El empeño de Escrivá en subir a 30 años el cálculo de la pensión empantana la mesa de diálogo social

Rechazo total de pensionistas y sindicatos al 'plan Escrivá' por endurecer el cálculo de la pensión

Escrivá plantea que el periodo de cálculo de la pensión suba cinco meses por año entre 2027 y 2038

 Escrivá dice que contar 28 años en vez de 25 beneficiará a la pensión de los trabajadores jóvenes

 

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, afronta la recta final de año con una carrera contrarreloj para lograr el visto bueno de sindicatos y patronal a la segunda pata de la reforma de las pensiones, que el Gobierno español prometió a la Comisión Europea tener aprobada antes de que finalice 2022.

Las perspectivas son poco halagüeñas, y de hecho, la negociación está empantanada: CEOE y CEPYME se oponen a una eventual extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y temen que el progresivo destope de las bases máximas suponga otro encarecimiento de cotizaciones para las empresas; los sindicatos se niegan en redondo al empeño del ministro de modificar el periodo de cálculo de las pensiones, si ello supone un recorte de la pensión futura (el Ministerio plantea aumentarlo desde los actuales 25 años cotizados a 30 años, con posibilidad de elegir los 28 mejores); y tanto patronal como sindicatos critican la falta de información por parte del Ministerio, que en las últimas semanas no les había presentado informes ni proyecciones sobre el impacto de las medidas previstas. 

Así las cosas, este lunes, 12 de diciembre, se reúne de nuevo la Mesa de Diálogo Social para tratar de desatascar las dos principales reformas que faltan: por una parte, el destope de la base máxima de cotización y de la pensión máxima, y por otra, la modificación del sistema de cómputo de la pensión. De entrada, CCOO ha repetido por activa y por pasiva que no va a negociar un endurecimiento del cálculo de la pensión, porque la propuesta lanzada por Escrivá, "ni forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni es necesaria en el momento actual", según Unai Sordo, secretario general de CCOO. Por parte de UGT, Pepe Álvarez matiza que se podrían abrir a tal negociación, siempre que no represente un recorte de la pensión. 

A su vez, fuentes oficiales de CEOE avisan de que la propuesta del ministro se sitúa "extramuros del Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado. Lo que el Pacto recomienda es analizar el impacto del cómputo en las nuevas carreras profesionales, en carreras irregulares; además de evaluar los efectos de la entrada en vigor de los 25 años de cómputo; y eso aún no lo ha hecho el Ministerio".

Hay que recordar que el plan de ampliar a 30 años el cálculo de la pensión futura ha levantado ampollas en el propio Gobierno, ya que tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz, como el socio de coalición, Unidas Podemos, consideran que supondría endurecer el acceso a la jubilación, recortar derechos y rebajar la cuantía de las pensiones de los futuros jubilados.

Lo que propone Escrivá... 

Dentro de la segunda fase de reforma de las pensiones, que debe estar acordada y/o aprobada antes del 31 de diciembre de 2022, el Ministerio de Seguridad Social plantea: 

- Modificar el cálculo de la pensión: se aumentaría progresivamente, desde los últimos 25 años cotizados, hasta los 30 últimos, el periodo de cálculo de la pensión, permitiendo que el trabajador escoja los 28 mejores de esos 30. El ministro pretende aprobar la reforma por Real Decreto Ley, tal como se hizo anteriormente con la reforma laboral o el sistema de cotización de los autónomos. 

La idea inicial del Ministerio es ir ampliando cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos, según un documento de partida del Gobierno al que ha tenido acceso Europa Press. Esta sería la evolución de los años de cálculo, si se aprobara la propuesta de partida del Gobierno: en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo, se contarían 25 años y cinco meses; en 2030 habría que tener en cuenta 26 años y ocho meses; en 2035 se contarían 28 años y nueve meses... y así sucesivamente. 

Aunque el ministro Escrivá insiste en que su propuesta ha de ser negociada, tanto sindicatos como patronal se han mostrado contrarios a ello. El más vehemente, CCOO, cuyo secretario general, Unai Sordo, "alucina" con las valoraciones del ministro sobre la marcha de las negociaciones, y asegura que "no va a entrar a negociar" el periodo de cómputo.

- Bases máximas: el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Más en detalle, entre 2025 y 2050, serían las leyes de Presupuestos Generales del Estado las que fijarían la subida de las bases máximas, teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

- Pensión máxima: el Gobierno propone que suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos; lo que significa un menor incremento, por tanto, al planteado para las bases máximas.  A partir del año 2050, en el marco del diálogo social, se determinaría el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".

Al igual que se propone para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima solo subirá los adicionales 0,115 puntos hasta 2050 (según estipula la propuesta del Gobierno).

- Mejorar las lagunas de cotización. Dentro de su propuesta para esta segunda fase de reforma de las pensiones, el Ministerio de Escrivá propone asimismo mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Ofrece también un tratamiento especial para las lagunas de cotización de los autónomos.

