Los polémicos planes de pensiones de Escrivá siguen adelante, criticados por expertos y pensionistas

El Congreso 'salva' la ley de planes de pensiones de empleo pero exige mejoras a Escrivá

La Ley de planes de pensiones dejará sin sistema de ahorro a la mayoría de asalariados varios años

Escrivá defiende suprimir incentivos a los planes individuales: "No pueden ser tan atractivos"

Lee el comunicado íntegro de las Plataformas de Pensionistas

El tan esperado como polémico proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, impulsado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está un paso más cerca de ser realidad y continúa adelante en su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez sorteado el primer obstáculo, que era la enmienda de totalidad presentada por el BNG (y apoyada por Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís). Ahora se abre un plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos, algunas de las cuales el Gobierno puede verse obligado a aceptar para sacar adelante la ley.

Con todo, tal y como reza ahora el texto de la Ley, los nuevos planes tienen como objetivo que los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, funcionarios y rentas medias y bajas puedan acceder a estos instrumentos de ahorro para la jubilación. En la actualidad, únicamente un 10,2 %de los trabajadores cuenta con un plan de empresa. Implica el nacimiento de dos nuevos instrumentos:

-Fondos de pensiones de empleo de impulso público, bajo el control del Gobierno pero con gestoras privadas que serán seleccionadas mediante concurso público. El aliciente serán las comisiones bajas, en torno al 0,3%. 

-Planes de pensiones de empleo simplificados, dirigidos a pymes, empresas públicas y autónomos, cuya creación depende de la negociación colectiva y donde el convenio del sector es clave: bastará con que la pyme o autónomo se adscriba al plan simplificado de su sector.

No obstante, Inverco, Unespa, empresas, expertos y organizaciones de autónomos critican con dureza estos planes de empleo y aseguran que la Ley nace coja, ya que no cuenta con el respaldo de los agentes sociales y además, para su fomento, el Gobierno ha propinado un hachazo a los planes individuales, cuando ambos sistemas son compatibles. Asimismo, denuncian los incentivos fiscales insuficientes tanto para los asalariados (reducción de la base en el IRPF de un máximo de 10.000 euros anuales, juntando plan de empleo e individual) como para los autónomos (tope de 5.750 euros deducibles al año) y las empresas, cuyo incentivo será el de no cotizar a la Seguridad Social por las contribuciones que hagan, pero con el límite de 115 euros al mes por empleado (o 1.380 euros al año).

?️ @joseluisescriva: La Ley de impulso de planes de empleo responde a la recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que pedía reforzar el segundo pilar, enmarcado en la negociación colectiva y con fórmulas de apoyo a los salarios más bajos y la carreras profesionales más vulnerables pic.twitter.com/mBBBPMeRrn

— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) March 24, 2022

El rompecabezas de las deducciones por tramos

El Ministerio de Seguridad Social asegura que los nuevos planes de pensiones de empleo tendrán "importantes incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Su aportación máxima se define por tramos y reduce en su base imponible a tipo marginal del IRPF (un 30% para el trabajador medio), con lo que se favorece a las rentas medias".

No obstante, el hecho de que la aportación máxima se establezca por tramos introduce una complejidad innecesaria, al decir de algunos expertos. Y, en la práctica, resultará casi imposible que un asalariado pueda lograr la deducción máxima de 10.000 euros anuales, combinando plan de empleo e individual.

Empresas: exención de 115 euros/mes por empleado

Si se aprueba tal como está redactado, el proyecto de Ley reinstaurará la exención de cuotas de las empresas a la Seguridad Social por sus aportaciones al fondo de pensiones, pero con un límite de 115 euros mensuales por empleado o 1.380 euros anuales. Este tope es muy criticado por fuentes empresariales, que señalan que en estos fondos el Estado no aporta dinero, sino que los recursos los ponen el trabajador y las empresas.

La patronal del seguro Unespa es muy crítica respecto a los incentivos en materia de cotizaciones sociales para promover la implantación de los esquemas de ahorro colectivos. "Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de Ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor", explica.

La industria aseguradora considera que estas deducciones "resultarán insuficientes" para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales, al tiempo que señala que estos incentivos son "significativamente inferiores" a los que se aplicaron en el pasado.

En este sentido, expertos como Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la organización de consultores de pensiones OCOPEN, valora de manera positiva que se haya recuperado, aunque sea parcialmente y con un límite todavía discreto (1.380 euros por trabajador y año), la no cotización a la Seguridad Social de las contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, así como el aumento del límite de aportación y deducción para los autónomos hasta 5.750 euros. "A pesar de estos avances, se echa en falta un incentivo adicional para las empresas en el Impuesto de Sociedades tal como existió hasta el año 2012, aunque todavía hay esperanzas de que se puedan introducir cambios en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley". 

Celia Ferrero, vicepresidenta de la federación de autónomos ATA, explicaba recientemente que los planes de empleo de promoción pública así como los planes simplificados para autónomos "nacen prácticamente muertos, ya que no tienen el respaldo de los agentes sociales ni de las organizaciones de autónomos que deberían promoverlos; no existen incentivos fiscales suficientes y, en el caso de los autónomos, existe una clara discriminación respecto a los asalariados ya que las deducciones fiscales son inferiores y no tendremos las bonificaciones de la cuota empresarial que sí tienen las empresas por hacer que sus trabajadores se adhieran a planes de pensiones".

