Escrivá se ahorra 38.284 millones de gastos impropios, pero el déficit no baja del 0,5% en dos años

El destope de pensiones que plantea Escrivá no compensa el gasto que supone ligar la subida al IPC

En 2023, la Seguridad Social se ahorrará 19.888 millones de euros en gastos impropios, que hasta la aprobación de la última reforma de las pensiones se venían pagando a cargo de las cotizaciones sociales de los trabajadores y, por tanto, drenaban los recursos financieros del sistema de pensiones. Desde 2022, estos gastos, considerados impropios, los financia el Estado (es decir, todos los contribuyentes, vía impuestos), mediante la realización de transferencias a la Seguridad Social, que ya en 2022 supusieron la considerable cifra de 18.396 millones de euros.

En total, entre 2022 y 2023, el ministerio que dirige José Luis Escrivá se ahorra el pagar 38.284 millones en dos años (gastos que no le correspondían, pero que hasta 2021, incluido, costeó en cumplimiento de la ley del momento), que de no ser por el acuerdo del Pacto de Toledo y la posterior reforma que lo implementó, habrían seguido saliendo de las cotizaciones de trabajadores y empresas.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y 2023 consignan que "gastos que se financian con cargo a cotizaciones sociales pasen a financiarse por el Estado gastos o menores ingresos como: las reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo (subvenciones implícitas) a regímenes especiales para ayudas a sectores específicos, o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación, etc."

Para ello, en 2023 el Estado trasferirá a la Seguridad Social la citada cifra de 19.888 millones de euros (equivalente al 1,4 % del PIB) para cubrir, entre otros, parte de los gastos que en el pasado asumía el sistema. Estos gastos impropios se concretan en este cuadro:

El ahorro por deshacerse de los denominados gastos impropios se desgrana en varias partidas. Por ejemplo, la Seguridad Social carga en su presupuesto con 4.128,84 millones de euros, en concepto de bonificaciones y reducciones a la cotización de la Seguridad Social, como parte de las medidas de fomento del empleo; cifra que supone un incremento del 4,3% respecto del año 2022, tal como detalla el Informe económico-financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2023.

Según los PGE (ver tabla superior), el sistema dejará de costear 1.812,34 millones de euros por reducciones en cuotas de las empresas, que pasan a ser sufragados por el Estado. Tampoco detraerá ingresos por cotizaciones para pagar los 2.203,74 millones que suponen cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación. Y se ahorrará 3.117,81 millones extra por prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado del menor, entre otros conceptos.

Alivio para los ingresos por cotizaciones desde 2022

Este ahorro de gastos lo viene experimentando la Seguridad Social desde 2022, puesto que ese año comenzaron a implementarse las transferencias del Estado para cubrir los gastos impropios, cifrados en 18.396 millones de euros el año pasado (ver detalles en cuadro inferior).

Las cuantías y las partidas concretas son muy similares a las de 2023, siendo la más onerosa la que se refiere a "otros conceptos de naturaleza contributiva", por importe de algo más de 5.000 millones, que el Estado lleva asumiendo dos años consecutivos; y la Seguridad Social, por tanto, se ahorra de pagar.

El déficit no bajará del 0,5% en esos dos años 

A pesar de la asunción por parte del Estado de esos cerca de 40.000 millones de gastos impropios, la Seguridad Social no logrará reducir su déficit, que seguirá siendo del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2023 (unos 7.199,16 millones de euros), según las previsiones del propio ministerio, contenidas en los Presupuestos para este año.

El desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social se ha ido reduciendo todos los años, desde 2016, cuando suponía el 1,7% del PIB.

En 2020, debido a la pandemia del COVID, se produjo una situación excepcional en la que la Seguridad Social sufrió una reducción considerable de la recaudación por cotizaciones, por exoneración de cuotas tanto a trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia. El sistema soportó asimismo un aumento de las prestaciones por incapacidad temporal, y también una prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos. Para compensar el desfase financiero, el Estado transfirió 20.002,59 millones de euros a la Seguridad, y aun así, el déficit de 2020 fue del 1,2% del PIB.

El déficit de las pensiones bajó al 0,9% del PIB en 2021 (números rojos de 11.096,83 millones de euros), y se redujo al 0,5% en 2022, según el saldo previsto por el ministerio. Para este 2023, el Gobierno cuenta con repetir un déficit del 0,5%, a pesar de recibir del Estado casi 40.000 millones de euros, para liberar al sistema de los citados gastos impropios.