La rebaja en el precio de la gasolina es "injusta y discriminatoria", según los expertos

Plan del Gobierno en respuesta a la guerra: 16.000 millones en ayudas, rebajas fiscales y créditos

Bajada de 20 céntimos en la gasolina y el diésel para todos los consumidores

Precios de infarto: llenar la cesta de la compra 'se come' hasta un tercio de la pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra en Ucrania, que incluye la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos, no solo a los transportistas; el veto a los despidos; un límite del 2% a las revisiones de los alquileres; un aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV); la extensión del bono social eléctrico para 600.000 familias (hasta llegar a 1,9 millones de hogares); y la prórroga de la rebaja impositiva en la luz y de las medidas de flexibilidad de los ERTE, entre las principales claves. Todo ello, hasta el 30 de junio.

El Gobierno aprueba en #CMin el Plan de Choque contra el Impacto de la Guerra.

▶️5 ejes de medidas para proteger a la ciudadanía y sectores más afectados, repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar la senda de crecimiento iniciada en España
#EspañaResponde⤵️ pic.twitter.com/9gP9jUHzkY

— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 29, 2022

Los expertos consultados por 65YMÁS son especialmente críticos con la bonificación del combustible para todos los conductores, por ser "injusta y discriminatoria" al suponer un trasvase de rentas desde los hogares que no consumen a los que sí lo hacen, y no propiciar en absoluto el ahorro de energía. Consideran positivas las propuestas de corte social (aumento del IMV y del bono social energético), pero insuficientes, y temen que la letra pequeña y la burocratización impidan que estas ayudas lleguen a los más vulnerables, que necesitan auxilio inmediato. 

La rebaja de combustibles tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones de euros (asume 15 céntimos de esa rebaja) y de 473,63 millones para las petroleras (tan solo asumen 5 céntimos), según los últimos cálculos realizados por los técnicos de Hacienda (Gestha) de acuerdo con las estadísticas de consumos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORE). Lo que en total supone una cifra de 1.894 millones de euros. 

"Bajar 20 céntimos/litro es regresivo y no ahorra energía"

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático en la Complutense y subdirector de Fedea, está a favor de varias medidas de este plan, "como la limitación de la revisión de los alquileres, las ayudas a los transportistas en la medida en que son concentradas en determinados colectivos, o la extensión del bono social y el aumento del IMV, también centradas en los más vulnerables". Pero no está de acuerdo en la bajada generalizada de la gasolina y el diesel.

"En primer lugar, es una medida regresiva, como transferir renta de quienes no usan el coche hacia quienes lo usan; y tampoco tiene sentido subvencionar el consumo para que la demanda siga alta. No olvidemos que hay una guerra en Europa y por eso los combustibles están disparados. No se trata de subvencionar a todo el mundo para que siga consumiendo la misma gasolina. Que la demanda caiga sería bueno, pues significaría que no estaríamos comprando petróleo a Rusia".

En el mismo sentido, Enrique Devesa (@DevesaCarpio), economista y actuario, investigador del IVIE (@Ivie_news), considera que al plan del Gobierno le faltan "medidas que fomenten el ahorro energético, porque la rebaja de 20 céntimos para todos los conductores va en sentido contrario al ahorro de energía, que en cierta forma se produciría si no se disminuyera el precio de los carburantes. Considero acertadas las medidas de carácter social: el aumento del 15% del IMV, el bono social energético (si bien no creo que afecte mucho al menor ahorro energético) e incluso me parecen bien las ayudas directas a los transportistas, pero siempre que sean limitadas en el tiempo". Respecto al hecho de que este plan tenga como fecha el 30 de junio, afirma que "es relativo y se puede seguir ampliando si la situación no mejora. Ya hemos visto lo que ha pasado con las prórrogas de los ERTE".

Para Eva Blázquez Agudo (@emblazq), profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, "la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas (cualquier tipo de crédito o exoneraciones por razón de ERTE) tiene un cierto sentido, pero el tejido empresarial español se compone de pymes y micropymes que no se sabe si van a poder soportar la crisis". Con respecto a la rebaja de 20 céntimos por litro en las gasolinas, admite que “nos viene bien al bolsillo, pero hay que tener en cuenta que los fondos públicos no son un chicle y todo esto lo vamos a tener que pagar. Llevamos una crisis sobre otra, y me preocupa que al final tengamos un déficit tan terrible que no seamos capaces de salir de esta situación en muchos años”.

"Subvención discriminatoria"

El economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) critica con dureza la bonificación, por entender que "subvencionar a todo el mundo el precio del combustible es una transferencia de renta de aquellos hogares que no utilizan el medio de transporte que consume gasolina o gasóil hacia aquellos hogares que sí lo hacen, además de distorsionar el mercado y los precios de los combustibles. No tiene sentido hacer una rebaja para todos, con independencia de cuánto se consuma o de cuál sea el precio al que se está repostando. En mi opinión, es una subvención absolutamente discriminatoria y la más injusta de todas las que se pueden plantear. La mejor de las opciones sigue siendo la rebaja de los impuestos".

Por su parte, Miguel Ángel Bernal Alonso, economista y socio de Bernal & Sanz Bujanda, hace una valoración "más bien negativa. Las medidas son polémicas, algunas de ellas un mero remiendo, y otras tan solo alargan las excepcionales que se tomaron a raíz de la pandemia. Empezando por el tema de la hipotética rebaja de la electricidad, que habrá que ver si se puede llevar a cabo. Ya se reconoce por la ministra del sector que habrá que esperar entre tres o cuatro semanas para ver su realización. Al final, esta medida la pagarán los ciudadanos, a través de impuestos o de la factura de la luz".

