Carlos Bravo: "Tenemos que anular la 'liquidez total' de planes de pensiones en esta legislatura"

Debate 65YMÁS sobre 'Planes de pensiones individuales y colectivos' para complementar la pensión

ESPECIAL FUTURO DE LAS PENSIONES 65YMÁS

 

Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO) y miembro de la Mesa de Diálogo Social sobre pensiones, defiende que, para la jubilación, "el principal soporte económico es el sistema público de pensiones, si bien, el tener una renta complementaria, que de ningún modo puede sustituir a la pensión pública, también ayuda". En este sentido, afirma que la función social de los sistemas de pensiones complementarios "la cubren mejor los planes de pensiones, sobre todo los de empleo, como consecuencia de que son ilíquidos y, por tanto, se perciben solo en el momento de la jubilación".

Durante su entrevista con 65YMÁS, dentro del Especial Futuro de las pensiones, asegura que la normativa que permitirá la liquidez total de los planes de pensiones a partir de 2025 "es algo que tendremos que retomar en esta legislatura, y espero que se corrija. Ojo, una parte es incorregible. A quien haya ahorrado dinero en sistemas individuales entre 2015 y ahora, de acuerdo con esa regla de liquidez, difícilmente se le podrá impedir que saque su dinero del fondo".

Bravo es uno de los participantes en el debate de 65YMÁS sobre Planes de pensiones individuales y colectivos. Un programa especial presentado por Ana Bedia (@AnaBedia), directora del diario, donde se analizan propuestas de previsión complementaria a la pensión pública y se pone el acento en la necesidad de que los ciudadanos dispongan de una adecuada información sobre la cuantía de su pensión futura.

 

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

 

PREGUNTA.- Durante la pasada legislatura, se han introducido cambios importantes en planes de pensiones: hachazo fiscal a los individuales, impulso de los de empleo, y nacimiento de los colectivos de promoción pública y los simplificados. ¿Cree que son una buena alternativa de ahorro para la jubilación?

RESPUESTA.- Hay que partir de un principio fundamental: el principal soporte económico en la jubilación es el sistema público de pensiones. Necesitamos otros soportes a través de servicios públicos básicos (Sanidad, atención a la dependencia) y desde luego, los sistemas complementarios de pensiones tienen una utilidad y una función social, en cuanto fomentan el ahorro de cara a la jubilación, y generan masas de ahorro ilíquido, es decir, dinero que no va directamente al consumo. En este sentido, los fondos de pensiones cumplen una función social y esto justifica que tengan algún tipo de incentivo. Otro asunto es si cumplen el mismo objetivo los sistemas individuales que los colectivos. 

 

"Los planes de pensiones de empresa benefician a toda la plantilla; los individuales, a las rentas altas”

 

P.- ¿Es más partidario de los planes individuales, o de los de empleo? 

R.- A mi juicio, el que haya una generalización de ese ahorro ilíquido, que permite que la gente posea rentas complementarias, tiene sentido, y por eso se diseñaron los incentivos fiscales. Pero tenemos que ver quién se beneficia de esos incentivos. Esto se comprueba claramente en la estadística de declaraciones fiscales, que muestra cómo por debajo de 30.000 euros de renta, muy pocas personas hacen aportaciones a ningún sistema complementario; al individual, por supuesto que no, y al de empleo algo más, pero apenas. Es cierto que el plan de empleo tiene mayor capacidad de generalizar el ahorro, puesto que cuando una empresa o un sector promueven un plan, han de hacerlo para todos sus trabajadores, tengan el nivel retributivo que tengan. Debido a ese mayor potencial, tiene sentido apostar por el segundo pilar, para que alcance al conjunto de la población.

 

"Rentas superiores a 30.000 euros y, claramente, de 60.000 y 100.000 euros, son las que invierten en planes individuales"

 

P.- ¿Se debería aumentar el tope de 1.500 euros anuales de aportación a planes de pensiones individuales?

R.- En los sistemas individuales, la aportación media no es mucho mayor de los 1.500 euros anuales que ahora existen de tope, pero es verdad que las personas que podrían aportar más de 1.500 euros ahora lo tienen limitado. La clave es si se cumple la función social, que implica perder recaudación fiscal (por los incentivos) y capacidad de hacer otras políticas públicas, para favorecer solo a las rentas más altas, que son las que invierten en planes individuales: las rentas superiores a 30.000 euros y, claramente, por encima de 60.000 y 100.000 euros. Una cuestión es que se comercialice un producto de este tipo, que puede ser bueno en sí mismo, y otra cosa distinta es que dediquemos incentivos fiscales para potenciarlo. En mi opinión, siendo legítima la apuesta por el sistema individual, considero que la función social la cumple mejor el segundo pilar. 

