El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 inicia este martes en el Congreso de los Diputados su fase decisiva con el debate y votación de las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios, primero en comisión y, a la semana siguiente, ante el Pleno de la Cámara.
En los próximos días, PSOE y Unidas Podemos deberán asegurarse los votos necesarios para evitar sorpresas en el Pleno, pues perder ahí la votación de una sección implicaría el derribo de todo el proyecto de Presupuestos y la devolución de las cuentas al Gobierno.
Hace un año, el Gobierno contó para las primeras votaciones de las cuentas con el apoyo del PNV y EH Bildu, mientras que ERC, Junts y Coalición Canaria (CC) se abstuvieron. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.
En la Comisión de Presupuestos, los grupos que respaldan al Ejecutivo cuentan con 17 de los 37 votos, con lo que solo necesitan dos apoyos para contar con una mayoría absoluta con la que garantizar que el proyecto llega al Pleno del Congreso sin sobresaltos.
Primera criba: los letrados vetan medio centenar de enmiendas
En su reunión del pasado martes, la Mesa de la Comisión ya acordó excluir de la tramitación un bloque de 50 enmiendas que los letrados de la Cámara señalaban por no guardar relación con las cuentas públicas ni la política económica del Gobierno, así como otras que afectan a cuestiones que deben ser reguladas en una ley orgánica.
Entre estas se incluyen tres de las cuatro enmiendas parciales que Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron con el objetivo de regular el precio de los alquileres y prohibir los desahucios.
En la Comisión de Presupuestos, los grupos tendrán que debatir y votar las enmiendas parciales presentadas por los grupos a las cuentas públicas. Eso sí, de las 5.461 registradas está por ver cuántas acaban votándose finalmente.
Y es que el Gobierno ya remitió hace unos días un primer listado para vetar 984 enmiendas por suponer un aumento de gasto o minoración de ingresos en las nuevas cuentas públicas. En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o por menos ingresos.
En esta primera criba los grupos más afectados por los vetos son el PP, con 253 enmiendas vetadas, PDeCAT (138), Ciudadanos (122), Esquerra Republicana (112) y Más País (85). Sobre si acepta este veto o no del Gobierno deberá pronunciarse la Mesa de la Comisión de Presupuestos, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, que se reúne minutos antes de iniciar el debate presupuestario.
De Unidas Podemos se vetaron tres firmadas solo por el grupo confederal y otra que compartía con ERC y Bildu y que era la única enmienda que quedaba viva del paquete en materia de vivienda registrado por estas tres formaciones. En este caso, planteaba incentivos fiscales para los arrendatarios que actúen con "responsabilidad social".
Malestar de PP y Ciudadanos ante el veto masivo
El veto masivo de enmiendas sentó malestar entre varios grupos parlamentarios. De este modo, el PP confirmó que recurriría en amparo a la Mesa del Congreso por los más de 250 vetos del Ejecutivo. Desde el PP consideran que el Gobierno "abusa" de la facultad de veto, una situación "absolutamente irregular".
A juicio del Grupo Popular, los vetos del Gobierno no atendían tanto a criterios económicos, como sí a "motivos ideológicos" y a su "debilidad" parlamentaria, que provoca el "miedo a perder determinadas votaciones".
Por su parte, Ciudadanos ha lamentado "profundamente" los vetos, puesto que estas propuestas hubieran resultado "muy beneficiosas para los españoles".
A juicio de la formación liberal, PSOE y Podemos han pasado "el rodillo" sobre sus propuestas para mejorar unas cuentas que "son irresponsables y peligrosas, además de carentes de toda ambición". Desde Ciudadanos también han subrayado que los vetos "hurtan" al Parlamento la posibilidad de debatir estas medidas.
Informe crítico de los letrados
Al margen de las enmiendas parciales retiradas del orden del día del debate de los presupuestos, los letrados del Congreso remitieron el jueves un escrito a la Comisión de Presupuestos en el que advirtieron de que algunos preceptos de la Ley de Presupuestos Generales de 2023, concretamente cinco disposiciones, "podrían entrar en contradicción" con la doctrina constitucional, al entender que el proyecto se extralimita en competencias que no deberían incluirse en materia presupuestaria.
Algunos de los preceptos a los que se refiere el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se refieren a modificaciones en la Ley General de Subvenciones, en materia de defensa y seguridad o en la Ley de Contratos del Sector Público, entre otros.
Los letrados también se refirieron a la entrada en vigor de la ley de presupuestos, a tenor de la polémica surgida en 2022 sobre su aplicación. Así, el informe sometió a consideración la posibilidad de incluir en el proyecto de ley una disposición adicional nueva sobre la entrada en vigor del texto, similar a la que figuraba en la Ley de Presupuestos de 2021.
