Futuro de las pensiones: habrá pensión para todos, pero nos jubilaremos más tarde y cobraremos menos

Sánchez: "El problema de los jóvenes no está en los bolsillos de sus abuelos"

Escrivá: "Las pensiones están razonablemente aseguradas"

El principal reto del sistema de pensiones español de aquí a 2050 es el impacto de la jubilación masiva de la generación del baby boom, que producirá un fuerte aumento del gasto y del déficit, con los que habrá que convivir progresivamente a lo largo de las décadas 30 y 40, un periodo durante el cual, el retiro de los alrededor de 13 millones de 'baby boomer' coincidirá con una esperanza de vida cada vez mayor y pensiones iniciales más elevadas.

El Gobierno asegura que las costuras del sistema son firmes y se podrán pagar las pensiones a todos, con suficiencia y sostenibilidad. En palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, las pensiones están "razonablemente aseguradas", si bien admite un problema de cálculo para las dos próximas décadas porque viene detrás una generación más estrecha. "Lo que estamos haciendo con la reforma de pensiones y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es reforzar el sistema de las décadas de los años 30 y 40", precisó hace unas semanas, remarcando que "a partir de 2050 vuelve a bajar la tensión y el gasto será manejable".

Sin embargo, las previsiones de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea o el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), plantean serios interrogantes sobre el futuro y reclaman reformas de mayor calado. 

En este sentido, el Banco de España, en su Informe anual 2021, alerta de que los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirán de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos; aboga por reforzar el vínculo entre contribuciones realizadas y prestaciones recibidas; advierte de que la evolución del gasto es una seria amenaza de futuro para las cuentas públicas; y avisa de que hacen falta más reformas de envergadura.

Por su parte, la AIREF, en sus previsiones demográficas y de gasto en pensiones para 2050, apunta que el gasto aumentará al 14,2% del PIB (frente al 11% actual). Y calcula que elevar dos años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para la jubilación aportaría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB.

Mayor edad y recorte progresivo de la pensión

Para Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "dado el elevado déficit contributivo que tiene el sistema de pensiones, un 2% del PIB, y el aumento de déficit que supondrá la llegada de la generación del baby-boom, el futuro de las pensiones no es nada halagüeño si no se hacen importantes reformas. Las que se aprobaron el año pasado van a empeorar la sostenibilidad y las que están pendientes, me temo que no van a mejorar tampoco la suficiencia financiera del sistema". Respecto al retiro de los baby-boomers, "nos obligará a jubilarnos más tarde, con una menor relación entre la pensión y el salario (lo que no implica que las pensiones sean menores que las actuales en términos absolutos, aunque sí en términos relativos). Lo que no sabemos es cómo se concretará la reducción de la pensión ni el alcance que puede tener".

Ante el problema de consolidación del gasto que supone revalorizar las pensiones en función del IPC, Devesa considera que, en situaciones de inflación normal, habría que revalorizarlas todas con el mismo porcentaje; si bien podría aplicarse una mayor subida a las mínimas. Pero en una situación de alta excepcionalidad podría tener sentido que las más altas subieran en menor porcentaje. No hay que olvidar que la revalorización va a suponer unos 14.000 millones en 2023, pero su consolidación mientras sigan cobrando la pensión aquellos a los que se les suba supone unos 200.000 millones en valor actual". 

Tal como detalla Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas (@FUNCASES), de los aproximadamente 13 millones de baby boomers, los de más edad cumplirán 65 años en 2023; los más jóvenes lo harán en dos décadas. "Puesto que la política de pensiones en España consiste en introducir ajustes en las reglas de acceso y de cálculo de las pensiones cuando aumenta la presión financiera sobre el sistema, es muy probable que a medida que los baby boomers se vayan incorporando a la población jubilada, se adopten disposiciones que obliguen a retrasar la jubilación e impliquen reducción de la tasa de sustitución (la relación entre la primera pensión y el último salario)".

La experta de Funcas tiene claro que "no todos los baby boomers van a jubilarse bajo las mismas condiciones. Por ello, es razonable pensar que sus derechos de pensión variarán sustancialmente según el momento en el que se hayan jubilado, lo cual puede generar inequidades significativas".

En parecido sentido, el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) ve probable que "los primeros diez años de la cohorte de jubilados baby boomers entren en el sistema sin ningún tipo de recorte (de hacerse una reforma profunda del sistema habrá que esperar, al menos dos años, y otros 5-6 de implementación). Por tanto, no tendrán una merma significativa en la pensión de entrada. Sin embargo, los siguientes diez años sí es probable que entren con una tasa de sustitución más baja; y por tanto, que haya un recorte progresivo de la pensión de entrada en relación al último salario". Para Santacruz, el problema de fondo es haber optado por la subida lineal con arreglo a la inflación, y por tanto, "el problema no se circunscribe a que las pensiones altas suban lo mismo que las bajas".

