Subsidio de desempleo para mayores de 52 años: todos los puntos débiles

El subsidio de desempleo para las personas de 52 años y mayores se ha retrasado para miles de españoles que lo necesitan para salir adelante. Los motivos son el número de personas afectadas, la complejidad de la casuística, la inquietud por la crisis económica, la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y la insuficiencia de los medios y la eficiencia de la administración. También son preocupantes la escasez de una ayuda que solo asciende a 430 euros, la forma en la que perjudica a determinados colectivos y que no venga acompañada de importantes políticas activas de empleo. 

El pasado mes de abril, el Gobierno tuvo que admitir el ‘tapón’ que se estaba formando en las solicitudes del nuevo subsidio de desempleo para personas de, como mínimo, 52 años. Los funcionarios habían enviado cientos de dudas a las direcciones provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal y su dirección nacional se vio obligada a emitir una instrucción que retrasaba la aprobación de miles de solicitudes hasta que los criterios quedasen claros. 

Almudena Velázquez, responsable legal del Departamento de Banca de Reclamador.es (@reclamador), apunta en este sentido que la casuística para acceder a la ayuda es larga y compleja, y que es uno de los orígenes de los retrasos.

Al fin y al cabo, la regulación afecta, según la experta, “desde a personas a las que se les haya agotado la prestación contributiva por desempleo después de cotizar por desempleo entre 90 y 359 días, hasta a los emigrantes españoles que vuelvan a casa y no perciban ninguna ayuda contributiva de desempleo en ningún país, pasando por los que hayan estado en la cárcel durante seis meses o más y hayan perdido el derecho a una prestación contributiva por desempleo”. La lista también incluye a quienes los tribunales médicos les hayan mejorado el diagnóstico en una revisión de su gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total para la profesión habitual.

Sin embargo, toda esta extensa casuística no ha evitado importantes confusiones. Patricia Bueno, abogada laboralista del despacho Martínez-Echevarría (@MtnezEchevarria), aclara que “ya nos han llamado clientes que no sabían que la herencia que habían recibido computaba para la obtención de estas ayudas”. En consecuencia, la administración, al darse cuenta,  los ha obligado a devolverlas. 

Otro motivo de los retrasos, sigue Almudena Velázquez, “tiene que ver con que esta nueva norma impacta sobre mucha más gente que la anterior, aunque los recursos de la administración sigan siendo prácticamente los mismos”. La norma anterior preveía ayudas para los españoles de 55 años o más y la nueva las prevé para los de 52 años o más. 

Por si esto fuera poco, matiza, “las nuevas prestaciones se pueden pedir antes de cumplir la edad con la que nos beneficiaríamos de ellas”. Javier Sagardoy, abogado laboralista de EJASO ETL Global en Zaragoza, añade que “han aumentado las peticiones de ayudas, porque las nuevas no toman en cuenta la renta de la unidad familiar sino la renta individual, que no debe superar los 675 euros a los que asciende el 75% del salario mínimo”. 

En definitiva, los funcionarios tienen que tramitar miles de solicitudes nuevas y, si no se aumentan o la plantilla o la productividad, el retraso de las concesiones de ayudas era la consecuencia más previsible. Según BBVA Research (@BBVAResearch), la productividad media del sector público español desde 1995 hasta 2017 fue inferior en más de un 10% a la de los miembros de la eurozona. Únicamente Portugal registró un productividad menor que nuestro país.

Patricia Bueno cree que “los posibles retrasos en las concesiones de las ayudas se han producido sobre todo porque, si el Parlamento no ha conseguido aprobar unos nuevos presupuestos generales, eso tenía que limitar los recursos que se quisieran destinar a las nuevas ayudas públicas”. Además, el Gobierno aprobó el real decreto que preveía estos subsidios para los que tengan 52 años o más por sorpresa y en marzo, es decir, solo dos meses antes de las últimas elecciones. Pudo existir falta de planificación organizativa y financiera sobre los recursos materiales y humanos que se iban a necesitar.  

Almudena Velázquez apunta que “hay que ser un ingenuo para creer que la crisis económica a la que parece que nos dirigimos, y el daño que puede suponer para las cuentas de la administración, no afectan al volumen y los plazos de los subsidios”. Como explicaba Pepa Montero (@PepaMonteroM) en 65ymas, las inversiones y el consumo se están debilitando, la industria pierde fuelle, el PIB cada vez crece menos y la volatilidad de los mercados refleja un entorno imprevisible en parte por las incógnitas del Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos.  El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo ascendió a 44.745 en los siete primeros meses del año, un 40% más que en el mismo periodo de 2018 y el mayor ritmo de crecimiento desde 2012. 

Pero estas prestaciones tienen otros defectos que trascienden la lentitud con la que se aprueban. Así, Velázquez considera que “nos encontramos ante una ayuda escasísima que no resuelve una situación muy grave para muchas familias” y que “los plazos ininterrumpidos de inscripción como demandante de empleo, en los que las interrupciones no pueden superar los 90 días, no se adaptan a la realidad de muchos trabajadores agrícolas y temporales que van encadenando contratos precarios para sobrevivir”. Por si esto fuera poco, matiza, “echamos en falta unas buenas políticas activas de empleo que ayuden realmente a las personas con menos recursos a salir de su situación y dejar de cobrar los 430 euros”.  Si el objetivo es que vuelvan a la normalidad laboral que tanto desean muchas de ellas, entonces los subsidios, tal cual están definidos, corren el riesgo de convertirse en caridad.