¿Se retrasarán hasta 2024 los nuevos planes de pensiones de empleo, por el adelanto electoral?

¿Afecta la convocatoria de elecciones a todo lo aprobado en materia de pensiones?

Planes de pensiones a la deriva: sufren rentabilidad negativa o menor al IPC y aportaciones hundidas

Unespa denuncia el 'hachazo' al plan de pensiones individual, que limita el ahorro a 125€/mes

La sorprendente noticia del adelanto de las elecciones generales al 23 de julio de 2023, con la necesaria disolución de las Cortes y el Gobierno en situación de interinidad, obliga a paralizar la tramitación de más de 60 leyes, debido a que tan solo queda en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno, que ya no se reunirá hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mitad de agosto.

Esta semiparálisis de la vida pública no debería impedir el avance de medidas ya aprobadas, pero la realidad es que complica y ralentiza trámites pendientes, según alertan algunos expertos, entre ellos, pueden verse aún más retrasados los planes de pensiones de empleo de promoción pública. Hay que recordar que desde el 1 de enero está vigente la nueva regulación de planes de empleo, diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero falta por desarrollar la arquitectura de su contratación efectiva.

Antes de producirse el adelanto electoral, fuentes del Ministerio aseguraron a 65YMÁS que la previsión es que "la arquitectura clave para la entrada en funcionamiento de los fondos de pensiones de promoción pública esté lista para el verano, con lo que se completará el despliegue de las principales novedades previstas en la ley 12/2022". Sin embargo, una gran mayoría de expertos avisa de que no estarán disponibles hasta finales de año, y alertan de que el adelanto de los comicios al 23 de julio puede llegar a paralizarlos, no solo por los trámites pendientes, sino por el color político del Gobierno que salga de las urnas.

Influirá el "color político del nuevo Gobierno"

Entre los trámites pendientes, falta una parte importante del desarrollo reglamentario de la Ley 12/2022, especialmente en materia de los planes de pensiones de empleo simplificados, cuyo desarrollo va a ser realizado a través del actual borrador de Reglamento que modificará el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto 304/2004), y que está en fase muy avanzada, tras pasar por consulta pública, pendiente del dictamen del Consejo de Estado y del visto bueno de la Mesa de Diálogo Social, previas a la aprobación final del Consejo de Ministros.

Como norma reglamentaria, "no necesita pasar por las Cortes Generales, al no tener carácter de ley, sino de reglamento, por lo que su procedimiento de aprobación no debería verse necesariamente afectado a nivel teórico. Por lo tanto, probablemente, no decaerá la aprobación del mismo prevista para el 18 de julio. No obstante, el carácter interino que tendrá el Consejo de Ministros hasta el 23 de julio pudiera producir que la aprobación de este Real Decreto se posponga, aunque sea poco probable", explica Fernando Martínez-Cue, socio fundador de Martinez-Cue & Asociados.

A juicio de este experto, "sí es previsible una parada en el trabajo de promoción de los fondos de promoción pública abiertos (FPEPP) y sus elementos anexos, como la plataforma digital común, ya que son una apuesta casi personal del ministro Escrivá, y de su equipo, y va muy ligado a la visión que tiene el actual Gobierno de la previsión social complementaria. No obstante, todo este universo relativo a los fondos de empleo de promoción pública iba con significativos retrasos respecto a lo inicialmente previsto".

Y avisa: "Será más relevante, para su devenir futuro, el hecho de si habrá o no cambios de color político en el Parlamento, que determinará qué protagonismo o no (y qué enfoque) le quiere dar el nuevo Gobierno a los Fondos de Promoción Pública".

Aun sin 23J, los expertos ya alertaban de retrasos

Antes de conocerse la dificultad añadida del adelanto electoral, la mayoría de expertos en previsión social complementaria ya alertaban de que el funcionamiento efectivo de los planes de promoción pública se retrasaría hasta finales de 2023.

Varios especialistas consultados por 65YMÁS recuerdan que existen tres hitos para poner en marcha el nuevo sistema de fondos de empleo de promoción pública. El primero, la modificación normativa del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que cierre los temas pendientes que afectan a los nuevos fondos de pensiones de promoción pública y a los planes de pensiones simplificados, especialmente los sectoriales.

Tal como advertía recientemente Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de OCOPEN (@OCOPEN_) y director general en Cpps Asesores, existen otros dos hitos necesarios para que los nuevos fondos de pensiones de promoción pública arranquen. "Es imprescindible realizar un concurso público de elección de entidades gestoras y depositarias. Aunque la fecha de referencia que el Gobierno baraja es el mes de junio, en OCOPEN tenemos dudas de que se cumpla, porque los trámites aplicables son los de contratación pública e intervienen plazos y procedimientos poco ágiles e impredecibles, porque además van a intervenir varios ministerios (la comisión promotora y de seguimiento está integrada por representantes de varios ministerios)".

Con todo, el mayor retraso va a proceder, seguramente, del tercer hito, la plataforma digital, que "es un tema técnico muy complejo y creo que es el que realmente puede retrasarse respecto de junio e irse más allá del verano. Nos consta que se están haciendo pruebas, pero dudo de que vaya con rapidez", asegura Mariano Jiménez.

