España gasta 10.000 millones en pensiones mínimas y no contributivas: ¿hay margen para subirlas?

Pensiones mínimas: 2,2 millones de pensionistas necesitan un extra para no caer en la pobreza

Futuro de las pensiones: habrá pensión para todos, pero nos jubilaremos más tarde y cobraremos menos

El Gobierno confirma que las pensiones subirán en torno al 8,5% en 2023

España dedicará 190.083 millones de euros para pagar las pensiones en 2023, incluyendo todas las que se abonan (es decir, las pensiones contributivas, las no contributivas y las de funcionarios de Clases Pasivas), según contemplan los Presupuestos Generales del Estado, que adjudican a la Seguridad Social un total de 204.189 millones de euros (el 9,2% más de la previsión de liquidación de 2022).

En este presupuesto se incluye el coste de revalorizar las pagas en función del IPC, y así, a partir del 1 de enero próximo, verán aumentada su cuantía un 8,5% según previsiones del Gobierno, para que mantengan su poder adquisitivo, diezmado por la espiral inflacionista durante todo 2022.

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

La inmensa mayoría del presupuesto de la Seguridad Social se emplea, como es lógico, en pagar las pensiones contributivas (las que cada trabajador se gana con sus cotizaciones a lo largo de su carrera laboral), que supondrán 166.777 millones de euros (el 11,2% más que en 2022 por el incremento previsto en el número de pensionistas, la variación de la pensión media y su revalorización con el IPC).

Dentro de las contributivas (ver tabla inferior), las que más cuestan son las de jubilación (120.054 millones) y las de viudedad (28.394 millones), seguidas de las de incapacidad (15.496 millones) y por último, orfandad y en favor de familiares ( 2.832 millones).

GASTO PRESUPUESTADO PENSIONES CONTRIBUTIVAS 2023

El desglose de los Presupuestos Generales del Estado refleja asimismo que el desembolso en pensiones de las clases pasivas supondrá 20.500 millones en el ejercicio de 2023.

GASTO EN PENSIONES CONTRIBUTIVAS Y DE CLASES PASIVAS

3.003 millones para no contributivas y 7.261 para mínimas

Por su parte, las pensiones no contributivas (concedidas a personas que no han cotizado el mínimo de 15 años que exige la Seguridad Social) tienen una asignación de 3.003 millones de euros. Hay que recordar que estas pensiones, que gestiona el Imserso, tienen carácter asistencial y su cuantía y revalorización dependen de lo que el Gobierno decida cada año en los Presupuestos del Estado. En la actualidad, existen un total de 445.000 perceptores (datos de septiembre de 2022). 

También de carácter asistencial es el complemento de mínimos, que perciben 2,2 millones de personas, para el que se destina una partida de 7.261 millones de euros el año próximo y que se financiarán con cargo a las transferencias del Estado a la Seguridad Social (ver tabla inferior).

En total, el Estado empleará algo más de 10.000 millones de euros para hacer frente al gasto que suponen las pensiones mínimas y las no contributivas, que son las que cobran 2,64 millones de pensionistas en nuestro país. Se trata de las más bajas del sistema público, ya que una gran mayoría de sus perceptores ingresa menos de 500 euros mensuales, o poco más de esa cantidad. Sus beneficiarios son mujeres en una gran proporción, y muy mayores, lo que agrava su situación de indefensión ante las escaladas de precios de la energía y de los alimentos que está soportando España desde hace casi un año. 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, MÍNIMAS Y CLASES PASIVAS 

Los expertos plantean subir más las pensiones más bajas

Estas son las grandes cifras del gasto en pensiones en 2023, que varios grupos políticos critican por desorbitadas y piden suprimir la indexación, y numerosos expertos examinan con lupa, enfatizando la carga extra que supone ligar pensiones e IPC, al tratarse de un gasto extra que se va consolidando año tras año. Sin embargo, la inmensa mayoría de esos mismos expertos coinciden en la necesidad de aumentar las pensiones mínimas y no contributivas, para que no caigan en el umbral de la pobreza, particularmente este año, que la inflación ha destrozado su ya menguado poder adquisitivo.

Desde el Banco de España a FEDEA o Funcas, proponen que se incremente en mayor medida el importe de las pensiones más exiguas, y que se limite la subida del resto en 2023, invocando un pacto de rentas que reparta entre toda la población el empobrecimiento causado por el fuerte crecimiento de los precios de consumo. 

A juicio de Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "en situaciones de inflación normal, habría que revalorizar todas las pensiones con el mismo porcentaje; si bien podría aplicarse una mayor subida a las mínimas. Pero en una situación de alta excepcionalidad, como la actual, podría tener sentido que las más altas subieran en menor porcentaje". Este experto recuerda que la revalorización de las pagas en 2023 va a suponer unos 14.000 millones, pero su consolidación, mientras sigan cobrando la pensión aquellos a los que se les suba, supone unos 200.000 millones en valor actual".