- Propuestas para reducir la brecha de género. Los representantes del Ministerio de Seguridad Social han planteado propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones, que no se han hecho públicas todavía.

... y lo que quieren los sindicatos

Donde parece posible el acuerdo entre Gobierno y sindicatos es en la necesidad de eliminar el tope de las bases máximas de cotización y, en paralelo, de la pensión máxima, si bien falta por acordar el cómo, el cuándo y a qué ritmo se llevaría a cabo.

UGT considera "discriminatorio y sumamente regresivo" que los salarios más altos tengan "partes importantes exentas de cotización a la Seguridad Social". Tal como han destacado tanto el secretario general, Pepe Álvarez, como Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, existe "margen en cuanto a la subida de los topes de las bases máximas de cotización". En paralelo, exigen que también se aumenten las pensiones máximas.

En parecido sentido, CCOO ve con buenos ojos la intención de aumentar las bases máximas de cotización para consolidar la cotización por ingresos reales de todos los colectivos y reforzar los ingresos del sistema. Defienden asimismo mejorar las pensiones más bajas; seguir reduciendo la brecha de género y culminar las cuestiones aún pendientes de la primera fase de negociación de la reforma de pensiones.

Sin embargo, exigen al ministerio negociar los detalles de los porcentajes de subidas y de plazos para hacerlo, en la mesa de reforma de las pensiones, con propuestas oficiales y planteamientos, y no con globos sonda en los medios de comunicación. Y reiteran que todas aquellas medidas que impliquen recortes en la cuantía de las pensiones o en el derecho de los pensionistas, serán rechazadas, tal como ratificó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social, en un reciente debate sobre pensiones organizado por 65YMÁS.

CEOE se opone a más alzas de cotizaciones

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que estará en vigor desde 2023 hasta 2032, supone una sobrecotización del 0,6%, que pagarán los empresarios (0,5%) y trabajadores (0,1%) para afrontar las tensiones de gasto en el sistema que se derivarán de las jubilaciones de los baby boomers.

A la Comisión Europea, como ha reconocido el propio ministro Escrivá, no le acaba de convencer el MEI por ser una regla semiautomática, ya que esta sobrecotización se revisará para ver si tiene continuidad a partir de 2032 o se modifica por otra medida distinta.

De hecho, Bruselas es partidaria de que se extienda hasta 2050. También el sindicato CCOO es partidario de ampliar este esfuerzo de mayor cotización hasta el año 2050. Por el contrario, CEOE y CEPYME se oponen a un eventual incremento de cotizaciones, sea por el MEI u otra fórmula.

El Ministerio de Seguridad Social sigue en conversaciones con la Comisión para tratar de convencerla de la idoneidad de esta fórmula semiautomática, aunque, si no lo consigue, finalmente la sobrecotización podría llegar hasta 2050.

Mujeres y carreras cortas perderían con 30 años

Si la reforma que plantea Escrivá logra aumentar el cálculo de la pensión a los 30 últimos años, habría beneficiados pero, sobre todo, perjudicados, según denuncian los movimientos de pensionistas y algunos expertos.

Según el análisis elaborado por el Observatorio de Pensiones de WTW, “inicialmente, el aumento de 25 a 30 del número de años de cómputo para el cálculo de la Base Reguladora es una medida que mejoraría la sostenibilidad financiera y la contributividad del sistema, al aumentar la relación entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas. Pero los resultados son totalmente diferentes si en el cómputo de 30 años se incluyen solo los 28 mejores años de esos 30, porque no mejora la sostenibilidad financiera del sistema y, por otro lado, tampoco mejora la equidad contributiva, entendiendo por tal la relación entre cotizaciones y prestaciones”.

El análisis de WTW también muestra un problema de discriminación indirecta de género, pues las mujeres empeorarían la cuantía de su pensión inicial un 0,86%, frente al incremento de los hombres, que sería de un 0,44%.

¿Quiénes se podrían beneficiar de contar los 28 mejores años? Según el Observatorio de Pensiones de WTW, serían:

 - Ccarreras laborales medias-largas, más que aquellos con carreras laborales muy largas, porque la ampliación a 30 años no les supone más lagunas de cotización y el descarte de dos años parece que beneficie menos a los que tienen carreras laborales muy largas, tal vez porque sus bases son más estables que los de carrera laboral media. Las personas con carreras cortas salen perjudicadas porque la ampliación les supone más lagunas. 

- Carreras laborales irregulares, frente a quienes las tienen estables, aunque no se ha diferenciado este colectivo en los cálculos.

- Jubilados anticipados con carreras laborales más largas (aumento del 0,18%); mientras que en el caso de la jubilación demorada sufrirían una bajada del 1,05%.

- Los autónomos, que podrán descartar dos años, en muchos casos evitando bases de cotización igual a cero, con lo que mejoran la pensión. 

- Los hombres, frente a las mujeres, dado que el tener carreras laborales más largas parece que pesa más que tener carreras laborales más estables. Concretamente, el aumento de la cuantía de la pensión inicial es de 0,44%, frente a una disminución, en el caso de las mujeres, de 0,86%.