Se compaginará pensión y trabajo a tiempo parcial

Tal como advierte el catedrático y subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), el sistema necesita reformas de calado para adecuarse a la realidad demográfica. "La edad de jubilación se va a ir posponiendo, pero la forma en que nos jubilaremos será distinta de hoy día, cuando una persona pasa de trabajar 40 horas a la semana a trabajar cero. En el futuro veremos salidas graduales compatibilizando la pensión con un salario por empleo a tiempo parcial". 

A Conde Ruiz, la revalorización de las pensiones con el IPC, para no perder poder adquisitivo, le parece acertada, pero en situaciones excepcionales de inflación disparada como la actual (el IPC de septiembre es el 9%), "el sistema debería tener válvulas de escape, y al menos las pensiones más altas deberían entrar en un pacto de rentas y subir menos que la inflación. Y las más bajas, algo más que la inflación. Esto permitiría liberar recursos y paliar la delicada situación fiscal de España". 

Por su parte, José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, estima "bastante probable que el aumento de la edad de jubilación no se pare en 2027 y que siga subiendo, quién sabe si a razón de uno o algo más meses por año. Y acabe ligada al aumento de la Esperanza de Vida de manera automática. Puede ocurrir también que las pensiones se actualicen con IPC - X. Pero esto es menos probable. O que, si desciende la inflación, también se ajusten a la baja. Todo depende de lo grave que sean la deuda y el déficit".

Para Herce, en tiempos de inflación elevada, sobre todo si es importada, "todas las pensiones deberían actualizarse con “IPC - X”, si bien advierte de que en un sistema contributivo, es un error diferenciar por niveles de pensión, en referencia a ciertas voces que en los últimos tiempos plantean un tratamiento distinto para las de mayor cuantía. "Hay que ocuparse de todos los que necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Y hay que reforzar el carácter contributivo de las pensiones, racionalizar y hacer sostenible su explosiva fórmula de cálculo y pasar a los Presupuestos la solidaridad, tanto para pensionistas como para trabajadores que la necesiten", resalta.

La profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eva Blázquez  (@emblazq), da por seguro que "caminamos hacia un retraso de la jubilación, porque nos quedan más de 20 años por delante para que el sistema absorba a los baby boomers, y no existe suficiente mano de obra. Es muy probable que en 2027, incluso antes, el Gobierno de turno plantee demorar la jubilación".

Respecto al impacto presente y futuro de la fórmula de revalorización, Blázquez admite la dificultad de compaginar mantenimiento del poder adquisitivo, contributividad y sostenibilidad. Considera que "las pensiones mínimas es necesario subirlas, así como las no contributivas", pero las más elevadas y máximas, en tiempos de crisis, "se podrían ligar al aumento de los salarios, en vez de al IPC estricto".

Opciones: pacto de rentas y cuentas nocionales

El retiro masivo de la generación del baby boom plantea desafíos inéditos de gasto y tensión financiera en la Seguridad Social, ya de por sí tensionada.

Según explica el Foro de Expertos del Instituto Santalucía, las medidas adoptadas en 2021 de sustitución del índice de Revalorización de las Pensiones por el IPC y eliminación del Factor de Sostenibilidad, implican un mayor gasto estructural del sistema. "Si estas medidas no vienen acompañadas de un incremento de los ingresos o de una disminución del gasto por otras vías, puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema a largo plazo. De cara al futuro, el sistema debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, que seguiría siendo de reparto, pero con mejoras relevantes. Un sistema de este tipo sería compatible con las pensiones mínimas que decida la sociedad, incluso con un poder adquisitivo creciente", recalca el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez (@yimy65).

Sobre el reto que la inflación disparada supone para la subida anual de las pensiones, Jiménez afirma: "Es urgente llegar a un pacto de rentas para que no surjan efectos de segunda ronda y atajar la inflación lo antes posible. Cuando se piden sacrificios a trabajadores públicos y privados, y a empresas, tiene todo el sentido que también se le pida a los pensionistas, sobre todo a las pensiones altas. Las pensiones no deberían subir por encima de la media de los salarios".

Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de la organización de consultores de pensiones OCOPEN (@OCOPEN_), pone el acento en que las reformas de pensiones emprendidas resultan "insuficientes y poco ambiciosas para abordar de forma estable los retos futuros, por lo que asistiremos, probablemente no dentro de mucho tiempo, a nuevos cambios". Y recuerda que la jubilación del baby boom va a estar caracterizada por el acceso a la jubilación de cohortes de población muy numerosas (colectivo de jubilados creciente), con una esperanza de vida cada vez mayor (más años de percepción de pensión) y pensiones iniciales cada vez más elevadas. "Todo ello confluye en la misma dirección: un fuerte incremento del gasto futuro en pensiones que debe ser financiado por cotizaciones de trabajadores en activo", afirma Jiménez, que también estima oportuno un pacto de rentas, al considerar que "todos debemos estar implicados en un esfuerzo común que se traslade a un pacto de rentas, sin perjuicio de proteger de manera especial a los más necesitados como pueden ser los perceptores de pensiones mínimas".

De cara al futuro, la decisión de España de que las pensiones se revaloricen con el IPC plantea enormes desafíos, avisa Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com. "El pacto de rentas es necesario hoy, para repartir la pobreza que sufrimos por el golpe de la inflación. Y será preciso siempre que la subida de las pensiones se tenga que pagar vía aumento de costes laborales. Porque en un mercado como el español, sin pleno empleo ni empresas de mucho valor añadido, el impacto del incremento de costes laborales significa: 1) que se reduce el salario neto del trabajador o 2) que las empresas no pueden pagar al trabajador el coste que se les ha incrementado, no contratan y generan paro", argumenta Monserrat. 

CEOE y Cepyme: el MEI castiga al joven y encarece el empleo

"No hay que lanzar mensajes apocalípticos sobre el futuro de las pensiones, ya que el sistema de Seguridad Social tiene muchas fortalezas, la primera, que es puro Estado y por tanto las pensiones están garantizadas. Ahora bien, el sistema hay que fortalecerlo con reformas y proyecciones a largo plazo, porque los cambios tardan muchos años en dar resultado", resaltan fuentes de CEOE, muy crítica con el MEI, una medida incluida en la Ley de reforma de las pensiones que la patronal no firmó, al contrario que los sindicatos UGT y CCOO.

"Nosotros creemos que el MEI no es en verdad un mecanismo de equidad intergeneracional, sino una subida lineal de cotizaciones sociales durante 10 años, un coste extra que el Gobierno hace recaer fundamentalmente sobre las empresas y en parte sobre los trabajadores. Tampoco asegura la sostenibilidad futura de las pensiones, ni  soluciona el fuerte gasto por la jubilación del baby boom en los próximos 25 años. El MEI lo que hace es encarecer el puesto de trabajo, en realidad, lo único que el Gobierno pone sobre la mesa son medidas para recaudar más subiendo las cotizacionees, como sucede también con la subida del 8,6% en las bases máximas que ha incluido en los PGE para 2023", critican fuentes de la patronal, que preside Antonio Garamendi.

En momentos de excepcionalidad económica, la revalorización de las pensiones puede ser caldo de cultivo para choques e inequidades, como sucede este año, con la inflación disparada, con voces que resaltan la injusticia entre generaciones, e incluso entre pensionistas. De hecho, el estudio de Esade titulado Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones, en base a los PGE de 2023, demuestra que "los pensionistas que forman parte del 30% de la población con menos ingresos recibirán solo un 13% de la revalorización, mientras que los pensionistas que se sitúan entre el 10% de españoles con mayor renta lograrían un 21,2%, casi 2.500 millones de euros". 

Asimismo, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), critica que "la indexación total y generalizada de las pensiones no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema, especialmente en coyunturas como la actual de bajo crecimiento y alta inflación. Después de que el Gobierno eliminara el factor de sostenibilidad, el único mecanismo de ajuste del sistema español de pensiones se traduce en el aumento de las cotizaciones". 

Desde Cepyme, piden "poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%", argumentan.

Sindicatos: reformar, pero sin recortar

Para Comisiones Obreras, “hay que acometer el destope de las bases máximas de cotización porque no tiene ningún sentido que a partir de los 49.000 euros se cotice a la Seguridad Social un máximo de 4.139, 40 euros”, según manifestó Unai Sordo, su secretario general, hace unos días. Esta medida debe de ir acompañada de una mejora de las pensiones máximas para mantener el carácter contributivo del sistema. Asimismo, Sordo defiende "abordar la renovación del MEI, que supuso un recargo en las cotizaciones sociales del 0,6% para diez años y que es perfectamente factible alargarlo hasta 2048-2050”, así como "la mejora de las pensiones mínimas y la extensión de la jubilación parcial". 

En cuanto a UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, defiende que el sistema de pensiones “no tiene un problema de gasto, sino de ingresos”, tal como destacó en el encuentro informativo de Nueva Economía Fórum. A su juicio, las pensiones, incluidas las máximas, se deben revalorizar en función del IPC medio, porque sería "una falta de respeto con las personas que han contribuido a ayudar a este país durante las últimas crisis".

