Futuro de las pensiones
Elisa Chuliá: "La jubilación de los 'baby boomers' exigirá nuevas reformas de pensiones"
Entrevista con la directora de Estudios Sociales de Funcas
Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas (@FUNCASES), es una investigadora que lleva años analizando los retos sociales, políticos y económicos que plantea el envejecimiento de la población española y el aumento de la esperanza de vida en la jubilación, de cara a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Alerta de los enormes desafíos del inminente y masivo retiro de la generación del baby boom, que a su juicio exigirá nuevas medidas de reforma de las pensiones, entre las que cita como probables, el retraso de la edad de jubilación y/o la reducción de la tasa de sustitución.
Según Chuliá, conforme se vayan jubilando los aproximadamente 13 millones de baby boomers que hoy cuentan entre 45 y 64 años, crecerá la necesidad de ajustes. "La generación del baby boom, lógicamente, también ha generado derechos a la percepción de pensiones de viudedad por parte de sus cónyuges o parejas supervivientes, de manera que si no cambia la legislación, cabe anticipar un aumento de las pensiones de viudedad de los varones, así como también un aumento de las personas que percibirán dos pensiones (la de jubilación y la de viudedad, que son compatibles hasta alcanzar el importe de la pensión máxima fijado anualmente)".
Pese a los desafíos que la Seguridad Social afrontará en las décadas de los años 30 y 40, no prevé un choque directo entre generaciones por el pago de las pensiones. "La familia (la institución que más valoran los españoles) es un potente amortiguador de esas posibles tensiones. Ni los hijos ni los nietos se sienten cómodos saliendo a la calle a protestar por el alto precio que supone la financiación de las pensiones de sus padres y abuelos".
"El retiro del 'baby boom' aumentará la cifra de varones con pensión de viudo y las personas con dos pensiones"
PREGUNTA.- ¿Qué supone la entrada gradual de los 'baby boomers' en el sistema de pensiones de la Seguridad Social?
R.- Los españoles nacidos en los 20 años previos a la aprobación de la Constitución forman una generación muy numerosa. De esos aproximadamente 13 millones de baby boomers que hoy cuentan entre 45 y 64 años, los de más edad cumplirán 65 años en 2023, mientras que los más jóvenes cumplirán 67 años (la edad ordinaria de jubilación a partir de 2027) hacia 2045. La generación del baby boom se distingue también por ser la que registra una mayor proporción de personas con derecho a pensión contributiva de jubilación desde que existe la Seguridad Social, y ello porque muchas mujeres que nacieron durante ese periodo han trabajado remuneradamente y acreditan carreras de cotización suficientemente largas para cobrar una pensión de jubilación.
Lógicamente, también han generado derechos a la percepción de pensiones de viudedad por parte de sus cónyuges o parejas supervivientes, de manera que si no cambia la legislación, cabe anticipar un aumento de las pensiones de viudedad de los varones, así como también un aumento de las personas que percibirán dos pensiones (la de jubilación y la de viudedad, que son compatibles hasta alcanzar el importe de la pensión máxima fijado anualmente). La combinación de estos factores (el gran número de personas que constituyen la generación del baby boom, la elevada proporción de ellas que se convertirán en pensionistas de jubilación y el crecimiento de la “concurrencia de pensiones”) empuja al alza el gasto en pensiones durante las próximas décadas. Puesto que la política de pensiones en España consiste básicamente en introducir ajustes en las reglas de acceso y de cálculo de las pensiones cuando aumenta la presión financiera sobre el sistema (y, en consecuencia, la presión de las instituciones europeas y los organismos internacionales), es muy probable que a medida que los baby boomers se vayan incorporando a la población jubilada, se adopten medidas para retrasar la edad de jubilación y/o reducir la tasa de sustitución de las pensiones (la relación entre la primera pensión y el último salario).
Claro es que no todos los baby boomers van a jubilarse bajo las mismas condiciones. Por ello, es razonable pensar que sus derechos de pensión variarán sustancialmente según el momento en el que se hayan jubilado, lo cual puede generar inequidades significativas.
Chuliá ve "verosímil que se produzcan episodios de expresión pública de descontento" por las pensiones
P.- De cara al futuro próximo, ¿existe un riesgo de conflicto intergeneracional que polarice a la sociedad entre mayores y jóvenes por la desproporción de gasto social asignado a unos y otros?
R.- Si por conflicto intergeneracional entendemos un malestar que eventualmente puede manifestarse en protestas de la población joven, no contra los pensionistas, pero sí contra el comparativamente escaso apoyo que reciben del Estado (por ejemplo, para financiar su vivienda o criar a sus hijos), sí me parece verosímil que se produzcan episodios de expresión pública de descontento. En todo caso, la familia (la institución que más valoran los españoles) es un potente amortiguador de esas posibles tensiones entre generaciones. Ni los hijos ni los nietos se sienten cómodos saliendo a la calle a protestar por el alto precio que supone la financiación de las pensiones de sus padres y abuelos. De momento, quienes elevan “la voz” no son los jóvenes, sino los mayores y pensionistas, que piensan (a mi juicio equivocadamente, porque no se les ha explicado bien) que el sistema de pensiones español no ofrece pensiones “dignas” y que está en riesgo de ser privatizado. Más probable que el enfrentamiento abierto entre las generaciones me parece que los jóvenes opten por “la salida”; es decir, que se planteen trabajar y vivir en países cuyos Estados no les exigen más de lo que les ofrecen.
