Si las dudas sobre la continuidad de Muface eran ya más que razonablles después del plantón de las aseguradoras a la licitación plantada por el Gobierno, el Ministerio de Sanidad agita el debate e introduce más presión. Sanidad plantea acabar con el modelo de Muface ya desde enero de 2025, e ir incorporando progresivamente al millón de funcionarios que reciben ahoora mismo asistencia privada con este modelo de mutualismo a la sanidad pública. El sistema actual "no es sostenible", concluye el informe 'MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', dado a conocer por el departamento que dirige Mónica García, y elaborado tras quedar desierto el pasado mes de octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.
El Ministerio de Sanidad considera que "el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable"; y propone la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de MUFACE con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga.
Aunque admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, "habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las Comunidades Autónomas e INGESA", el informe deja claro que "el modelo MUFACE en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita".
Básicamente lo motivos para esta situación son, según señalan, que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones del Gobierno y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros. Por estos motivos propone que se garantice la continuidad asistencial, calidad y seguridad, especialmente en casos críticos como son pacientes oncológicos y en fase final de vida; y aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención.
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de MUFACE; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa". Optar por esta iniciativa significa "postergar una decisión que habrá que tomar antes o después".
En lugar de subir la oferta a las aseguradora, el informe de Sanidad propone transferir a las CCAA los fondos destinados a las compañías privadas.
Sanidad propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de MUFACE; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.
Se elaboraría un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero; y, además, se implementaría un plan de comunicación para informar a la población sobre la nueva situación.
En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que "precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público". En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
En cuanto a la financiación, los fondos destinados a las aseguradoras se transferirían a las comunidades autónomas para su inversión en los servicios autonómicos de salud, con un carácter finalista durante los primeros 3 años.
Con datos de 31 de octubre de 2024, Muface tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (ASISA, ADESLAS y DKV). Esto supone que un 32,7 por ciento de la población mutualista de Muface recibe asistencia sanitaria por medio de la prestación del Sistema Nacional de Salud, mientras que el 67,3 por ciento la recibe por parte de aseguradoras privadas.
El informe muestra que, en términos generales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de MUFACE con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública.
El impacto de esta incorporación por CCAA, por encima de esta media serían la ciudades autónomas de Ceuta (5,27%) y Melilla (5,13%), les siguen Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%), Andalucía (2,94%), Castilla - La Mancha (2,42%), Cantabria (2,28%), Galicia (2,25%), Aragón y Madrid (2,24%), Comunitat Valenciana (2,23%) y Murcia (2,14%). Y por debajo de la medida, se encuentra Asturias (1,92%) La Rioja (1,92%), Canarias (1,90%) Baleares y Cataluña (1,20%), Navarra (1%) y País Vasco (0,65%).
De todas las CCAA, Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años. Mientras, el informe destaca el caso del País Vasco que presenta un 35,65% de la población mutualista de MUFACE con sanidad privada mayor de 65 años.
Asimismo, destaca el caso de Madrid donde el impacto global sería de un incremento del 2,24% de la población ya existente bajo la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Al analizar por grupos de edad, observa que todos los grupos de edad se encuentran por debajo de la media nacional salvo el de mayores de 65 años, que representa un 4,54% de la cantidad total existente en la actualidad bajo la cobertura del Servicio Madrileño de Salud.
Es una cifra similar a Extremadura e inferior a Andalucía, Ceuta o Melilla, sin embargo, "es especialmente notable al mirar el diferencial entre lo que representa ese grupo de edad en la población mutualista de MUFACE y la de la población general dado que la Comunidad de Madrid tiene una población relativamente poco envejecida (36,77% en población mutualista de MUFACE vs 18,18% en población general cubierta por la sanidad pública madrileña)".
En términos de distribución porcentual por franjas de edad, los mayores de 65 años suponen el 31,9%; el grupo de población entre los 35 y los 64 años son el 42,4%; la población pediátrica (0-14 años) representa el 11,8%, la población joven (15-34 años) el 13,9%. Así, el grupo sobrerrepresentado en términos de edad es el de mayores de 65 años. Ahondando más en los números, se observa que esto se produce por una mayor diferencia dentro del grupo de población entre 65 y 74 años (25,1% vs 14,2%), dado que la población mayor de 80 años representa un porcentaje similar (6,8% vs 6,1%).
La edad no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de analizar el impacto de una posible incorporación a la sanidad pública de los mutualistas. El informe escoge 6 indicadores fundamentales para comparar (diabetes, hipertensión EPOC, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y cáncer).
Se observa una prevalencia más elevada de todas las condiciones observadas salvo de neoplasias malignas, "esto último puede responder a una hipótesis ampliamente estudiada en el ámbito del estudio de funcionamiento del mutualismo funcionarial en España: la selección de riesgos". Por tanto, "hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha opuesto a la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre incorporar a la población mutualista de Muface a la asistencia sanitaria de las comunidades autónomas y ha amenazado al Gobierno con manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública si toman una decisión unilateral.
En un comunicado, desde CSIF se han opuesto "frontalmente" a esta propuesta y han exigido al Ministerio de Función Pública que rectifique al Ministerio encabezado por Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface. Así, CSIF ha avisado de que están recibiendo "cientos de llamadas" de personas preguntando por esta cuestión y casos de mutualistas a los que se les está denegando la atención en clínicas o chequeos médicos, porque las aseguradoras no tienen claro el futuro del concierto.
"El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria", lamentan desde el sindicato.
Por ello, el sindicato de trabajadores públicos ha avisado de que están valorando el alcance de las movilizaciones que se llevarán a cabo en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta adecuada y que pasan por manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública.