En ese sentido, Cristina Estévez (@CrisEstevez_UGT), secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, recalca a 65YMÁS que "los escenarios catastróficos que se han inventado para el futuro por algunos, en los que caen la población en edad de trabajar, el empleo y el PIB, y el país se empobrece cada vez más, son falsos"; e insiste en que "las pensiones se cobrarán en 2050 y serán tan buenas como las actuales, siempre que así lo queramos".

Estévez recuerda que la sostenibilidad de las pensiones es un concepto que relaciona el gasto en pensiones con el PIB, y si la generación que se jubilará entre 2030 y 2050 es más grande, deberá aumentar el gasto respecto al PIB. "Para que el gasto en pensiones crezca con prudencia, sin recortar las pensiones, existen muchas medidas, pero lo más fundamental es actuar sobre el retraso de la edad efectiva de jubilación y sobre las causas por las que la gente se jubila antes de tiempo contra su voluntad, sufriendo fuertes recortes. Hoy la edad media de salida involuntaria del mercado laboral es de unos 62 años: por cada año que esta se eleve, se logrará recortar hasta un punto del PIB de gasto en pensiones", pone de relieve Cristina Estévez.

Más impuestos para pensiones, o pagas más bajas

Tal como expone Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, la jubilación del baby boom "nos enfrenta como sociedad a elegir entre dedicar un porcentaje mayor de impuestos a pagar pensiones, reducir la tasa de reemplazo (es decir, pensiones más bajas respecto a los salarios cotizados, a edad de jubilación constante) o una combinación de ambas medidas. Una manera de evitar tasas de reemplazo más bajas es retrasando la edad de jubilación, lo que nos permite acceder a pensiones más elevadas, pero durante menos tiempo de jubilación".

En relación al reto del gasto por la revalorización con el IPC, recuerda que nos hallamos en una situación extraordinaria, con un problema de inflación importada muy elevada, que empobrece al país en su conjunto. "El proceso inflacionista originado por un aumento en el coste de los productos importados significa que España está transfiriendo renta al resto del mundo, en especial a los países de los que importamos materias primas más caras. El coste de dicha transferencia de renta (aproximadamente un 4% del PIB según las estimaciones de BBVA Research) debería ser asumido de manera equitativa por amplios sectores sociales. Es en esta situación extraordinaria en la que tiene sentido plantear una subida lineal para todas las pensiones de jubilación, que mantenga la capacidad de compra de las pensiones, al menos en la parte media-baja".

Unespa: "Hay que complementar la pensión pública"

La industria del seguro y de la previsión social complementaria desempeñan un papel clave. Tal como destacan fuentes oficiales de Unespa, presidida por Pilar González de Frutos, el envejecimiento gradual de la población española abre interrogantes, no tanto sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, como sobre su suficiencia: "Las pensiones son parte del pacto social, y mientras exista ese consenso, pervivirán. Otra cosa es la cuantía que podrán representar y su relevancia respecto del último salario". Ante el riesgo de que las pensiones públicas no tengan una cuantía suficiente, desde Unespa señalan que "existen herramientas que permiten complementarlas y, por tanto, asegurar el poder adquisitivo en la edad de retiro. Una política de pensiones de altura tomaría en cuenta esta realidad (envejecimiento demográfico) y actuaría en consonancia. Una política de pensiones de altura pensaría en los jubilados de hoy y en los de mañana. Velaría para que el pacto social sea ventajoso por igual: mayores y jóvenes", puntualiza la patronal del seguro. 

Unespa pone en valor el carácter complementario de los tres pilares del sistema de pensiones español. "En primer lugar, el pilar público de reparto. Las empresas y los trabajadores sufragan, a través de las cotizaciones sociales, las pensiones de los jubilados de ese momento. A través de su trabajo, los cotizantes generan un derecho futuro a la prestación. Junto a este primer pilar se erigen dos pilares adicionales de carácter complementario: el ahorro privado en el entorno laboral (segundo pilar) y el ahorro particular (tercer pilar)".

Por su parte, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, apunta: "A nadie se le escapa la incertidumbre en torno al nivel de prestaciones futuras del sistema público de pensiones. Parece que lo ideal sería planificar a partir de ya mismo un complemento de ahorro para nuestra jubilación, que tarde o temprano acabará llegando. La forma idónea de sistematizar este ahorro es hacerlo a través de los planes de pensiones, por las múltiples ventajas que tiene: ventajas fiscales, gestión profesional de nuestro ahorro, supervisión, diversificación, control del riesgo, etc. Además, cuanto antes empecemos, menor será nuestro esfuerzo de ahorro para poder llegar a nuestros objetivos de capital acumulado".