Por qué no nos fiamos de los planes de pensiones

Los planes privados de pensiones en España tienen, en ocasiones, unos problemas de transparencia, rentabilidad y comisiones tales que ahuyentan a los clientes.

El Tribunal Supremo provocó un pequeño terremoto jurídico a finales de enero. Entonces fue cuando, a través de una sentencia, le dio un fortísimo tirón de orejas a Ibercaja (@ibercaja) por no haber sido transparente con uno de sus planes de pensiones. Otras entidades, gestoras y aseguradoras también se tentaron la ropa, porque la ambigüedad es una de las constantes en la comercialización de productos financieros en nuestro país y esos planes pueden convertirse en una soberbia oportunidad de negocio a corto plazo. Según los datos de la OCDE, España es el segundo país de la Unión Europea que más comisiones cobra por estos productos, solo por detrás de la República Checa, y  según un sondeo de KPMG, las empresas que prevén estos planes para sus trabajadores en España pasarán del 26% en 2018 al 53% en 2020.

Lo que ocurrió, básicamente, con la sentencia del Supremo es que un matrimonio había pactado con Ibercaja un plan de pensiones que preveía una renta fija mensual durante 15 años. Como ambos miembros fallecieron antes de que terminase el periodo, los herederos se encontraron con que el banco les decía que no podían cobrar los ocho años de rentas que faltaban. ¡Pero cómo es posible si son los ahorros de nuestros padres durante toda una vida!, debieron pensar. Y los jueces determinaron que sí tenían derecho, porque la entidad no había informado a sus padres “de manera expresa y con claridad” sobre un producto que, además, había comercializado como una “renta asegurada”.

Esto no es una anécdota. Por ejemplo, fuentes de Legálitas (@Legalitas_ES) recuerdan que “algunas veces los que suscriben los planes o no saben o no les dicen cuándo deben rescatarlos”. Creen erróneamente que, para recuperar el dinero, tienen que esperar, religiosamente, hasta los 65 años cuando la realidad es que pueden hacerlo también “en casos de jubilación parcial o anticipada, de muerte, de enfermedad grave, de incapacidad permanente absoluta o de paro siempre que no se perciba la prestación contributiva y se esté dado de alta como demandante de empleo”.

Almudena Velázquez, responsable legal del Departamento de Banca de Reclamador.es (@reclamador), matiza que entender el momento en el que deben rescatarse es importante porque “en ocasiones, las entidades mezclan los conceptos de plan de jubilación y plan de pensiones y los particulares no saben distinguirlos”. Los planes de jubilación que no se rescatan en el momento de la jubilación se convierten, automáticamente, en seguros de vida.

Otro aspecto que abona el problema de transparencia de los planes de pensiones es que, como advierte Santiago Cruz, letrado de Martínez-Echevarría Abogados (@MtnezEchevarria), “a diferencia de lo que sucede en otros productos como la hipoteca inversa, aquí los reguladores no exigen a los bancos la necesidad de que los clientes reciban un asesoramiento independiente”. Tendrán que conformarse, si no buscan otra solución por su cuenta, con la información que les ofrezcan los comerciales, que están más interesados en vender el producto que en que se ajuste a sus necesidades.

Oscuridad, ambigüedad

Ese asesoramiento independiente podría ser útil para arrojar luz sobre algunas esquinas oscuras o, al menos, ambiguas. David Aragonés, portavoz de la plataforma de consumidores financieros Adicae (@ADICAE ), identifica una de ellas: la promesa, generalmente incumplida, de una rentabilidad apetitosa. Según un estudio reciente, entre 2003 y 2018, los fondos de pensiones arrojaron una rentabilidad media anual muy inferior a la del Ibex 35 o a la de los Bonos del Tesoro a 15 años. Entre los 385 fondos de pensiones con 15 años de historia, solo seis superaron la rentabilidad del Ibex 35 y 12 la de los Bonos del Tesoro a 15 años.

La utilización del atractivo de la beneficiosa fiscalidad de los planes de pensiones como gancho es otro de los aspectos que preocupan a Aragonés. Una cosa, apunta, es que se puedan deducir las aportaciones en la tributación del IRPF, y otra que no se subraye con la misma intensidad que “el capital del plan, cuando se liquida y se recupera el dinero, tributa al 21%”. Además, aclara, “los 'regalos' (desde aparatos tecnológicos a bicicletas, pasando por jamones u ollas a presión) que ofrecen las entidades por contratar estos productos, a efectos fiscales, se consideran rendimientos del capital mobiliario, de manera que el consumidor deberá pagar a Hacienda por ellos”.

Almudena Velázquez, de Reclamador.es, recuerda que “algunos planes de pensiones se comercializan como inversiones seguras que ofrecen inmensas rentabilidades, cuando lo cierto es que el dinero se destina a unos fondos de inversión donde los clientes pueden perderlo todo”. Normalmente, sigue la experta, “ni siquiera les hacen el test de idoneidad a las personas que no son clientes de las entidades, y que se acercan a la sucursal un día y terminan contratando el producto”. El test de idoneidad, que la ley exige, sirve para determinar, entre otros, el perfil de riesgo de un individuo y si entiende los conceptos básicos y la operativa de los productos financieros. “Cuando los jueces ven que nos les han hecho ni el test de idoneidad, entonces ya no se creen que les hayan informado correctamente”, aclara la abogada.

La formación financiera de los españoles, en general, se puede considerar deficiente. Según la última Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, alrededor del 40% de la población no sabe definir un concepto tan básico como la inflación. En el caso de los mayores de 65 años, casi el 60% no acierta a exponer en qué consiste la diversificación del riesgo. En este mismo sondeo, si se utiliza como referencia la media de todas las edades en los países de la Unión Europea, más del 60% de los encuestados explicaron correctamente tanto la inflación como la diversificación del riesgo.

Por eso, parecería lógico que la ley exigiera a las entidades que no se conformasen ni siquiera con el test de idoneidad. Según Almudena Velázquez, “convendría que hicieran lo que no hacen casi nunca: realizar un test de conveniencia en el que se analice si un producto en concreto va en contra de los intereses de un cliente”. Si es así, añade, “el banco le da un papel en el que le dice que no le conviene y el cliente es libre de contratarlo bajo su responsabilidad”.

Los motivos por los que el producto puede ser contrario a sus intereses son muy diversos e incluyen desde la posibilidad de que sea demasiado arriesgado para su perfil de inversor, hasta que el cliente sea demasiado mayor para contratarlo. Las entidades, según Legálitas, no son siempre claras cuando se encuentran con un cliente que, por su proximidad a la edad de jubilación, “no tiene ningún sentido que contrate un plan de pensiones”.

Desde comienzos de 2018 hasta el cierre del primer trimestre de 2019, este tipo de instrumentos registró salidas netas de fondos en España por un importe de 499 millones de euros. Un estudio de Vidacaixa muestra que en nuestro país los planes de pensiones o similares representan solo un 15,9% del ahorro, mientras que en Europa esa cifra asciende hasta 33%. Quizás haya llegado el momento de valorar que la falta de suficiente transparencia en la comercialización de estos planes, sus elevadas comisiones, la mediocre rentabilidad y la mala experiencia de algunos de los que los contrataron y sus herederos son algunos de los motivos principales por los que los españoles no los utilizan.