Jubilados mutualistas afectados por la devolución del IRPF: dónde y cómo quejarse, paso a paso
Jubilados mutualistas con derecho a devolución: guía para no perderse y recuperar su dinero
Una reciente encuesta sobre edadismo elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) concluye que a un 54% de los mayores de 65 años les resulta difícil o muy difícil hacer trámites en organismos de la administración pública. Que el Gobierno haya enarbolado la bandera de la defensa de los mayores (como en su lucha contra la exclusión financiera) y al mismo tiempo practique el edadismo y ponga trabas, es algo que conocen bien los miles y miles de pensionistas, antiguos mutualistas que han tributado de más y, por sentencia del Tribunal Supremo, tienen derecho a recuperar su dinero.
Hacienda ha anulado todos los trámites que ya habían hecho buena parte de ellos, obligándoles a empezar de cero con el papeleo, en un procedimiento ahora mucho más farragosos y aplazado durante años. Para empezar, comunicó su decisión a través de una escueta nota en la web de la Agencia Tributaria. Ahora obligará a que todos los pensionistas afectados, incluso aquellos que no están obligados a presentar la declaración lo hagan. Tendrán que empezar de cero con el papelo, pondrá el formulario para la reclamación en formato digital y obligará a reclamar cada año, en los próxmos cuatro. Afectdos, asociaciones de mayores, sindicatos, asociaciones de técnicos y de inspectores de Hacienda, entre otros colectivos coinciden en que se trata de un despropósito, una política edadista con muy poca sensibilidad. Hablan de maltrato a mayores.
Los mayores han comenzado a movilizarse y alzar su voz por lo que consideran es un atropello. Todas las asociaciones de mayores han manifestado su “total rechazo” al cambio de criterio de Hacienda y al nuevo procedimiento para la devolución del IRPF pagado de más por los pensionistas que cotizaron a antiguas mutualidades laborales.
Para la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) este cambio representa “un grave atentado contra los derechos adquiridos” y genera una profunda inseguridad jurídica y económica para las numerosas personas contribuyentes que presentaron sus solicitudes en plazo y forma, siguiendo las instrucciones de la propia Agencia Tributaria. También la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha mostrado su “profunda preocupación” por el cambio de criterio y procedimiento. "Se han cambiado las reglas de juego a mitad de partido” ha dicho, por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana.
PMP denuncia que se ha inducido a las personas contribuyentes a actuar de una manera concreta para, posteriormente, invalidar sus acciones mediante la aplicación retroactiva y restrictiva de la Disposición Final Decimosexta de la mencionada ley. Esta disposición afecta y atenta contra derechos individuales previamente reconocidos y adquiridos por la propia Administración Pública, producto de numerosas sentencias jurisdiccionales.
La anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes retrasa dichas devoluciones en al menos cuatro años, lo cual, según la PMP, denota una “falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno”. Para las personas afectadas, reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones en cuatro ejercicios añade incertidumbre y trámites burocráticos innecesarios, ya que se trata de información que ya obra en poder de la Administración, con el agravante de que afecta principalmente a personas que ya tienen, en muchos casos, edades muy avanzadas. En este sentido, la Plataforma ha recalcado que hablar de años en plazos para realizar una gestión, puede significar no llegar a realizarla para un grupo de contribuyentes especialmente vulnerable, que podría no llegar a percibir nunca la devolución que les corresponde.
“Se trata claramente de un deliberado maltrato a la gente mayor, que solo puede ocultar la intención de obstruir el ejercicio del derecho a la devolución, con la macabra intención de que la vida se lleve por delante a buena parte de los actuales reclamantes”, añaden por su parte, desde Coespe y Marea Pensionista.
Afectados, asociaciones de mayores, sindicatos y diferentes organizaciones profesionales, como inspectoores y técnicos de Hacienda llaman la atención sobre la complejidad del nuevo sistema, mucho más farragoso que el que se puso en marcha en 2024. "Este nuevo sistema no solo añade una carga administrativa innecesaria, sino que genera incertidumbre, demora y un trato desigual entre quienes han seguido el procedimiento preestablecido por la Agencia Tributaria", aseguran desde UDP. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha señalado que se había articulado en el seno de la Agencia Tributaria un procedimiento ágil y eficaz para realizar las devoluciones. Sin embargo, el nuevo procedimiento cambia este derecho mediante la imposición, en opinión de la asociación, de una carga administrativa "absolutamente infundada e innecesaria” lo que califica de "situación incomprensible".
Además de verse obligados a volver a solicitar la devolución de nuevo, el nuevo procedimiento implica que la devolución ya no se hará en un único pago, sino fraccionado a lo largo de cuatro años. “Ya no se devolverá el total de la cuantía que adeuda Hacienda”, lamenta José Luis Fernandez Santillana, presidente de CEOMA. “Esto supone una demora que puede resultar especialmente grave para las personas de edades más avanzadas”, advierten desde UDP. "Este requisito supone un esfuerzo adicional para muchas personas mayores, que deben estar atentas a plazos específicos durante los próximos años”, añade la entidad.
“Desde COESPE (@CoespeOficial), valoramos positivamente que se haya alzado la voz contra esta medida arbitraria, que supone una carga burocrática innecesaria para personas de edad avanzada”, dicen desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
A todo lo anterior, hay que añadir el factor de la brecha digital, que penaliza especialmente al colectivo de personas más mayores. "Las dificultades para realizar trámites telemáticos, no solo incrementa la complejidad del proceso, sino que también supone, en muchos casos, un coste económico adicional, ya que muchas personas se ven obligadas a contratar los servicios de una gestoría para llevar a cabo este procedimiento”, sostiene la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.