"Sin plataforma digital, es papel mojado" 

Luis García Langa (@luisgarcialanga), presidente de Sidiclear SICAV, Aula Finanzas y Corredor de Fondos, da por seguro que el superfondo se retrasará más allá del verano, incluso sugiere que podría no ver la luz hasta 2024. "Existe mucha burocracia, hay que producir reglamentos, distintos perfiles, la plataforma tampoco es fácil, hay que pensar que es un fondo de pensiones en el que se pueden hacer traspasos desde fondos privados anteriores, etc.".

En ese sentido, García Langa argumenta que "la Administración pública nunca ha sido muy ducha en agilizar los procesos. De hecho, cuando se aprobó en nuevo fondo, el Gobierno decía que estaría listo en verano, pero el sector daba por hecho su retraso a los meses finales de 2023, y ahora, con unas elecciones generales por en medio, ¡quién sabe si incluso se llevará a término este año!", pone en duda este experto.

Por su parte, Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, avisaba recientemente en 65YMÁS que "cuando una norma recoge la necesidad de crear una plataforma digital, y no tiene como misión la recaudación, la Ley es papel mojado hasta que se crea y se testea la aplicación digital. Eso mismo pasa ya con la nueva Ley Concursal, que se legisla como si los medios telemáticos de la Justicia fueran los de la Agencia Tributaria, y en realidad son los del garaje donde se originó Microsoft".

Para este experto, una norma de tanto calado como la que debe pilotar los nuevos fondos de pensiones de empleo, que exige una plataforma digital compleja, está abocada a retrasos y problemas de puesta en marcha per se. Por ese motivo, Monserrat tiene serias dudas sobre el éxito de los nuevos planes de empleo de promoción pública: "El fondo de pensiones de empleo que ha ideado el ministro Escrivá no es una demanda del sector de previsión complementaria, tampoco lo demandan las grandes empresas, y mucho menos los autónomos, y está demostrado que una iniciativa que parte del sector público, salvo que se le dedique mucho esfuerzo, dinero y trabajo de concienciación, acabará teniendo una repercusión muy limitada en el ahorro a largo plazo en España". 

UNESPA e INVERCO lamentan la oportunidad perdida... 

Las dudas sobre la efectividad de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública eran generalizadas en el sector mucho antes de conocerse la convocatoria de elecciones generales.

Así, la patronal de la industria del seguro, UNESPA (@UNESPA), ha lamentado en varias ocasiones la oportunidad perdida para la promoción del ahorro para la jubilación, detallando que "la reducción de los límites de aportaciones a planes individuales operada en 2021 y 2022 ha supuesto una disminución de 4.380 millones en el ahorro para la jubilación de los españoles, sin que haya habido ningún incremento, de momento, del ahorro en el ámbito de la previsión social empresarial. La Ley 12/2022, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, podría haber constituido una oportunidad excelente para tratar de lograr el necesario desarrollo de la previsión social complementaria en España. Sin embargo, no ha sido así".

Desde UNESPA, presidida por Mirenchu del Valle, se critica que los incentivos para impulsar la previsión social empresarial (segundo pilar) "son claramente insuficientes y, además, la reforma se ha realizado en detrimento de los sistemas de previsión social individuales (tercer pilar), lo que carece de sentido, dado que ambos pilares son totalmente necesarios y complementarios entre sí".

Por su parte, el presidente de INVERCO, Ángel Martínez-Aldama, pronosticaba recientemente que "la puesta en marcha de los nuevos planes de pensiones de empleo podría alargarse hasta finales de año", detallando que, para que sean realmente operativos, "se necesita un marco reglamentario que desarrolle la ley de impulso de los Planes de empleo, en vigor desde julio del año pasado. En este sentido, esperamos que antes de verano pueda ver la luz el nuevo Reglamento que defina con claridad las características y el funcionamiento de los nuevos planes. A partir de aquí, el desarrollo de la nueva Plataforma Digital Común será clave para la operatividad de los nuevos planes y la transmisión de información entre todos los intervinientes".

Adicionalmente, "es necesaria la publicación de los pliegos de contratación para la licitación y adjudicación de los planes, que, como establece la Ley de contratos del sector público, podría demorar entre 4 y 8 meses las adjudicaciones", explica Martínez-Aldama, a quien no le extrañaría que se retrasase hasta 2024 el pleno funcionamiento de los nuevos fondos.

... y los planes individuales tiritan por el 'hachazo' fiscal 

En medio de esta parálisis de los fondos de empleo, la realidad es que los planes de pensiones individuales están sufriendo, tanto en aportaciones como en rentabilidad, tras el hachazo fiscal propinado por el Gobierno, que ha ido reduciendo el máximo de dinero que se puede ahorrar al año, desde los 8.500 euros, a los 2.000 euros en 2021, y los 1.500 euros vigentes desde 2022.

Para la patronal INVERCO, es de temer que 2023 será otro año perdido. "El mayor problema es el desfase entre la operatividad de los nuevos planes de empleo y la reducción de los límites de aportación a planes individuales. Lo lógico hubiera sido empezar a trasladar los beneficios fiscales desde los planes individuales a los de empleo, una vez estuvieran disponibles los nuevos planes de pensiones. Al no haberse hecho así, el perjuicio para el ahorro a largo plazo ha sido notable: en solo dos años, los españoles han dejado de ahorrar para su jubilación 4.400 millones de euros", alertaba recientemente Martínez-Aldama.