65Ymás accede al 'informe Escrivá' sobre despenalización del retiro anticipado en largas carreras

Finalmente, y por sorpresa, a punto de cumplirse el plazo prometido, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha entregado en el Congreso de los Diputados el muy esperado informe sobre las largas carreras de cotización, que le reclamaba el Pacto de Toledo y donde se estudia el impacto presupuestario de una eventual despenalización de jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados.

El documento, titulado Informe sobre el acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización largas, ha quedado registrado en la Secretaría General del Congreso con fecha del viernes 30 de julio, a las 18:39 horas, según el texto al que ha tenido acceso este periódico. El propio Ministerio de Seguridad Social, que comanda el ministro José Luis Escrivá, ha confirmado a 65Ymás que el citado informe se envió el viernes a través del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

Tras su registro en el Congreso de los Diputados, corresponde ahora a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo estudiar las cifras, consideraciones y conclusiones que plantea el departamento de Escrivá, con vistas a solucionar (total o parcialmente) una de las grandes reivindicaciones del colectivo representado por la asociación Asjubi40 (@asjubi40),  Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar, que es la principal asociación que reclamaba este estudio y que lucha para lograr que, con 40 años o más cotizados, se pueda acceder al 100% de la pensión, independientemente de la edad que tenga el trabajador, ya se trate de una jubilación anticipada voluntaria, o forzosa.

En el informe, el Ministerio cuantifica que "la eliminación de los coeficientes reductores a quienes hoy ostentan la condición de pensionista de jubilación anticipada supondría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021. Y considerando la evolución de este colectivo en función de sus probabilidades de supervivencia, la medida implicaría aumentar el compromiso de gasto futuro (valor presente actuarial) en estas pensiones en 44.345 millones de euros", según el documento al que ha accedido este periódico.

El estudio realizado por Escrivá sostiene que, además, si la pensión no sufriera merma alguna con el anticipo de la edad de jubilación, es previsible que estas cifras se vieran ampliamente superadas en años venideros, pues es lógico pensar que el número de trabajadores que se jubilarían antes de su edad ordinaria experimentaría un crecimiento considerable con el consiguiente aumento del gasto todos los años. En este sentido, ya en la actualidad el número de personas trabajadoras entre 55 y 63 años con 40 o más años cotizados asciende a más de 800.000, con la posibilidad cierta de que un número mayor de ellas alcancen ese umbral de cotización teniendo en cuenta su edad actual y que también hay que computar los periodos que por diversas circunstancias se consideran como cotizados en el momento de cálculo de la pensión.

Sin penalizaciones habría marea de prejubilados 

Entre las conclusiones del informe elaborado por el Ministerio, y que ahora deberá analizar el Pacto de Toeldo, incluyen que "el coste financiero estático de eliminar los coeficientes reductores incrementaría el gasto anual en pensiones en más de 2.700 millones de euros con el consiguiente aumento de los compromisos de gasto futuro (valor presente actuarial) en 44.345 millones de euros".

Pero, en realidad, el coste en términos de sostenibilidad para el sistema sería aún mayor y de naturaleza dinámica, pues la medida provocaría previsiblemente un crecimiento muy significativo de las jubilaciones anticipadas con las implicaciones que ello tiene para la Seguridad Social y para la estrategia de reformas que ahora se impulsan en el marco del Pacto de Toledo con el fin de garantizar las pensiones de los jubilados actuales y de las generaciones futuras comprometiendo la sostenibilidad del sistema.

"No se puede ignorar que la eliminación del IRP (índice de revalorización de pensiones) y la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo ha beneficiado a todos los pensionistas", afirma el documento.