“Por una parte escuchamos desde numerosos ámbitos públicos hablar de la superación de la brecha digital y por el otro, esa misma administración que dice luchar contra ella, impone un procedimiento telemático al que la mayor parte de las personas mayores no tienen acceso, bien por falta de conocimientos, bien por falta de recursos y de infraestructuras”, añaden desde UDP.
"Desde la PMP estamos realizando las gestiones oportunas para propiciar un espacio de diálogo e interlocución institucional con la Vicepresidenta Primera del Gobierno como así hemos anunciado, con el objetivo de poder abordar en profundidad esta cuestión y que se busquen soluciones para las personas contribuyentes que se encuentran en esta situación”, asegura a 65YMÁS el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández.
Así, la PMP ha instado al Ministerio de Hacienda a rectificar este injusto criterio y a que encuentre una solución a la mayor brevedad posible, de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, intrínseca a este grupo social afectado.
Por su parte, el presidente de CEOMA ha hecho un llamado al Ministerio de Hacienda para que "no demore innecesariamente esta devolución, que agilice los trámites y que, por una vez, sea amigable con las personas mayores".
También UDP exige soluciones que eviten este retroceso en los derechos de las personas pensionistas y que permitan recuperar la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 del IRPF, tal como estaba previsto. "Es imprescindible corregir esta situación en el menor plazo posible para evitar sus consecuencias lesivas y garantizar un trato justo para todas las personas en la misma situación”.
El enfado e indignación de los afectados es tal, que ya han iniciado movilizaciones y aseguran que no pararán hasta que el Gobierno rectifique. Las federaciones de jubilados y pensionistas de los sindicatos mayoritarios y varios colectivos de pensionistas han convocado las primeras movilizaciones, por toda España. “Protestar en la calle es la forma de demostrar que para nada estamos de acuerdo con esto. No es de recibo lo que han hecho. Ni lo que han hecho, ni mucho menos cómo lo han hecho. Cambiar las reglas del juego a mitad a mitad de partido no está bien lo mires por donde lo mires”, asegura a este diario Anatolio Díaz, Secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP y miembro del Comité Asesor de 65YMÁS.
“Este es un primer paso, porque no vamos a parar hasta que Hacienda no corrija. Protestar en el calle es una de nuestras opciones, que no es incompatible con intentar buscar una fórmula de negociación, o abrir conversaciones, con el fin de que Hacienda modifique su criterio. Si no tenemos una respuesta adecuada por parte de la Administración las acciones sindicales continuarán”.
Desde Hacienda, el silencio es, absoluto. Consultado por este diario, desde el departamento encabezado por María Jesús Montero, no hay respuesta a las quejas de los afectados ni a las más de 2.000 Cartas a la Directora recibidas por 65YMÁS. Tampoco ha hecho comentarios a las movilizaciones celebradas en la calle, frente a las delegaciones de Hacienda de toda España.
“Aquellas personas que presentaron una solicitud de devolución y no la hayan ingresado, deberán acogerse a este nuevo procedimiento”, han dicho desde el Ministerio de Hacienda, para quien el cambio, no tiene marcha atrás.
“Se opta por calendarizar las devoluciones a las que tengan derecho los contribuyentes”. Así explican desde Hacienda a este diario el nuevo modelo. “La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición, contempla el procedimiento a seguir para las devoluciones derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, detallan.
El nuevo método diseñado por la Agencia Tributaria plantea una cuestión a la que no ha dado respuesta. ¿Qué pasa con la devolución para esos jubilados y pensionistas si, por sus ingresos, no están obligados a declarar?. Fuentes de Gestha recomiendan a los afectados presentar la declaración aunque no tengan obligación de hacerlo.
Coespe, y Marea Pensionista han querido poner el acento y llamar la atención sobre “la exclusión de la mitad de los afectados, aquellos a los que no se les retiene IRPF en su pensión y que, según la Agencia Tributaria, no tienen derecho a la devolución de lo pagado de más en los años 60 y 70. Se trata de una discriminación injusta y contraria al principio de igualdad, que deja fuera precisamente a los pensionistas con menores ingresos”.
El Defensor del Pueblo ha pedido información a Hacienda por la suspensión de todas las solicitudes que no hubieran recibido la luz verde antes del 22 de diciembre pasado de devolución de los excesos en la tributación por IRPF de las personas pensionistas, antiguos mutualistas, en aplicación de la Disposición transitoria segunda de la LIRPF de los ejercicios 2022 y anteriores no prescritos; así como por el nuevo procedimiento para volver a solicitar esas devoluciones, que dilata en cuatro años el proceso. La institución encabezada por Ángel Gabilondo ha recibido ya más de un centenar de reclamaciones por parte de afectados, todos ellos personas mayores, pensionistas que tributaron a las antiguas mutualidades laborales. Todas ellas han sido admitidas a trámite.
Además de las quejas presentadas por particulares, también hay quejas presentadas por parte de diferentes organizaciones, como sindicatos y asociaciones de mayores. “Hemos presentado ya la reclamación al Defensor del Pueblo”, asegura a 65YMÁS Anatolio Díaz. También la PMP se ha sumado a la acción del Defensor del Pueblo.
Desde el Defensor del Pueblo, tal y como han explicado a 65YMÁS, invitan a todos aquellos pensionistas afectados a presentar una queja frente al organismo, y recuerdan que en un alto porcentaje de los casos, más de un 80%, las administraciones siguen las indicaciones del Defensor. Hacerlo, explican fuentes de la institución, es muy sencillo para los ciudadanos y no requiere de habilidades digitales de ningún tipo. La institución, además, ha mostrado sensibilidad por el caso.
