Este martes, día 22 de febrero, el Consejo de Ministros volverá a poner sobre la mesa el anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El objetivo del Gobierno es tener aprobado esta norma antes del 30 de junio de este 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.
El Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto en primera lectura el pasado mes de noviembre, concretamente el día 23. Pese a que este anteproyecto de ley vuelve ahora, incorporando “observaciones que han mejorado mucho la norma”, sigue sin contar con el visto bueno de los agentes sociales.
El impulso del Gobierno a los planes de pensiones de empleo en las empresas incluirá también a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas. A pesar de no contar con el respaldo de los agentes sociales, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene la "la sensación de que hay bastante acuerdo" sobre este anteproyecto, que pretende convertirse en una "norma muy positiva" que ofrezca "fórmulas de ahorro a largo plazo mucho más atractivas". "Mi sensación es que ha calado, más allá de que haya cuestiones concretas en las que a algunos les hubiera gustado ir más allá", ha dicho Escrivá.
Que el objetivo de fomentar la previsión complementaria a través de la negociación colectiva es una idea bien acogida por los agentes sociales. Sin embargo, los empresarios reclaman que el anteproyecto incluya más incentivos fiscales para que a las empresas les resulte atractivo ofrecer a planes de empleo a sus empleados.
Ahora mismo, el borrador ofrece como incentivo la posibilidad de reducir de la base de cotización de la Seguridad Social una parte de las aportaciones empresariales a planes de empleo de sus trabajadores. Esto, en la práctica, supondría un ahorro de 300 euros al año por trabajado, que la patronal considera insuficiente. Los empresarios reclaman otras fórmulas fiscales.
El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.
La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad. Por el momento, ninguna ha expresado su interés, como aseguran las fuentes citadas.
Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es esta implicación directa por parte de la Administración Pública y de la Seguridad Social en la promoción de los fondos de empresa. Sin embargo, el nuevo borrador del Anteproyecto, podría contemplar ahora que los planes de empleo simplificados también puedan integrarse en un fondo de pensiones de empleo de promoción privada, además de la nueva figura de fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
Junto a esto, las comisiones que puedan cobrar las gestoras privadas que quieran optar a gestionar los fondos de promoción pública suponen otro escollo. El límite máximo del 0,3% establecido por el Gobierno, podría ampliarse para facilitar la negociación.
Para la gobernanza de los fondos de empleo de impulso público se creará una Comisión de Control Especial y una Comisión Promotora y de Seguimiento. La primera estará integrada por 17 miembros, de los que nueve pertenecerán a la Administración Pública y los otros ocho serán designados por las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Promotora y de Seguimiento contará con 9 funcionarios, de los que cinco procederán de la Seguridad Social, y el resto de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.
Otro de los motivos del Gobierno para potenciar los planes de empleo se basa en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, que evidenció el carácter regresivo del diseño de los planes individuales, con beneficios solo para las rentas más altas.
La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.
El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2%, frente a una 48% de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir "una década o más", en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.
El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.
Las comisiones de un plan individual, del entorno del 1%, pueden suponer un coste adicional de 0,8 puntos respecto a los de empleo, con comisiones del 0,2%. Esto supondría una pérdida por sobrecomisiones de más de 9.000 euros para una pensión de 1.000 euros durante 35 años de aporte, como apuntan las fuentes conocedoras de los cálculos del Ministerio.
