La Generalitat de Cataluña aprobó a finales del pasado mes de abril unos nuevos Presupuestos que contemplan una fuerte alza fiscal. En concreto, incluyen dos nuevos impuestos ambientales, una subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 90.000 y 175.000 euros y otra en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de eliminar bonificaciones.
Estos Presupuestos, aprobados por JxCat y ERC y la abstención de los aliados de Podemos en la comunidad, los comunes, y con la oposición de Ciudadanos, PP y PSC, introducen nuevos coeficientes para hacer este Impuesto de Sucesiones y Donaciones más progresivo. Mientras en la Comunidad de Madrid, está bonificado al 99%, en esta otra región de España, los herederos con patrimonio de más de 500.000 euros pueden ver más que duplicada su cuota a pagar.
Pese a que la mayoría de la Cámara veía la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas después de tres años con los presupuestos prorrogados, las críticas por esta subida impositiva han adquirido mayor relevancia por coincidir su entrada en vigor con un momento de gran mortandad por la pandemia del coronavirus.
La actual modificación de este impuesto en Cataluña significa, a grandes rasgos, que se reducen las bonificaciones para los hijos mayores de 21 años y para los ascendientes (personas del grupo II). Lo que provoca una importante subida del impuesto. Por ejemplo, para el caso de una herencia cuyos bienes asciendan a unos 300.000 euros, se puede llegar a pagar 10.350 euros frente a los 1.610 euros que se pagaban hasta la fecha.
Las bonificaciones del 99% que introdujo el Gobierno de Artur Mas han sido parcialmente eliminadas y esto afecta también a las sucesiones de pequeñas y medianas empresas, que no pueden compatibilizar la bonificación del 95% por empresa familiar con la bonificación por patrimonio afecto a la actividad empresarial.
David Bonvehí, presidente del PDeCAT.
Críticas en sus propias filas
Las quejas y la indignación por falta de tacto han surgido incluso de la propias filas del PDeCAT –formación aliada a JxCat–, que no entienden el afán recaudatorio en un momento de crisis sanitaria y económica. El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, aseguraba la semana pasada que trabajarán para "eliminar" este Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En un artículo en La Vanguardia. Bonvehí recalca que siempre se han mostrado en contra de este impuesto por considerarlo "claramente confiscador, injusto y desfasado", y recuerda que fue el expresidente de la Generalitat Artur Mas el que impulsó en 2011, tras los tripartitos, una reforma que prácticamente lo eliminaba en los casos de parentesco directo. "Nuestro horizonte en una Catalunya independiente supone conseguir medidas fiscales justas en el marco de un sistema fiscal eficiente y la eliminación de este impuesto es una de ellas", apunta.
Tras opinar que el impuesto descapitaliza y va en contra de la cultura del esfuerzo y del ahorro, añade que supone una doble tributación: "Si una persona compra un bien ya paga los impuestos asociados al consumo de este bien y si obtiene rentas de este bien, ya sean de capital mobiliario o del trabajo, ya paga los impuestos asociados a estos rendimientos".
Además, considera que "perjudica a las clases medias y las menos favorecidas" porque, en caso de recibir en herencia bienes modestos, "muchas veces se ven obligadas a venderlos para poder afrontar la liquidación del impuesto". Por ello, califica de "discurso populista" afirmar que es un impuesto dirigido a las grandes fortunas porque, a su juicio, éstas son las que, con diferentes vías del ordenamiento jurídico, acaban eludiéndolo. También cree que conlleva una tributación excesiva, en términos de presión fiscal, y supone "un agravio comparativo desde un punto de vista territorial".
"No queremos que los catalanes paguen aquello que en muchos otros lugares del resto del Estado español no se paga, porque se aplican bonificaciones fijas del 99% a muchas autonomías, o que tengamos que pagar mucho más que el resto de la UE por este impuesto", reclama.
