El Gobierno elevará la base máxima de cotización: así afectará a las pensiones

Elevar la base máxima de cotización o el periodo de cómputo, la reforma de las pensiones hasta 2023

 

Entre las novedades de la reforma de las pensiones, el Gobierno se propone aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización antes de finalizar 2022, aunque su implementación abarcará las próximas tres décadas, según consta en el componente 30 del Plan de Recuperación remitido por el Ejecutivo a Bruselas el pasado viernes. Este aumento de cotización que aún está por detallar también traerá consigo "una adaptación a la misma de la pensión máxima", según el documento del Plan de Recuperación y Resiliencia propuesto a la UE, pero que todavía plantea muchas dudas y debe ser debatido con en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.

Todo parece indicar que esta medida iría encaminada al conocido como "destope de las pensiones", que consiste en eliminar o liberar el límite de las cotizaciones máximas del sistema de la Seguridad Social. Es decir, el trabajador cotizaría por lo que realmente gana cada mes sin un límite como el actual. Así pues, el destope afectaría sobre todo a aquellos con sueldos más altos y llevaría consigo un aumento de la pensión máxima que actualmente está fijada en 2.707 euros (37.904 anuales), pero aún no sabemos en qué medida. Por eso los expertos llaman a que el Ejecutivo de más detalle sobre el asunto ya que en el documento es bastante "escueto". Otros se preguntan por qué el Gobierno ha puesto un plazo tan largo –30 años– para su aplicación progresiva, ya que podría perder el efecto recaudatorio que se persigue.

¿A quién afectará más y a quién menos?

Según explican los expertos al cambio en las bases máximas de cotización afectará sobre todo a las empresas que tengan trabajadores con salarios por encima de la actual base máxima de cotización por contingencias comunes, que en 2021 está en 4.070,10 euros. Hay que tener en cuenta que en el Régimen General la cotización por contingencias comunes está repartida entre el 23,6% a cargo del empleador y el 4,7% a cargo del trabajador. Esto se traduce en un sueldo neto menor, pero sobre todo en un incremento del coste salarial con las repercusiones que puede tener sobre el mercado laboral, señalan.

En el otro lado de la balanza estaría aquellas empresas donde la mayor parte de los trabajadores tengan salarios por debajo de la base máxima. "Otra cuestión que queda abierta es cómo se va aumentar la pensión máxima; si se va a hacer manteniendo la actual diferencia entre pensión máxima y base máxima, que es de un 30% aproximadamente o si incluso va a aumentar esa brecha, lo cual nos conduciría hacia una menor contributividad del sistema", señala Enrique Devesa, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia (@UV_EG​), quien recuerda que hasta ahora se ha hecho una "reforma silenciosa" que ha disparado la diferencia y habrá que ver cómo lo resuelve el Ejecutivo.

¿Qué es una "adecuación gradual" de las bases de cotización?

Preguntado por el asunto, el ministerio de Seguridad Social se limita a explicar que ellos se ciñen a lo que contiene el texto remitido a Bruselas y emplazan al detalle que se dará en los próximos días. Así, el componente 30 de pensiones del documento del Plan de Resiliencia se refiere a que "la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permitirá además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente". 

Pero economistas como José Antonio Herce (@_Herce), socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions) y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst) apelan a que el Ejecutivo aclare qué significa "adecuación gradual". "Si esto significa un destope, entonces nos tienen que decir en qué sentido se hará y cuál será la base máxima". Pero Herce pone el foco en que actualmente ya se da una actualización de las bases de cotización que "en 30 años se duplicaría" frente a la que está fijada en estos momentos. "Por lo que sería bueno que aclarasen si se refieren a implantar un nuevo proceso o a mantener el que ya se produce de manera natural o informática desde hace décadas. Lo suyo sería establecer un mecanismo automático en función del aumento de los salarios, y ahí darían igual los años de aplicación", opina.

30 años, un periodo transitorio "demasiado largo"

Por su parte Enrique Devesa, también investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE @Ivie_news), considera que el periodo de aplicación progresiva a lo largo de 30 años anunciado por el Gobierno "es larguísimo", lo que hará que todos los efectos se suavicen mucho, con lo que la influencia sobre el sistema de pensiones "va a ser muy pequeña a corto y medio plazo". Y es que el objetivo de esta medida sería el de incrementar los ingresos públicos al sistema.

Mientras, Emilio González, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (@UCOMILLAS​) cree que la imposición gradual de la medida puede ir encaminada a que no tenga un impacto demasiado rápido en las empresas, sobre todo en una coyuntura de pandemia como la actual, y tengan tiempo para adaptarse a la posible mayor contribución. "La medida tienen sus riesgos a corto plazo como parara las contrataciones o los despidos. Es posible que los primeros años sea más bajo para que las empresas se recuperen de la crisis y en 2050 probablemente ya el grueso del problema de los babyboom haya desaparecido".