con lo que se favorece a las rentas medias y altas", subraya el Ministerio de Seguridad Social.

No obstante, el hecho de que la aportación máxima se establezca por tramos introduce una complejidad innecesaria, al decir de algunos expertos. Y, en la práctica, resultará casi imposible que un asalariado pueda lograr la deducción máxima de 10.000 euros anuales (combinando plan de empleo e individual), al estar su propia aportación limitada por la que efectúe su empresa (ver gráfico superior).

Tal y como detalla José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y previsión social y socio fundador de LoRIS, "tanto los fondos públicos de empleo como los planes de empleo simplificados son una novedad que debe ser bienvenida porque la previsión social complementaria en España está estancada. En cuanto al aspecto fiscal, los asalariados se pueden deducir hasta 8.500 euros y además podrían deducir otros 1.500 en planes individuales, hasta completar un tope de 10.000 euros, pero el tema de los asalariados tiene un truco, y es que estos no pueden aportar más de dos o dos veces y medio más que lo que aporten sus empleadores hasta un límite, y la realidad es que es muy difícil que los empleadores aporten mucho más de 500 o 1.000 euros al año".

En cambio, los autónomos que suscriban los nuevos planes simplificados, que no dependen de la poca o mucha generosidad de una empresa y por tanto, podrían ahorrar el máximo establecido por la Ley, tan solo podrán deducir un máximo de 5.750 euros al año entre el plan de empleo y el individual.

"No veo por qué hay que reducir esa aportación en el caso de los autónomos, me parece totalmente injustificable, es arbitraria y atenta contra el sentido común y a la razón. Me parece además que es un planteamiento fiscal muy complejo, lo sencillo hubiera sido decir que todo el mundo se pueda deducir el máximo, independientemente de lo que aporten los empleadores, sin depender de si eres autónomo o asalariado", recalca Herce.

En el mismo sentido, Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, considera que el éxito de estos nuevos instrumentos "va a depender de que la empresa tenga un verdadero incentivo para hacer aportaciones y aún no está claro si será así". En cuanto al guirigay de las deducciones por tramo, y sobre la posibilidad real de que los trabajadores logren la deducción máxima permitida de 10.000 euros anuales combinando aportaciones al plan de empresa e individual, reconoce que "teóricamente sí, pero en la práctica... muy difícil".

A su vez, el economista y profesor asociado de la UIB Pau Montserrat (@pmonserrat), no ve el sentido de limitar las aportaciones del trabajador en función de las de su empresa. "Lo normal sería que, independientemente de la generosidad o racanería de la empresa, el trabajador tenga la opción de deducirse el máximo anual permitido, en este caso, 10.000 euros entre plan de empresa e individual. Con el proyecto de Ley del Gobierno, en cambio, se penaliza el ahorro de quienes trabajen en compañías más rácanas, ya que si una empresa aporta menos de 500 euros anuales, el trabajador solo podrá ingresar 1.250 euros (un máximo de 2,5 veces), lo que unido a 1.500 euros del plan individual, resulta en 3.250 euros de tope a reducir de la base en su declaración del IRPF".

Para Monserrat, "el Gobierno debería potenciar tanto los planes de empresa como los individuales, porque además, si todo depende de los convenios colectivos, pueden funcionar donde los sindicatos tengan mayor capacidad de presión, es decir, sector público y grandes empresas, pero no en las pymes. Y si los planes por sí mismos son buen instrumento de ahorro, ¿qué más le da al Gobierno que el dinero esté en planes individuales o de empresa?"

Empresas: menos incentivos que en 2013

El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros reinstaura la medida existente hasta 2013 (las empresas gozaban de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social por sus aportaciones al fondo), pero con un límite de 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales.

Sin embargo, fuentes empresariales señalan que en este proyecto de Ley "faltan incentivos y sobran las prisas, ya que en estos fondos de pensiones el Estado no aporta dinero, sino que los recursos los ponen el trabajador y las empresas", y consideran que incluso puede suponer "una limitación de la libertad de empresa y de la competencia".

Por su parte, la patronal del seguro Unespa es muy crítica respecto a los incentivos en materia de cotizaciones sociales para promover la implantación de los esquemas de ahorro colectivos. "Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor", explica.

La industria aseguradora considera que estas deducciones "resultarán insuficientes" para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales, al tiempo que señala que estos incentivos son "significativamente inferiores" a los que se aplicaron en el pasado. "Si con aquellos incentivos la previsión social empresarial no se desarrolló más allá de algunas grandes empresas, lo previsible ahora es que la situación siga sin cambiar", añade Unespa.

Falta recuperar la deducción en Sociedades

Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la organización de consultores de pensiones OCOPEN, valora de manera positiva que se haya recuperado, aunque sea parcialmente y con un límite todavía discreto (1.380 euros por trabajador y año), la no cotización a la Seguridad Social de las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, así como el aumento del límite de aportación y deducción para los autónomos hasta 5.750 euros. "A pesar de estos avances, se echa en falta un incentivo adicional para las empresas en el Impuesto de Sociedades tal como existió hasta el año 2012, aunque todavía hay esperanzas de que se puedan introducir cambios en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y finalicen los trabajos de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario".

"Habrá que esperar a la tramitación parlamentaria y especialmente al futuro desarrollo reglamentario para despejar algunas incógnitas que quedan pendientes, pero creo que se ha dado un primer paso esperanzador para el desarrollo de la previsión social empresarial", señala Jiménez.

ATA: "Ni 100.000 autónomos se van a adherir"

Para la organización mayoritaria de autónomos, ATA (@autonomosata), los planes de empleo de promoción pública así como los planes simplificados para autónomos "nacen prácticamente muertos, ya que no tienen el respaldo de los agentes sociales ni de las organizaciones de autónomos que deberían promoverlos; no existen incentivos fiscales suficientes y, en el caso de los autónomos, existe una clara discriminación entre los autónomos respecto a los asalariados ya que las deducciones fiscales son inferiores que las de los asalariados y además no tendremos las bonificaciones de la cuota empresarial que sí tienen las empresas por hacer que sus trabajadores se adhieran a planes de pensiones", explica Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.

Las críticas de la organización se basan también en la gobernanza de los nuevos fondos de empleo públicos. "Si el dinero que se aporta es de las empresas, trabajadores y autónomos, no tiene sentido que sean funcionarios de los ministerios quienes decidan qué se hace y dónde se invierte el dinero en los planes de promoción pública, y ahí la Administración se reserva derecho de veto", recalca Ferrero, quien estima que "ni siquiera 100.000 trabajadores autónomos se van a adherir a los mismos".

Comisiones máximas del 0,3% como meta

Tampoco la banca ve con entusiasmo los nuevos planes de empleo. Así, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, considera que las soluciones diseñadas desde el sector público, como la reforma que trata de impulsar los planes de empleo, en ocasiones le dan miedo porque con el tiempo acaban teniendo un aspecto distinto al que se preveía en su inicio.

En referencia a las comisiones de los planes de pensiones (los de empleo impulsados por el Gobierno prevén un límite del 0,3%), Roldán afirma que deberían bajarse por la vía de la competencia, es decir, con soluciones basadas en el mercado y en la competencia. Así lo ha señalado después de que el ministro Escrivá acusara al sector financiero de no haber impulsado con fuerza el ahorro individual de los planes. "Los incentivos son muy importantes. Sin incentivos va a ser muy difícil que cale el ahorro a largo plazo", recalca el presidente de la patronal bancaria.