El Real Decreto-ley de reforma laboral, que el Consejo de Ministros ha aprobado el martes, pretende poner coto a la temporalidad y reducir la precariedad, los dos grandes males de nuestro mercado de trabajo, según han coincidido en afirmar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, además de devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que sustituirán a los utilizados en pandemia, con un gran objetivo: evitar despidos.
"Vamos a tener un marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país (...) Esta reforma pasa página a la precariedad en España. Hay jóvenes y mujeres que no han conocido en su vida un contrato de trabajo que no sea basura. Ahora dejarán de tener vidas precarias. Se trata de un acuerdo entre generaciones que no pone a competir a jóvenes contra mayores", ha recalcado Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Asimismo, Escrivá ha resaltado que se trata de una reforma que recupera derechos, que penaliza a las empresas que abusen de la contratación temporal y que persigue "que el despido sea la última opción".
Sin embargo, y a falta de conocer el texto íntegro de la reforma, que se publicará en el BOE este jueves, es muy llamativa la ausencia de medidas específicas que incentiven el empleo y la contratación de los trabajadores séniors, precisamente porque los mayores de 50-55 años son los que mayor riesgo y probabilidades tienen de ser despedidos de las empresas en dificultades. Y resulta sorprendente, sobre todo en estos momentos, cuando el Gobierno acaba de aprobar una reforma de las pensiones, que persigue el alargamiento voluntario de la edad de jubilación y la mayor permanencia de los séniors en el mercado de trabajo.
Los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.
En efecto, sobre el papel, los trabajadores baby boomers se podrán beneficiar especialmente de algunas medidas contempladas en esta reforma, como la revisión de los ERTE, que tan buen resultado han dado durante la pandemia; o el nuevo mecanismo RED, que supone la consolidación de los ERTE como sistema permanente de protección del empleo; o la recuperación del papel central de la negociación colectiva y la ultraactividad indefinida de los convenios, que podrían evitar ladinas prácticas de devaluación salarial. Pero en el texto de la reforma, que ha sido negociado por los sindicatos y la patronal CEOE, no figura un marco específico de protección que actúe de paraguas y evite que los trabajadores de mayor edad sean los más prescindibles a ojos de las empresas.
Para los mayores, no se aborda una tipología de contrato específico, como por ejemplo sí se hace con los jóvenes, que a partir de ahora dispondrán de un contrato de formación hasta los 30 años. En detalle: la reforma revisa los contratos formativos, que son de dos tipos: formativo "en alternancia", mientras se están cursando estudios; y "para la obtención de la práctica profesional", destinado a quienes ya tienen un título y están aprendiendo la profesión.
A juicio del economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a), el impacto de la reforma sobre los trabajadores del baby boom será limitado: “Si están empleados en grandes empresas, la nueva normativa no les afectará mucho. Quedarán con el mismo estatus o dinámica hasta ahora (apenas hay ultraactividad, los sueldos se fijan por convenio de empresa porque no hay convenios relevantes de sector…)”. En cambio, “si están empleados en pequeñas y medianas empresas, sí que les puede afectar, en la medida en que exista un convenio de sector a nivel nacional que obligue a un determinado nivel salarial”, explica.
"Una reforma poco ambiciosa"
Esta reforma recién anunciada por el Gobierno todavía debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados, donde el texto puede sufrir cambios y añadidos, aunque los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá confían en superar este trámite sin modificaciones.
Las dudas y críticas a la ley en su estado actual son varias. Algunos partidos, como Ciudadanos, critican que la reforma se queda corta porque "faltan mayores incentivos a la contratación de colectivos en situación de especial vulnerabilidady precariedad", tal como ha declarado su portavoz adjunto, Edmundo Bal. Asimismo, los nacionalistas de PNV, Bildu y ERC quieren que se fije la primacía del convenio autonómico sobre el estatal, y a buen seguro tratarán de incluir esta reivindicación en el trámite parlamentario.
Para algunos expertos, como José Antonio Herce (@_Herce), economista especialista en pensiones y fundador de la consultora LoRIS, "se trata de una reforma poco ambiciosa, porque de lo contrario, la patronal CEOE se habría plantado. La buena noticia es que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos no deroga la reforma de 2012, gracias a la cual España está creando empleo a buen ritmo. Respecto al nuevo mecanismo Red, que viene a sustituir a los ERTE, es pronto para valorar su eficacia, puesto que no se sabe bien en qué consiste".