Fedea: numerosos asalariados quedan desprotegidos

La nueva Ley "podría dejar desprotegida a una parte potencialmente importante de la población, que quedaría sin acceso a instrumentos competitivos de ahorro previsional, al menos durante algunos años, mientras el sistema de empleo se extiende y se perfecciona su regulación", advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último informe, donde critica asimismo la "asimetría" de trato entre los planes individuales y de empleo", alertando de su "inequidad regulatoria y fiscal".

En su redacción actual, advierte Ángel de la Fuente, director de Fedea, el proyecto de Ley podría tener un impacto negativo, especialmente en el caso de los trabajadores asalariados, pues nada garantiza que sus empresas pasen a estar cubiertas por planes de empleo en un tiempo razonable. "Dada la importante diferencia de tratamiento fiscal entre los planes de empleo y los personales, la posible falta de acceso a los primeros de parte de la población constituiría una discriminación injustificada y preocupante", subraya. 

Expertos y partidos: faltan incentivos fiscales

Para los partidos políticos de oposición que han votado este jueves 24 de marzo a favor de continuar con el trámite parlamentario (PP, Vox y Ciudadanos), los planes de pensiones de empleo necesitan más incentivos de los previstos en el proyecto de Ley, además de denunciar el hachazo asestado a los planes individuales, cuyas aportaciones se han visto rebajadas a 1.500 euros anuales. Para estos grupos, faltan exenciones para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades, al tiempo que critican el esquema de gobernanza (al entender que otorga el control al Ejecutivo) y el riesgo de que influyan "cuestiones extraeconómicas" a la hora de decidir las inversiones del fondo

La escasez de ventajas fiscales es asimismo expuesta por Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, para quien el éxito de estos nuevos instrumentos "va a depender de que la empresa tenga un verdadero incentivo para hacer aportaciones y aún no está claro si será así". En cuanto al guirigay de las deducciones por tramo, y sobre la posibilidad real de que los trabajadores logren la deducción máxima permitida de 10.000 euros anuales combinando aportaciones al plan de empresa e individual, reconoce que "teóricamente sí, pero en la práctica... muy difícil".

Para José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y previsión social y socio fundador de LoRIS, "tanto los fondos públicos de empleo como los planes de empleo simplificados son una novedad que debe ser bienvenida porque la previsión social complementaria en España está estancada. En cuanto al aspecto fiscal, los asalariados se pueden deducir hasta 8.500 euros y además podrían deducir otros 1.500 en planes individuales, hasta completar un tope de 10.000 euros, pero el tema de los asalariados tiene un truco, y es que estos no pueden aportar más de dos o dos veces y medio más que lo que aporten sus empleadores hasta un límite, y la realidad es que es muy difícil que los empleadores aporten mucho más de 500 o 1.000 euros al año".

En cambio, los autónomos que suscriban los nuevos planes simplificados, que no dependen de la poca o mucha generosidad de una empresa y por tanto, podrían ahorrar el máximo establecido por la Ley, tan solo podrán deducir un máximo de 5.750 euros al año entre el plan de empleo y el individual.

Recursos públicos para "privatizar" el sistema

Las principales críticas de los grupos politicos opositores (BNG, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís) se basan en que abren el camino para la sustitución del sistema público por uno de capitalización bajo gestión privada, y en el hecho de que destinar esfuerzos a esta fórmula, en vez de fortalecer las pensiones públicas o aumentar salarios, se traducirá en pensiones más bajas y en reducción de los ingresos públicos.

EH-Bildu, a través de su diputado Iñaki Ruiz de Pinedo, ha puesto cifras al apoyo público a estos fondos y a los recursos que la Seguridad Social dejará de ingresar ya que, de ponerse en marcha ya mismo, las exenciones previstas supondrían 830 millones con los planes vigentes, pudiendo aumentar hasta 4.000 millones al año de lograr los objetivos previstos. "Esto es un muy mal negocio para los trabajadores", ha recalcado.

Estas son parte de las razones que esgrimen también las Plataformas de Pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado, en las que se incluye el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), que denuncian que este proyecto "empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización". Así, el grupo colaborativo La Voz de las Plataformas (@pensionazo_no), explica que es posible que, "a quienes somos ya pensionistas esta Ley nos llegue a afectar por reducir los ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones sociales y a Hacienda por desgravaciones fiscales. Pero además tenemos el convencimiento de que pondrá en peligro el futuro de las pensiones públicas".

COMUNICADO CONTRA LA LEY DE IMPULSO DE PLANES PRIVADOS DE PENSIONES DE EMPRESA.
abierto a la firma de aquellas personas o plataformas que quieran sumarse y nos lo comuniquen a través de:
videoconferencias@lavozdelasplataformas.eu@pensionazo_no@PorLaUnidadPens@LaVozenIgualdad pic.twitter.com/6r6aj8wi6l

— La Voz de las Plataformas (@pensionazo_no) March 24, 2022

En un comunicado difundido en redes sociales, estas plataformas detallan que los fondos privados de pensiones estarán impulsados con dinero público a través de las exenciones fiscales y posibles aportaciones del Estado al inicio y, continuadamente, un tanto por ciento de contribución a esos planes de empresa. En consecuencia, "habrá menos recaudación de Hacienda para financiar los servicios públicos como la sanidad. Además, las comisiones de control y seguimiento, previstas en esta Ley para la gestión y administración de los fondos privados, no garantizan buenos resultados. El ejemplo lo tenemos en la comisión de control del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. No sirvió para evitar su vaciamiento".