"No soy partidaria de revalorizar solo las pensiones más bajas, porque implicaría penalizar en exceso a quien más contribuye"
P.- ¿Qué opina acerca del debate sobre la revalorización de las pensiones?
R.- Ante la elevada inflación y las incertidumbres acerca de la evolución de la economía en esta fase de post-pandemia e inestabilidad internacional, la revalorización de las pensiones conforme al IPC parece arriesgada por el enorme incremento del gasto que supone (que, además, se consolida). Es cierto que la Ley 21/2021 establece la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior, pero también incluía la Ley 24/1997 una provisión de revalorización semejante (si bien en función del IPC previsto, con el compromiso de abono de la diferencia en caso de que este fuera inferior al IPC real) y en 2010 no se revalorizaron las pensiones (salvo las mínimas y no contributivas) en vista de los riesgos económicos que afrontaban algunos países de la Unión Europea en aquellos momentos. Hoy, todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, tendríamos que asumir los costes de la situación extraordinaria por la que atravesamos. Lógicamente, eso requiere explicar a la sociedad las razones por las cuales, como comunidad, debemos responder a estas circunstancias.
No soy partidaria de revalorizar solo las pensiones más bajas porque implicaría penalizar excesivamente a los que cobran una pensión más alta por haber contribuido más al sistema de la Seguridad Social. Preferiría que, aun revalorizando todas las pensiones por debajo del IPC para trasladar esa necesidad de respuesta colectiva a la extraordinaria situación por la que atravesamos, la revalorización fuera progresiva, de tal manera que las pensiones más bajas se revalorizaran en mayor medida que las más altas. La decisión de actualizar las pensiones por debajo del IPC (acercándose mucho a él las más bajas, y distanciándose más de él las más altas) lanzaría una señal potente a las instituciones europeas, a los Estados miembro y a los organismos económicos internacionales sobre la voluntad del país de afrontar con determinación los retos pendientes (entre ellos, reducir el déficit público que, cuando se restablezcan las reglas fiscales, puede volvernos a “estigmatizar” en Europa). Ahora bien, una decisión semejante solo resultaría socialmente aceptable si se explicara con claridad a los pensionistas, si fuera justificada de manera comprensible y convincente en virtud de la necesidad de contener el crecimiento del gasto en pensiones, principal partida del gasto público; y no por un afán de austeridad, sino porque de ello depende el buen funcionamiento de la economía y, por tanto, la generación de empleo y riqueza.
"Toda reforma de pensiones debe asegurar un nivel mínimo para cubrir las necesidades fundamentales"
P.- ¿Habría que plantearse más reformas del sistema de pensiones? En tal caso, ¿cuáles le parecerían mejor?
R.- La aprobación de nuevas reformas en los próximos años me parece muy probable. La pregunta es si se limitarán a introducir ajustes en los parámetros del sistema, es decir, si serán reformas paramétricas, o si afectarán a su estructura.
A mi juicio, las reformas de calado siguen pendientes. Entre las posibles reformas de las pensiones, habría que elegir la que más redujera el riesgo de insostenibilidad financiera del sistema, considerando el esfuerzo contributivo realizado por los trabajadores, pero también asegurando siempre un nivel mínimo para cubrir las necesidades fundamentales para vivir. Yo sería favorable a la introducción gradual de un sistema que concediera una pensión de jubilación “compuesta”: por una parte, una renta básica (financiada mediante impuestos) para todas las personas que cumplieran determinadas condiciones de edad y aportación a la riqueza del país durante su edad laboral; por otra, una pensión contributiva, estrictamente basada en las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social (no en la base salarial por la que se cotiza, sino en la suma efectivamente cotizada) y que, a la hora de calcular la prestación, tuviera en cuenta la esperanza de vida de la cohorte a la que pertenece él/la trabajador/a.
En mi opinión, lo deseable habría sido que una reforma que compatibilizara así los principios de suficiencia y contributividad se hubiera acordado y planificado a finales del siglo pasado, cuando comenzó a percibirse con bastante claridad que el sistema de pensiones estaba expuesto a una creciente presión financiera con posibles consecuencias negativas para la economía y la hacienda. Estableciendo periodos de adaptación largos, una reforma semejante habría permitido a los trabajadores prepararse ante los cambios con suficiente tiempo.
"Los aumentos de productividad no parecen suficientes para sostener la financiación de pensiones"
P.- ¿Cómo influye la demografía en la urgencia de reformar las pensiones?
R.- Es importante que la población comprenda que el sistema de pensiones, cuyo rendimiento en este último medio siglo solo se puede calificar de extraordinario, se diseñó e implantó en los años 60 del pasado siglo, cuando las personas mayores tenían una esperanza de vida mucho más corta que la actual y cuando las tasas de fecundidad eran mucho más altas y permitían un crecimiento importante de la población por la base.
Las circunstancias demográficas han cambiado radicalmente y, aunque la capacidad de la economía ha crecido mucho, los aumentos de productividad no parecen suficientes para sostener la financiación de pensiones (tal como hoy están reguladas) sin menoscabar el buen funcionamiento de la economía y el razonable equilibrio intergeneracional en la asignación de recursos públicos. Mientras no se entienda bien esto, resultará muy difícil que los ciudadanos acepten la necesidad de reformar las pensiones.
