El Consejo de Ministros ha aprobado por fin este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea y que contiene el paquete de reformas e inversiones que España pretende impulsar con el objetivo de canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026. La fecha tope para enviar este plan, que incluye las reformas fiscal, laboral y de pensiones, es el próximo viernes 30 de abril. Un plan que incluso el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (@CEOE_ES), Antonio Garamendi, ha considerado "bastante genérico".
Entre las medidas incluidas en el plan, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas, una de las más controvertidas es la que afecta a pensiones que aún está negociándose en la mesa de diálogo social. Aún así, el componente 30 del documento que se remitirá a Bruselas se recogen las principales medidas sobre pensiones agrupadas en el apartado 'Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo", con 9 iniciativas concretas en esta materia como el retraso de la edad efectiva de jubilación o la derogación del factor de sostenibilidad. Otras, como la separación de fuentes o el nuevo complemento de maternidad, ya han sido aprobadas. La duda está en el aire, ¿convencerán estas propuestas a Bruselas? A continuación detallamos en qué consiste cada una:
1. Separación de fuentes de financiación
El Gobierno ya ha iniciado el proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo, lo que se conoce como gastos impropios, una medida ya incluida en los Presupuestos Generales del Estado 2021. El objetivo será "aligerar el déficit del sistema, aunque pasará a otras arcas del Estado". El conjunto de gastos impropios identificados asciende a cerca de 20.000 millones de euros en los que las tres cuartas partes serán, según el Gobierno.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
Esta es una de las últimas medidas acordadas en el seno de la negociación del diálogo social y supone derogar el índice de Revalorización de las pensiones introducida por la reforma de 2013 y sustituirlo por un nuevo mecanismo en los términos que plantea el Pacto de Toledo. El pasado 19 de abril el ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión decidió ceder y aceptar la propuesta de los sindicatos de ligar las subidas con el IPC, pero no incluir rebajas futuras de estas prestaciones para compensar años en los hayan caído los precios. Los sindicatos consideraban "imprescindible" que el Gobierno limitase este afecto "para avanzar en la negociación".
3. Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación
Se trata de una de las medidas que más ha dado que hablar en los últimos meses. Objetivo por antonomasia de Jose Luis Escrivá consiste en realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones. Y por otro, generar "incentivos positivos" para que los trabajadores retrasen su jubilación ofreciendo "beneficios a las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores". Entre ellos destaca el famoso cheque de hasta 12.000 euros por año de más trabajado, pero que según los expertos se quedará en 6-7.000 euros de media.
4. Adecuación a las nuevas carreras profesionales y el periodo de cómputo
Según el documento que se enviará a Bruselas, el Gobierno se plantea "ampliar y adecuar la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo de para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar por encima de los actuales", de manera progresiva. Un punto que debido a la polémica, finalmente no incluye la ampliación del periodo de cómputo de 25 a 35 años. El objetivo, según el Gobierno es "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema" .
5. Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional
Esta medida supone la derogación del mecanismo propuesto por el PP en la reforma de 2013 y que no llegó a aprobarse nunca por falta de consenso y el diseño de uno nuevo ligado a la evolución de la esperanza de vida para adaptarse al envejecimiento de la población. Lo que está por ver es cuándo se diseñará este nuevo factor intergeneracional, que aún genera dudas en cuanto a si supondrá recortes en la cuantía de las pensiones futuras. Por el momento el Gobierno ha señalado que dejará este polémico asunto para el segundo bloque de medidas de la reforma de las pensiones que finaliza en diciembre de 2022 y cuya puesta en vigor podría retrasarse incluso hasta 2027, según varias informaciones.
6. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos
Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el RETA basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. De este modo, se corregirá la "distorsión" que supone que trabajadores autónomos puedan elegir bases de cotización que no corresponden a sus ingresos reales, lo que implica "una merma de los recursos del sistema", según Escrivá. Por tanto, el ministerio quiere "implantar gradualmente" un nuevo sistema por el que cada autónomo cotice por lo ingresa. La cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales es una reivindicación clásica del colectivo, también recogida en el Pacto de Toledo.
7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño
La derogación del complemento de maternidad aprobado por el PP y su sustitución por uno nuevo bajo el nombre de "complemento para la brecha de género", es otra de las medidas que ya han sido aprobadas y puesto en vigor por el Ejecutivo dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo. La medida incluye por primera vez a los padres en caso de que hayan visto perjudicada su vida laboral por el cuidado de hijos y no abandona la polémica ya que aunque beneficiará a las rentas más bajas, es posible que perjudique a las altas. Sin embargo los expertos consideran que por si solo no será capaz de acabar con la actual diferencia del 34% entre las pensiones de hombres y mujeres.
8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones
Según el documento enviado a Bruselas, el Gobierno también prevé la aprobación de un "nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos". Este es un dato polémico que se encontrará de frente sindicatos y muchos pensionistas. La pasada semana la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org) advertía a Escrivá que "no permitirían una privatización del sistema ni total ni parcial".
9. Adecuación de la base máxima de cotización del sistema
En un principio, el Ministerio había puesto sobre la mesa un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima, pero también de su cotización para "no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". Finalmente, este punto y su destope tendrá aún que debatir sus detalles en la mesa del diálogo social y a Bruselas se ha enviado simplemente la promesa de "adecuación de la base máxima de cotización".