El reto pendiente de Yolanda Díaz: hacer frente al drama de los parados de más de 45 años

De cara a la nueva legislatura, que Pedro Sánchez liderará desde un Gobierno apoyado por una amalgama de partidos, son varios los retos que afrontará Yolanda Díaz (Fene, 1971), líder de Sumar, desde su cartera de Trabajo y Economía Social, la mayoría de ellos comprometidos en el pacto entre PSOE y Sumar, como la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, reforma del despido y subida del SMI por ley.

Pero hay un reto que desde 65YMÁS consideramos esencial, que es el de hacer frente al drama del desempleo sénior.

Los trabajadores que superan los 45 años representan cerca de la mitad de los desempleados de nuestro país, según las estadísticas oficiales. Una cifra que se agrava a partir de los 55 años por los estereotipos negativos que tienen muchas empresas a la hora de contratar talento sénior y que tal, como demuestran varios estudios, hacen que en muchas ocasiones sus currículum ni si quiera se lean.

Una realidad, que como cada mes, confirman los datos del paro.  Así, en octubre, los trabajadores sénior continuaban padeciendo los rigores de un mercado laboral y de unas empresas que los relegan en favor de personas más jóvenes, según apuntan los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz.

Más en detalle, los mayores de 45 años lograron únicamente 383.947 contratos, del total de 1.396.514 formalizados ese mes en las oficinas del SEPE de toda España. Esto significa una pérdida de 36.541 empleos sénior respecto a los que consiguieron hace un año, lo que documenta la dificultad de este colectivo para ensamblarse en el mercado laboral. Si la comparación se realiza con hace dos años, es decir, octubre de 2021, la erosión es mucho mayor, -126.500 contratos (en aquel entonces, las empresas incorporaron 510.442 mayores de 45 años).

Estaremos pendientes de los pasos que desde el ministerio de Trabajo se hagan para tratar de luchar contra este drama, del que Yolanda Díaz ha demostrado públicamente ser conocedora. "El problema principal de España en términos de desempleo". "Están en lo mejor de su carrera". "Las empresas no pueden prescindir de ese talento". "Contrátenlos". Este llamamiento fue realizado en abril a las empresas por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para que contratasen a los desempleados mayores de 45 años.

Retos comprometidos en el pacto entre PSOE y Sumar

Entre ellos se encuentran la reducción, en dos fases, de la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales; una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea, reforzando las causas del mismo; y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.

De hecho, Díaz anunció hace unos días que, entre sus planes más urgentes, se encuentra el de convocar a sindicatos y empresarios "de inmediato" para negociar una nueva subida del SMI, actualmente situado en 1.080 euros al mes por catorce pagas.

Según el texto del acuerdo PSOE-Sumar, la política económica del próximo Gobierno se orientará a alcanzar el pleno empleo y a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, y en línea con el resto de economías de la UE, situando la tasa de empleo "por encima del 70%".

Tras la reforma laboral llevada a cabo en la anterior legislatura, PSOE y Sumar se proponen conseguir "una segunda oleada de derechos laborales" en los próximos cuatro años culminando un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, cuyo objetivo será establecer "una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales.

Este Estatuto, señala el documento firmado entre PSOE y Sumar, reforzará las garantías de los trabajadores en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues y se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos sólo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa.

Despidos

Asimismo, Díaz quiere establecer garantías para los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. "Ha llegado el momento de tocar el despido y lo vamos a regular de conformidad con la legislación europea", enfatizó hace unas semanas la entonces vicepresidenta segunda en funciones.

En lo que respecta a la reducción de jornada, el planteamiento de la coalición es reducir la jornada máxima legal hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025.

A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Para Díaz, ésta será la legislatura "de ganar tiempo para la vida".

En lo que respecta al SMI, el objetivo del nuevo Gobierno es que siga creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará "acompasado al 60% del salario medio".

Díaz también tendrá que afrontar la reforma del nivel asistencial por desempleo, comprometida en su pacto con el PSOE, con la idea de facilitar el acceso y la compatibilidad de los subsidios con el trabajo, dotándolo de las prestaciones "suficientes" y reforzando los incentivos al empleo.

Las partes han rubricado además su compromiso de aprobar una Ley de Usos del Tiempo, otra de impulso a la Economía Social, y el Estatuto del Becario, que quedaron pendientes en la anterior legislatura.

PSOE y Sumar han acordado además para esta legislatura impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas; desarrollar reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.

Asimismo, se comprometen a actualizar la representatividad del colectivo de autónomos "mediante un sistema basado en principios democráticos" y a impulsar una ley de participación institucional que regule la presencia de los agentes sociales en los diversos órganos de las administraciones públicas.

Pero además de los compromisos recogidos en el acuerdo PSOE-Sumar, Yolanda Díaz deberá gestionar desde su Ministerio el compromiso de Sánchez en su acuerdo con el PNV de establecer la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales, un asunto que ya estuvo sobre la mesa la pasada legislatura y que no se incorporó a la reforma laboral por falta de acuerdo entre las partes.

Yolanda Díaz

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada laboralista, Díaz procede de una familia de históricos sindicalistas y ocupó diversos cargos institucionales desde 2003, cuando logró el acta de concejala en el Ayuntamiento de Ferrol.

En 2005, tras asumir el cargo de coordinadora nacional de Esquerda Unida –la federación de IU en Galicia–, que conservó hasta 2017, fue candidata a la Xunta y repitió en 2009, quedando fuera del Parlamento en ambas ocasiones.

Díaz logró entrar en la cámara autonómica en el año 2012, aunque esta vez lo hizo con la coalición Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) que conformó junto a Anova y que lideró el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras.

Precisamente para aquella campaña Díaz fichó como asesor al todavía desconocido Pablo Iglesias, entonces su amigo y hoy enfrentados por la 'marginación' de Podemos dentro de Sumar, el espacio político que creó la gallega para las últimas elecciones generales.

Díaz dio su salto a la política nacional en 2015, cuando se presentó como candidata al Congreso por A Coruña en las elecciones generales de ese año con la coalición En Marea, que conformaron Esquerda Unida, Podemos y Anova cuando el acuerdo a nivel estatal con IU había sido imposible.

Tras conseguir escaño, se convirtió en una de las piezas clave del grupo parlamentario por la relación de máxima confianza que tenía entonces con Iglesias y por ser una de las diputadas con más experiencia en algunos temas de importante calado, como Empleo e Industria.

Así, Díaz fue una de las caras más visibles de la coalición de izquierdas en materia de pensiones, tanto en los debates parlamentarios en el Congreso como en las manifestaciones y movilizaciones fuera de él.

En enero de 2020, la política gallega fue nombrada ministra de Trabajo y Economía Social por Pedro Sánchez como parte de la cuota de Ministerios asignados a Unidos Podemos en el seno del Gobierno de coalición.

En marzo de 2021, tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, Sánchez nombró a Díaz vicepresidenta tercera del Gobierno y sólo unos meses más tarde, en julio del mismo año, ascendió hasta la Vicepresidencia Segunda, conservando siempre la cartera de Trabajo.

Negociadora "infatigable", como la han llegado a calificar sus contrapartes, Yolanda Díaz consiguió la pasada legislatura sacar adelante varias reformas con el concurso de los agentes sociales, como la 'Ley Rider' y la famosa reforma laboral de 2021, uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación español para la recepción de los fondos europeos.