La jubilación y las pensiones se han convertido en el foco del debate político, económico y social en toda Europa, pero especialmente en España, debido a los ingentes retos que plantea la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social en las dos próximas décadas, decisivas para nuestro país ya que hasta 2050 el sistema público de pensiones deberá digerir la masiva jubilación de la generación del baby boom. Un evento sin precedentes en la historia de España, que está obligando a realizar reformas, la última de las cuales entró en vigor el 1 de enero de 2022, y cuya segunda pata se negocia en estos momentos entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los agentes sociales.
El Gobierno asegura que se podrán pagar las pensiones futuras a todos, con suficiencia y sostenibilidad. En palabras de Escrivá, las pensiones están "razonablemente aseguradas", y de cara al masivo retiro de los baby boomer, lo que se pretende con la reforma de pensiones y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es precisamente "reforzar el sistema de las décadas de los años 30 y 40", puesto que a partir de 2050 "el gasto será manejable". Sin embargo, los temores expresados por los pensionistas y las dudas de numerosos analistas e institutos de análisis siembran a menudo la inquietud en amplias capas de la sociedad.
Para despejar todas estas cuestiones y analizar los desafíos inminentes, el ministro Escrivá acude a la inauguración de la jornada organizada por 65YMÁS bajo el título ‘El futuro de las pensiones’, que se celebra este lunes 7 de noviembre, y que estará conducida por Fernando Ónega, presidente de 65YMÁS. El evento tiene lugar en el Senado, en la Sala Clara Campoamor (C/ Bailén, 3. Madrid), a las 10:00 horas de la mañana y puede seguirse por streaming.
Además de la intervención del ministro, se celebra una mesa de debate, moderada por Aldo Olcese, doctor en Economía, empresario, intelectual, asesor económico y presidente de Sociedad Civil Ahora y de la Fundación Independiente; y en la que intervienen:
Olimpia del Águila, responsable de las áreas de Seguridad Social e Igualdad de CEOE.
Luis Aribayos, secretario general de CEPYME.
Carlos Bravo Fernández, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.
Cristina Estévez Navarro, Secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de esta Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.
José Antonio Herce, Economista, miembro del Comité de Expertos de 65YMÁS y socio fundador de LoRIS.
Debate sobre edad de jubilación y periodo de cómputo
A pesar de que el ministro José Luis Escrivá, las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y el propio presidente, Pedro Sánchez, han manifestado en varias ocasiones que el Gobierno no contempla un endurecimiento de la jubilación que restrinja derechos o recorte la pensión a medio y largo plazo, lo cierto es que tanto un posible retraso de la edad de retiro (más allá de los 67 años que regirán en 2027), como una extensión del periodo de cómputo (ahora se utilizan los últimos 25 años para hallar el importe de la paga de los nuevos jubilados) son temas recurrentes en la agenda política y mediática.
José Luis Escrivá.
Hace tres días, Escrivá descartó subir la edad legal de jubilación a los 70 años, porque los 67 años que se establecieron para 2027 es una edad "más que suficiente" para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En cambio, respecto al periodo de cómputo, indicó que "se moverá poco" del actual umbral de 25 años. "Nos moveremos poco de ese nivel. Estamos buscando un punto de equilibrio y convergencia, pero no tiene que ver sólo con el periodo de cómputo, también con el tratamiento de lagunas de cotización y de la posibilidad de excluir los peores años. Es un paquete conjunto", anunció, especificando que el resultado de todo ello no es reducir la cuantía de las pensiones, sino hacer el sistema "más equitativo".
Destopar bases y pensión máxima, aún por negociar
Entre las grandes medidas de reforma pendientes para acordar con los agentes sociales antes de finales de 2022 figura (además de la citada extensión del periodo de cómputo) el destope tanto de la base máxima como de la pensión máxima. Ambas son medidas prometidas a Bruselas y consignadas por escrito por el Gobierno español en el Plan de Recuperación, dentro del componente 30.
En este sentido, el ministro pretende llevar a cabo el destope de la base y la pensión máxima "equivalentemente" y en un plazo "gradual y suave" de unos 25-30 años, lo que contribuirá, junto con la sobrecotización introducida por el MEI, a "rellenar" de ingresos el sistema de pensiones en las décadas de 2030 y 2040, las más tensionadas por el gasto que supondrá el retiro del baby boom.