Con todo, lo que a Herce le preocupa es "que se quiera luchar contra la dualidad, que es el gran problema del mercado laboral español, haciendo a todos los temporales contratos fijos discontinuos, porque España no es Mallorca en verano. Además, en España existe el contrato de fijo discontinuo desde hace 40 años. Está claro que la temporalidad no se reduce porque hagas a todos los temporales fijos discontinuos”.
CEOE y sindicatos: no tocar la reforma en el Congreso
El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, advierte de que "no están dispuestos" a que "se toque una sola coma" del acuerdo alcanzado entre los agentes sociales. “Indudablemente", la CEOE "no va a estar en ninguna foto hasta que termine el trámite parlamentario", al tiempo que ha destacado que el citado acuerdo "mantiene la flexibilidad de las empresas" y es fruto de la "responsabilidad de los interlocutores sociales".
"Es una reforma que mantiene la libertad de empresa y también la libertad de contratación. Con una contratación temporal que mantiene la causalidad. Y se conservan las líneas básicas de flotación de la normativa laboral actual. Se mantiene intacto el artículo 41 y el 83 del Estatuto de los Trabajadores, que han permitido a muchos autónomos en momentos de dificultad el poder usar esas medidas de flexibilidad", explica Amor a 65YMÁS.
Para CEOE y Cepyme, en materia de contratación temporal, es relevante que se mantenga su causalidad, es decir, que "estará sujeta a necesidades de producción o sustitución, sin límites porcentuales ni tasas por empresa o número de trabajadores".
Igualmente, los sindicatos CCOO y UGT reclaman "responsabilidad" a los partidos políticos a la hora de convalidar en el Congreso de los Diputados "un acuerdo tan importante" que, tras nueve meses de negociaciones tripartitas, ha cristalizado en una nueva normativa "ambiciosa" que supondrá una recuperación de los derechos laborales. "Hemos recuperado la ultraactividad de los convenios colectivos, de la misma manera que hemos revertido la norma por la que los convenios de empresa podían disminuir las condiciones laborales de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras. Ya no habrá convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales".
Los ERTE, herramienta clave de la reforma
A juicio de Aurora Sanz (@tomas_aurora), socia responsable del Departamento Laboral de Grant Thornton, los aspectos clave de la reforma laboral aprobada por el Gobierno son la modificación de la contratación temporal (se acentúa la causalidad de estos contratos e incrementan las sanciones por su uso irregular), la modificación de los contratos formativos, con inspiración en el modelo dual alemán; la vuelta a la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos y el fin de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial; la garantía de derechos de las personas subcontratadas; y la incorporación del mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo para combatir las crisis cíclicas o sectoriales y evitar despidos.
Precisamente, uno de los logros de la reforma es la introducción de los mecanismos de flexibilidad para evitar los despidos y la destrucción de los puestos de trabajo, según resaltan tanto el Gobierno como los sindicatos. Y es una de las principales palancas que pueden beneficiar a los trabajadores séniors. Así, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) utilizados durante la pandemia han servido de referencia para la creación del Mecanismo RED, que permite la adaptación temporal de la jornada de trabajo y el cobro de una prestación que no consuma desempleo de las personas trabajadoras a cambio de restricciones en el despido.
Así son los nuevos ERTE
El Real Decreto-ley de reforma laboral revisa el actual modelo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
En lo que respecta a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), se facilita su tramitación y su aplicación, especialmente para las pymes. El periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con menos de 50 trabajadores. Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE de pandemia.
Se incorpora como causa específica del ERTE, el impedimento o las limitaciones a la actividad derivadas de decisiones gubernamentales. Estos ERTE requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en el plazo de cinco días, considerándose el silencio administrativo como positivo. La reducción de jornada de estos procesos será de entre un 10% y, un 70% y durante el periodo de vigencia del ERTE, la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras, como en los ERTE ETOP, previa información a los sindicatos y comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, mantendrán las garantías en el empleo de los actuales ERTE Covid.
Las empresas podrán afectar o desafectar trabajadores en función de su actividad; obtendrán bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y tendrán exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP, estas serán del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los ETTE de fuerza mayor, del 90%. Estas exoneraciones siempre estarán vinculadas al mantenimiento del empleo y las empresas verán aumentado el crédito disponible para la formación.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).