Polémica le parece a Bernal la línea ICO ("la dotación de 100.000 millones no hace más que maquillar a las empresas zombis o no son solventes") porque debilita, aún más, las cuentas públicas, y respecto a la facilidad de los ERTEs, critica que "supone ocultar la verdadera situación de nuestro mercado laboral". Por todo ello, teme que, "una vez más nuestro país, con el beneplácito de Europa, recurrirá al gasto público y la emisión de deuda para evitar las reformas necesarias. Estas reformas en el caso español (mercado laboral, pensiones, energía, cuenta públicas y sostenibilidad, financiación autonómica, unidad de mercado) son absolutamente necesarias y urgentes". 

"Estas medidas son parches"

A Pau Moserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, la ayuda del Ingreso Mínimo Vital le parece "mal diseñada, muy burocratizada y con tantos requisitos y restricciones que la gente que lo necesita de verdad no puede acceder a él. Y lo mismo sucede con el bono eléctrico: la letra pequeña para el acceso y la burocratización hacen que, por mucho dinero público que se destine a estas ayudas, al final se quedan en proclamas publicitarias que suenan muy bien, sin llegar a los más vulnerables".

Entre los anuncios más relevantes del plan del Gobierno en cuanto a importe, que son los que afectan a electricidad, "el problema es tan grande, que estas medidas no dejan de ser parches. Topar precios cuando estos están elevadísimos y las empresas ya han sufrido el golpe y la contención es a precios muy elevados no va a solucionar la inflación, que en algunos momentos se asemeja más a una hiperinflación", pronostica Monserrat, a quien la extensión de los ERTEs le parece positiva cuando es coyuntural, si bien alerta del peligro de "mantener con dinero público empresas zombis que en realidad deberían presentar un concurso de acreedores". En cuanto a la limitación del 2% en las subidas de los alquileres, el CEO de Futurfinances.com avisa de que puede aflorar la economía sumergida.

Alivio de costes y de precios

 Algunas de las medidas planteadas, especialmente las referidas a la energía eléctrica, como la disminución de impuestos y la excepcionalidad ibérica aunque se todavía se desconocen los detalles, "pueden aliviar el aumento de costes, su traslado a precios, viabilidad empresarial y poder adquisitivo. También parecen oportunas las medidas que afectan al mercado de trabajo y la flexibilidad interna que dieron buenos resultados en la pandemia, así como las orientadas a los colectivos más vulnerables como el aumento en la cuantía del IMV, la extensión del bono social energético o las específicas a los sectores productivos que peor lo están pasando como agricultura, pesca y transporte", valora Mariano Jiménez, presidente de la organización de consultores de pensiones OCOPEN (@OCOPEN_) y director general de CPPS Asesores.

"Creo que el criterio general debería ser focalizar las ayudas a personas y empresas más vulnerables por la situación actual, algo que no se observa en la rebaja generalizada de los carburantes, que parece una medida más discutible tal como se ha concebido. Por otro lado, no debemos olvidar que todas estas medidas, incluyendo el nuevo plan de ciberseguridad, tendrán un impacto presupuestario relevante y no sabemos por cuánto tiempo por lo que afectará al montante de la deuda pública".

ATA y CEOE se oponen a prohibir los despidos

"Nosotros queremos volver a tomar aire y para tomar aire es necesario tomar medidas, medidas contundentes", reclama Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), presidente de los autónomos de ATA, que se opone a algunas medidas que contendrá el plan nacional, como la prohibición de los despidos objetivos. Para Amor, estas medidas laborales se han hecho "sin consenso" y van "contra la libertad de empresa".

Amor insta al Ejecutivo a "dar una moratoria en la devolución de los créditos ICO o que incluso abra una nueva línea, que ayude a los sectores más castigados, como la industria, el campo, o los transportes, que se recupere la ayuda extraordinaria por cese de actividad de aquellos autónomos cuya actividad caiga un 50%, y que no se suban los impuestos".

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tilda de "peligroso" empezar a regular mercados que "deben ser libres", en referencia al veto a los despidos para empresas que reciban ayudas públicas o la limitación al 2% del aumento de las rentas de los alquileres. "Si estamos en el mundo libre, no nos parece muy adecuado este planteamiento", apunta. Sobre el tema de los alquileres, lamenta que cuando se habla de dueños de pisos, se piensa en grandes empresas, pero "normalmente es gente normal".

El presidente de CEOE critica asimismo que, "ni para esta ni para el resto de las medidas, ha habido ningún contacto entre los empresarios y el Gobierno", una cuestión que lamenta.

FACUA pide un impuesto para eléctricas y petroleras

Muy crítica es la asociación de consumidores FACUA (@facua). Considera insuficiente el paquete de medidas y lamenta "que no se anuncie un impuesto especial a las eléctricas, petroleras y el resto de grandes empresas que están aumentando sus beneficios.
 En cuanto a la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio, se trata de una cuantía muy reducida, teniendo en cuenta la brutal subida que se ha producido en los últimos meses".

Al tiempo, FACUA denuncia que "tres cuartas partes del recorte de precios sea asumido por el Estado, a través de bajadas de impuestos, y sólo 5 de esos céntimos se impongan a las petroleras. Respecto al bono social eléctrico, vemos raquítica la ampliación de los beneficiarios a solo 600.000 familias más, que sumadas a las que ya lo disfrutan seguirán sin alcanzar siquiera los dos millones"