El investigador en materia de pensiones José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, afirma que "hay que ocuparse de todos los que necesitan ayuda para llegar a final de mes. Y hay que reforzar el carácter contributivo de las pensiones, racionalizar y hacer sostenible su explosiva fórmula de cálculo y pasar a los Presupuestos del Estado la solidaridad, tanto para pensionistas como para trabajadores que la necesiten". A su juicio, en tiempos de inflación elevada, sobre todo si es importada, "todas las pensiones deberían actualizarse con 'IPC - X'. Y advierte: "en un sistema contributivo, es un error diferenciar por niveles de pensión", en referencia a quienes plantean un trato distinto para las de mayor cuantía.

En parecido sentido, la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eva Blázquez  (@emblazq), admite la dificultad de compaginar mantenimiento del poder adquisitivo, contributividad y sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y considera que "las pensiones mínimas es necesario subirlas, así como las no contributivas, pero las más elevadas y máximas, en tiempos de crisis, se podrían ligar al aumento de los salarios, en vez de al IPC estricto (como marca la Ley actual)".

Asimismo, Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de OCOPEN y director general en Cpps Asesores, recuerda que "el fuerte incremento del gasto futuro en pensiones debe ser financiado por cotizaciones de trabajadores en activo", y resalta que, de cara a 2023 y debido al impacto de la inflación disparada, "sería oportuno llegar a un pacto de rentas, porque todos debemos estar implicados en un esfuerzo común que se traslade a un pacto de rentas, sin perjuicio de proteger de manera especial a los más necesitados como pueden ser los perceptores de pensiones mínimas".

Los pensionistas exigen ligar las mínimas al SMI

Subir la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas es una exigencia unánime de los movimientos y plataformas de pensionistas, y es una de las reivindicaciones clave de las últimas grandes manifestaciones, la del 15 de octubre en Madrid y la del 22 de agosto en Bilbao. 

En concreto, las no contributivas tienen una cuantía muy baja, de hecho, quienes perciben una paga no contributiva de jubilación cobran 478,50 euros mensuales, y los perceptores de invalidez reciben 523,68 euros al mes (el mayor importe de estas últimas se debe, entre otras razones, a los casi 39.000 beneficiarios de invalidez que perciben el complemento del 50% por necesidad de otra persona).

IMPORTE MEDIO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN

Asimismo, las plataformas y movimientos de todo el Estado reclaman que todas las pensiones mínimas se incrementen en mayor cuantía que el resto, hasta ponerlas en relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y los pensionistas vascos llevan años exigiendo una cifra concreta: 1.080 euros mensuales.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (COESPE @CoespeOficial), una de las organizaciones convocantes de la movilización del pasado 15 de octubre, lleva años luchando por "la recuperación del IPC real para salarios y pensiones públicas, así como un aumento de las pensiones mínimas a nivel del SMI, en el tránsito hacia la media europea", según explicaba recientemente Damián Rodríguez, su portavoz. Esta coordinadora reprocha al Gobierno y a los partidos políticos que, en un momento de fuerte pérdida adquisitiva de los más vulnerables, "las grandes corporaciones energéticas, bancarias y de servicios aumentan sus beneficios de forma desorbitada".

Igualmente combativa es la Asociación para la Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 o más años cotizados (ASJUBI40 @asjubi40), que aclara que "los pensionistas no tenemos la culpa de que la inflación suba un 10% ni del gasto que eso supone. Nosotros no poseemos otro medio de subsistencia que la pensión, así que exigimos al Gobierno que revalorice las pagas con el IPC real". Según remarca Santiago Menchero (@PARLALAGUNA), su portavoz, "existen cientos de miles de pensionistas que apenas pueden subsistir con sus bajísimas pensiones, y ahora con este aumento de la electricidad y de los alimentos, es imposible que lleguen a fin de mes".

Por su parte, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP @MOANDPP), insiste en que con los precios actuales de la energía y los precios de la alimentación, que alcanzan cotas nunca vistas, "cientos de miles de pensionistas en todo el país tienen que recurrir cada día a la beneficencia para poder subsistir". Reclaman "un aumento de todas las pensiones de miseria, mínimas y no contributivas", y destacan asimismo que "existen numerosos pensionistas contributivos, muchos por debajo del umbral de la pobreza, a quienes no se les ha incrementado la pensión el 15% ni se les ha dado un abono extra de 200 euros, como sí se ha hecho con el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas".

Para los pensionistas vascos, que desde hace siete años, cada lunes, se concentran en pueblos y ciudades en los tradicionales lunes al sol, la imparable subida de los precios de consumo y de la energía ha hecho que sus reivindicaciones se hayan quedado cortas, entre ellas, los 1.080 euros de pensión mínima, señala un miembro del Movimiento de Pensionistas de Bilbao. "Seguimos exigiendo una pensión mínima de 1.080 euros, una sanidad y cuidados públicos de calidad, así como empleos y salarios dignos. Y, por supuesto, que se actualicen las pensiones de acuerdo al IPC real, no a ese índice medio que se ha inventado el Gobierno y que es una trampa, porque no se recoge la inflación acumulada durante el año, sino una media que, con los precios disparados como están hoy, no hace más que empobrecer a los jubilados".