El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reclamar este martes a patronal y sindicatos que lleguen a un acuerdo de rentas "en el ámbito salarial y de revisión de beneficios" y del que, a priori, el Gobierno excluye que afecte a las pensiones.
El presidente del Ejecutivo ha insistido en esta reclamación, que realizó hace semanas, antes de que la espiral inflacionista y las consecuencias de la guerra en Ucrania se dejaran sentir con todo su peso. En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el Consejo Europeo extraordinario, en Bruselas, Sánchez ha afirmado que ese pacto de rentas no tiene que significar la contención de salarios, sino también tiene que ser una revisión "en profundidad" de los beneficios por parte de empresas y de los dividendos.
"Esto se lo planteé a los agentes sociales y desgraciadamente no ha tenido sus frutos, pero es la posición del Gobierno y la mía en particular", ha recalcado. Para el presidente, este pacto "sería bueno y daría un horizonte de predictibilidad" a los actores sociales, por lo que ha animado a sindicatos y empresarios a sentarse y abordar un acuerdo en un contexto de escalada de precios.
La nueva petición de Sánchez choca con la visión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien hace unas semanas explicó que en la historia de España "no hay buenas experiencias" con los pactos de rentas. Además, defendió que tanto ella como los agentes sociales han sido "escrupulosos" diciendo que "España no estaba planteando un pacto de rentas".
Posible extensión de las medidas anticrisis
El presidente del Gobierno también ha anunciado este martes que está abierto a prorrogar más allá del 30 de junio el Real Decreto-ley por el que se adoptaron medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, a nuestra industria, a las empresas y a las familias", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras el Consejo Europeo en Bruselas.
Hay que recordar que el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo el decreto que incluye rebajas fiscales para abaratar el precio de la electricidad, una bonificación de 20 céntimos al combustible por litro o el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres. También se incorpora el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables y se extiende a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares.
Los economistas piden "realismo" en pensiones
El presidente del Consejo General de Economistas,Valentín Pich, ha reclamado este martes en Madrid la necesidad de acometer de manera realista la revalorización de las pensiones que, "de no atajarse de forma adecuada, podría disparar el gasto de una manera insostenible”. Asimismo, considera conveniente adecuar los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual, además de establecer sistemas eficientes de evaluación y control del gasto público para evitar desvíos hacia partidas superfluas. Así lo ha señalado durante una sesión organizada por el propio Consejo de Economistas y el Instituto de Estudios Económicos en Madrid.
En el mismo acto, el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, han insistido en evaluar la eficiencia del gasto público en España. Sevilla considera que el debate sobre la eficiencia del gasto debería hacerse al margen de la situación coyuntural, mientras que Fernández de Mesa estima que España podría reducir su gasto público un 14%, lo que equivale a unos 60.000 millones de euros, y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos.
Jordi Sevilla ha recordado que el nivel gasto en España está por debajo de la Unión Europea y que el precio de pagar impuestos es el precio de "vivir en civilización". Frente a esto, Íñigo Fernández de Mesa ha señalado que las subidas impositivas "no son un mecanismo adecuado de consolidación fiscal", ya que, en muchos casos, terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un mayor incremento del déficit y de la deuda.
Jordi Sevilla: "El ingreso mínimo no se desarrolla bien"
Sevilla ha criticado que la cuestión no es hacer muchas leyes, sino que se cumplan y se analice la eficiencia de su cumplimiento, poniendo como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital que, en su opinión, "es una buena ley pero que no se está desarrollando adecuadamente". En cuanto a las reformas estructurales, considera adecuadas las que ha propuesto el Banco de España en su último informe anual, pero entiende que, para llevarlas a cabo y que duren en el tiempo, deben hacerse con un amplio consenso.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).