Son muchas las personas que, al desarrollar cierto grado de dependencia, se hacen las siguientes preguntas: ¿puedo hacer frente al pago de una residencia? o ¿qué pasará con mi pensión si ingreso en uno de estos centros? La respuesta a ambos interrogantes es: depende, en concreto, del tipo de centro, del grado de dependencia y de la titularidad de la residencia.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, seguramente, haga falta más que una simple pensión para poder afrontar el pago de una residencia. Y es que, actualmente, los precios, según el portal inforesidencias.com, rondan los 1.955 euros al mes de media, con IVA. Un monto, que no es sencillo abonar para la mayoría de pensionistas del país, con una pensión media nacional de unos 1.000 euros.
Por ello, si no se logra encontrar una plaza privada de bajo coste -algo que en algunas Comunidades Autónomas como Madrid o País Vasco resulta casi imposible-, será necesario recurrir a otras vías como las ayudas a la Dependencia, los ahorros personales (que pueden venir de la venta de una vivienda en propiedad), algún tipo de fórmula como la hipoteca inversa o cierto apoyo financiero por parte de familiares.
Ayuda a la Dependencia
En cuanto a las ayudas que ofrece el Estado, existen de varios tipos y no todas implican que se deba destinar la mayor parte de la pensión a pagar los costes por estos servicios.
Así, la cobertura más completa que existe es la de plaza pública. Esta ayuda está contemplada en la Ley de Dependencia y se otorga, sobre todo, para casos que tengan un grado de dependencia reconocida II o III. Es decir, dependencia severa o gran dependencia.
En estos supuestos, la cuantía a pagar se calcula valorando la capacidad económica del usuario. De esta manera, el monto del copago puede suponer una cantidad importante de la pensión o un desembolso mínimo, dependiendo de lo que se ingrese.
Por ello, si se tiene acceso a este tipo de plaza, probablemente se podrá disponer de parte de la pensión para uso personal. Concretamente, este sistema beneficia a las personas con bajos ingresos.
Por otra parte, también existen modalidades de plazas concertadas, en las que la administración retiene un porcentaje de la pensión y paga ella el coste total de la plaza a la empresa con la que se concierta. Un precio, abonado por la Comunidad, que suele rondar los 1.700 euros al mes.
Finalmente, existe la modalidad de Prestación Económica Vinculada al Servicio. Se trata de ayuda pública que se cobra de manera periódica y que va desde los 300 hasta los 600 euros, por norma general, dependiendo de la situación del usuario. Esta cantidad, que debe ser complementada con la pensión, se tiene que destinar al pago de una plaza en una residencia privada que esté acreditada por parte de la autonomía.
Sin embargo, a la hora de recurrir a todas estas ayudas hay que tener en cuenta varios factores: los plazos de adjudicación suelen ser largos, no siempre se otorgan ya que hay un déficit de plazas y, cuando se dan, no se tiene derecho a una verdadera elección de centro.
Plazas privadas
Por esta razón, cuando no se cumplan los requisitos exigidos por la administración o se esté en lista de espera, será probablemente necesario pagar un centro privado, para poder hacer uso de estos servicios.
Para estos supuestos, hay varias posibilidades si se quiere pagar una plaza privada pero se cobra una pensión no muy holgada. En concreto, si no se cuenta con ayuda de alguna entidad benéfica o de parientes cercanos ni tampoco se tienen ahorros suficientes, existe la posibilidad de recurrir a la hipoteca inversa, nuda propiedad o renta vitalicia si se tiene una vivienda en propiedad.