P.- ¿Existen avances significativos en los nuevos planes de pensiones sectoriales? 

R.- El segundo pilar sale de la negociación colectiva, y esto es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, ya hemos tenido una muy buena noticia, que es el convenio colectivo de la construcción, con un potencial de 1 millón de personas, para poner en marcha un gran plan sectorial de pensiones. Y en otros sectores de actividad hay negociaciones en esta materia.

 

“Hay que subir el SMI para que el trabajador se plantee ahorrar en un plan de pensiones”

 

P.- ¿Cree que hacen falta más beneficios fiscales para los trabajadores?

R.- Más que de incentivos, se trata del nivel salarial. Cuando una persona tiene un salario muy bajo, pretender que renuncie a renta inmediata para construir renta futura complementaria para su pensión, es una quimera. La mejor ayuda para que los sistemas complementarios de pensión se desarrollen en los convenios colectivos es la mejora salarial, y especialmente en las rentas más bajas. Probablemente, lo que mejor contribuya a desarrollar sistemas complementarios sea que el salario mínimo interprofesional haya subido un 47% en los últimos cinco años, porque cuando alguien ganaba 900 euros, decirle que la prioridad en su convenio colectivo fuera pactar una prestación complementaria el día que se jubile, era no tener los pies en el suelo.

P.- ¿Tienen los ciudadanos suficiente información sobre su pensión futura? ¿Por qué la Seguridad Social española no envía el famoso sobre naranja? 

R.- El sistema de información sobre la futura pensión se debatió en su día en la reforma de pensiones de 2011 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; entonces pactamos con los empresarios y con el Gobierno de la época el establecer un sistema homogéneo de información. Porque no sirve de nada que la Seguridad Social te de una información de a qué pensión aspiras y que cada entidad tenga su propio simulador con su propia base técnica para determinar cuánto vas a tener de prestación complementaria. Después de 2011, y ya con el Gobierno de Mariano Rajoy, negociamos y alcanzamos un acuerdo con CEOE y CEPYME, se redactó un Real Decreto para que la Seguridad Social y las entidades facilitaran información homogénea. Bueno, pues ese real decreto nunca fue convalidado, porque tenía que ser aprobado en un periodo de dos o tres meses previo a unas selecciones municipales, y a alguien le pareció que no era el momento de hacerlo.

P.- Conocer la cuantía de la pensión futura provocaría numerosos sustos y disgustos. ¿Por eso, ni este Gobierno, ni los anteriores, se han atrevido a poner en marcha el envío del sobre naranja? 

R.- La Seguridad Social tiene que dar una información homogénea, contando con los datos de las entidades, transformada en forma de renta vitalicia y en 14 pagas. Y entonces ponemos en valor realmente lo que cuesta construir una pensión complementaria. Porque para construir una pensión complementaria a través de cualquiera de los productos existentes, hay que destinar mucho dinero. 

 

Participantes en el Debate 65YMÁS sobre Planes de pensiones. Desde la derecha, Carlos Bravo (CCOO), Jaime Sobrino (MAPFRE Inversión), Ana Bedia (directora de 65YMÁS), José González (Santander Asset Management) y Carlos Esquivias (Unespa).

 

P.- Inverco, Unespa, bancos y aseguradoras alertan del peligro que supondrá la entrada en vigor en 2025 de la liquidez total de los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad.

R.- Yo creo que el volumen de dinero que está en riesgo de ser retirado desde 2025 no son las cifras que maneja Inverco, porque para acogerse a la liquidez, las condiciones del contrato del plan tienen que preverlo, y eso ocurre de manera bastante común en los sistemas de pensiones individuales, pero no hay ningún sistema de empleo que lo haya previsto. En ningún plan de empleo, donde hay 36.000 millones de euros, se especifica la posible liquidez a los 10 años. Dicho esto, es cierto que esta medida de la liquidez es como comer y soplar al mismo tiempo (se quiere generar ahorro ilíquido, pero a la vez se le da liquidez), es el producto de dos décadas de escaso desarrollo donde se ha ido como pollo sin cabeza, aprobando diferentes medidas para ver si funcionaban. Se trata de una medida que se adoptó de manera muy improvisada y que ahora puede generar problemas. Es increíble que, habiendo un consenso como el que hay, no se haya revertido. A mi juicio, esa ley de liquidez a partir de 2025 es algo que tendremos que retomar en esta legislatura, y espero que se corrija. Ojo, una parte es incorregible.  A quien ha puesto dinero en sistemas individuales entre 2015 y ahora, con esa regla de liquidez, difícilmente se le podrá impedir que pueda sacar su dinero. Pero cuanto más tiempo tardemos en corregir esa medida de liquidez, más tiempo durará el problema.