En principio, los sindicatos UGT y CCOO ven con buenos ojos suprimir el tope de la base y la pensión máximas, aunque falta acordar la senda de cómo, cuándo y a qué ritmo llevarlo a cabo. Tanto Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, como Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, ambos participantes este lunes en la jornada organizada por 65YMÁS, coinciden en abordar esta reforma, de modo que tenga un efecto de mejora de ingresos del sistema, tanto de inicio como en términos netos a lo largo del tiempo. La clave, afirman, es negociar y acordarlo en el marco del diálogo social.
Empresas, trabajadores, jóvenes... y pensión futura
Gobierno, sindicatos, economistas, instituciones, pensionistas, sindicatos y empresas coinciden en que no hay que lanzar mensajes apocalípticos sobre el futuro de las pensiones, ya que el sistema de Seguridad Social tiene muchas fortalezas, pero advierten de que es necesario fortalecerlo con reformas y proyecciones a largo plazo. En lo que ya no existe unanimidad es en el tipo de medidas a adoptar.
Para CEOE, por ejemplo, es un error el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, por suponer "una subida lineal de cotizaciones sociales durante 10 años, un coste extra que el Gobierno hace recaer fundamentalmente sobre las empresas y en parte sobre los trabajadores. Tampoco asegura la sostenibilidad futura de las pensiones, ni soluciona el fuerte gasto por la jubilación del baby boom en los próximos 25 años. El MEI lo que hace es encarecer el puesto de trabajo (...) como sucede también con la subida del 8,6% en las bases máximas que ha incluido en los PGE para 2023", critican fuentes de la patronal, que preside Antonio Garamendi.
En parecido sentido, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), critica que "la indexación total y generalizada de las pensiones no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema, especialmente en coyunturas como la actual de bajo crecimiento y alta inflación. Y piden "poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%", argumentan.
En el fondo, lo que subyace en estos debates es cómo y quién deberá afrontar el pago de las pensiones futuras, habida cuenta de que las cotizaciones de los trabajadores por sí solas no bastan para sufragar la totalidad del gasto; ni el actual, ni el futuro. Uno de los factores que más pesa en ese aumento del gasto es la fórmula de revalorización de las pensiones, cuya subida está automáticamente ligada al dato de IPC medio anual medido entre noviembre del año en curso y diciembre del previo.
Expertos e investigadores como José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, considera que en tiempos de inflación elevada, sobre todo si es importada, "todas las pensiones deberían actualizarse con “IPC - X”, si bien advierte de que en un sistema contributivo, es un error diferenciar por niveles de pensión, en referencia a ciertas voces que en los últimos tiempos plantean un tratamiento distinto para las de mayor cuantía. "Hay que ocuparse de todos los que necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Y hay que reforzar el carácter contributivo de las pensiones, racionalizar y hacer sostenible su explosiva fórmula de cálculo y pasar a los Presupuestos la solidaridad, tanto para pensionistas como para trabajadores que la necesiten".
Entre los retos futuros, Herce, también participante en la jornada de debate de 65YMÁS, estima "bastante probable que el aumento de la edad de jubilación no se pare en 2027 y que siga subiendo, quién sabe si a razón de uno o algo más meses por año. Y acabe ligada al aumento de la Esperanza de Vida de manera automática".
PROGRAMA DE LA JORNADA DE 65YMÁS
9:30h. – 10:00h.: Recepción de asistentes.
10:00h.: Bienvenida y presentación, Fernando Ónega, presidente de 65YMÁS.
10:05h.: Inaugura José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
10:30h.: Mesa redonda moderada por Aldo Olcese, presidente del Comité de Economía de 65YMÁS:
Olimpia del Águila, secretaria de la Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.
Luis Aribayos, secretario general de CEPYME.
Carlos Bravo Fernández, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.
Cristina Estévez Navarro, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT.
José Antonio Herce, miembro del Comité de Expertos de 65YMÁS.
11:30h. Clausura Fernando Ónega, presidente de 65YMÁS.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).