Futuro de las pensiones
Escrivá plantea un alza extra del complemento de brecha de género y mejorar lagunas de cotización
Ofrece elevar hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años
El empeño de Escrivá en subir a 30 años el cálculo de la pensión empantana la mesa de diálogo social
Rechazo total de pensionistas y sindicatos al 'plan Escrivá' por endurecer el cálculo de la pensión
Escrivá plantea que el periodo de cálculo de la pensión suba cinco meses por año entre 2027 y 2038
El Gobierno sigue moviendo fichas para tratar de convencer a los agentes sociales de que aprueben sus propuestas para la segunda fase de la reforma de las pensiones, que se encuentra empantanada, sobre todo, por el empeño del ministro, José Luis Escrivá, en elevar el periodo de cálculo de las pensiones, desde los actuales 25 años hasta los últimos 30 años, con posibilidad de escoger los 28 mejores de esos 30.
Este lunes, la Mesa del Diálogo Social sobre Pensiones se ha vuelto a reunir para abordar los hitos pendientes del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Durante el encuentro, el Gobierno ha presentado a los interlocutores sociales nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, "el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo", tal como confirman fuentes del Ministerio.
Asimismo, el gabinete del ministro Escrivá propone también mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos.
También se propone elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual.
A falta de conocer la respuesta de los agentes sociales a estas propuestas, la Mesa del Diálogo Social sobre Pensiones ha quedado en reunirse en los próximos días.
Carrera contrarreloj para convencer a sindicatos y patronal
El ministro Escrivá afronta la recta final de año con una carrera contrarreloj para lograr el visto bueno de sindicatos y patronal a la segunda pata de la reforma de las pensiones, que el Gobierno español prometió a la Comisión Europea tener aprobada antes de que finalice 2022. Las perspectivas son poco halagüeñas, y de hecho, la negociación está empantanada: CEOE y CEPYME se oponen a una eventual extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y temen que el progresivo destope de las bases máximas suponga otro encarecimiento de cotizaciones para las empresas; los sindicatos se niegan a modificar el periodo de cálculo de las pensiones, si ello supone un recorte de la pensión futura (el Ministerio plantea aumentarlo desde los actuales 25 años cotizados a 30 años, con posibilidad de elegir los 28 mejores); y tanto patronal como sindicatos critican la falta de información por parte del Ministerio, que en las últimas semanas no les había presentado informes ni proyecciones sobre el impacto de las medidas previstas.
En la reunión de este lunes, la Mesa de Diálogo Social se ha reunido para tratar de desatascar las dos principales reformas que faltan: por una parte, el destope de la base máxima de cotización y de la pensión máxima, y por otra, la modificación del sistema de cómputo de la pensión.
Por parte del sindicato CCOO, han repetido por activa y por pasiva que no va a negociar un endurecimiento del cálculo de la pensión, porque la propuesta lanzada por Escrivá, "ni forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni es necesaria en el momento actual", según Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Desde UGT, Pepe Álvarez, matizó la semana pasada que se podrían abrir a tal negociación, siempre que no represente un recorte de la pensión, aunque en principio se oponen a la pretendida ampliación del ministerio.
A su vez, fuentes oficiales de CEOE han avisado de que la propuesta del ministro se sitúa "extramuros del Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado. Lo que el Pacto recomienda es analizar el impacto del cómputo en las nuevas carreras profesionales, en carreras irregulares; además de evaluar los efectos de la entrada en vigor de los 25 años de cómputo; y eso aún no lo ha hecho el Ministerio".
Por no citar que el plan de ampliar a 30 años el cálculo de la pensión futura ha levantado ampollas en el propio Gobierno, ya que tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz, como el socio de coalición, Unidas Podemos, consideran que supondría endurecer el acceso a la jubilación, recortar derechos y rebajar la cuantía de las pensiones de los futuros jubilados.