 

"En ningún plan de empleo, donde hay 36.000 millones de euros, se especifica la posible liquidez a los 10 años"

 

P.- ¿Hay ejemplos de otros países donde se haya permitido esa liquidez de los planes de pensiones?

R.- En Reino Unido se aprobó una ley de liquidez con David Cameron, para inyectar liquidez a la economía. ¿Y qué sucedió? Reino Unido tiene una tasa de sustitución de las pensiones públicas en torno al 40%, casi la mitad que España. Las personas que dispusieron de su dinero, lo que lograron es empobrecerse para la jubilación, porque el sistema del Reino Unido sí necesita el sistema complementario, ya que su pensión pública es mucho más baja. En Chile van por el cuarto o quinto retiro... En mi opinión, no tiene sentido construir sistemas para la jubilación para que luego sean líquidos. 

 

"La gran contradicción de la reforma de los planes de pensiones afecta a los empleados públicos"

 

P.- El Gobierno confía en que los nuevos planes de pensiones de empleo despeguen en 2024. ¿Qué opina? 

R.- Como aspecto positivo, hay que destacar que la reforma ha puesto otra vez el asunto de los planes colectivos encima de la mesa y se está generando sensibilidad en el ámbito de la negociación colectiva, pero este es un proceso que requiere tiempo. Además, echo en falta un elemento muy importante de coherencia. La reforma apunta a cuatro colectivos diana: el trabajo autónomo, la negociación colectiva sectorial, las Administraciones Públicas, y la economía social (cooperativas, etc.). Pues bien, en el ámbito del trabajo autónomo, existe potencial, aunque ya veremos el desarrollo que tiene. En el ámbito de los planes sectoriales, hay algo de movimiento en la negociación colectiva, pero ahí la clave es el nivel salarial (en sectores con salarios bajos, como las pymes, es muy difícil que la prioridad sea construir pensión complementaria). Y luego está la gran contradicción del sistema, que son los empleados públicos. Los empleados públicos son uno de los objetivos de esta reforma, pero el empleador público no habilita en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que los empleados públicos puedan tener contribuciones a sistemas complementarios de pensiones. Es decir, el mismo gobierno que promueve que se desarrollen de nuevo estos sistemas para los empleados públicos, no habilita que tengan aportaciones. Ese es una gran contradicción que espero que este nuevo Gobierno resuelva, porque lo otro no tiene mucho sentido. 

P.- Desde CCOO, han participado en la reforma del sistema de cotización de los autónomos, y en el nacimiento de los planes de pensiones simplificados. ¿Cuál es su balance?

R.- Los autónomos salen beneficiados, ya que hasta ahora solo podían entrar en el sistema de empleo si promovían un plan de pensiones para sus trabajadores (el que los tenga). Existen 3.200.000 autónomos, pero más de la mitad no tienen trabajadores. Por tanto, esos trabajadores autónomos estaban condenados a ir al tercer pilar (planes individuales), pero hay que tener en cuenta que el coste medio de gestión de un sistema de empleo se sitúa en el entorno del 0,2% y el coste medio del tercer pilar se sitúa entre el 1%-1,5%, es decir, cinco o seis veces más de coste. Lo que hemos hecho con la reforma, con buen criterio, es dejarles entrar al segundo pilar, y para eso se han creado los planes simplificados para autónomos, con límite de aportación de 5.750 euros y unas comisiones limitadas. Ya no van a pagar un 1%-1,5%, sino comisiones más bajas. Otro cambio relevante introducido por la reforma se refiere a la cotización de los autónomos: hasta 2022 incluido podían elegir libremente su base de cotización y escogían sistemáticamente la más baja, lo que les provoca tener pensiones un 40% inferiores a las del Régimen General de la Seguridad Social. Desde 2023 están sujetos a un sistema de cotización por ingresos reales, que elevará la pensión pública de los autónomos.

P. ¿Qué futuro le augura al nuevo fondo de pensiones de promoción pública?

R.- El fondo de promoción pública tiene un problema, y es que pretende ser un gran cajón, como si fuera un fondo soberano, pero donde el Estado no aporta nada, sino que viene de la negociación colectiva para que se aporte ahí. Y claro, si en la negociación colectiva se genera un plan de pensiones, quienes lo gobiernan son sus protagonistas, es decir, empresarios y trabajadores. Mientras tanto, en el fondo de promoción pública, el protagonismo lo tiene la Administración. Así las cosas, lo normal de la negociación colectiva es que el plan que se suscriba se integre en un fondo de empresa privado, o bien en el del sector correspondiente, donde la comisión de control la lideren quienes han negociado el convenio colectivo. Quizá en algunos ámbitos de las Administraciones Públicas sí pueda tener desarrollo, pero para eso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 debe impulsar y habilitar las aportaciones en dichas administraciones.