Las reivindicaciones históricas de los pensionistas, ignoradas por el Gobierno un año más

El blindaje de las pensiones toma la calle: "Es urgente protegerlas en la Constitución"

Pensiones mínimas: 2,2 millones de pensionistas necesitan un extra para no caer en la pobreza

España infringe normativa que afecta a 700.000 jubilados anticipados, denuncia ASJUBI40

El pasado sábado 17 de diciembre de 2022, más de 200 organizaciones sociales y de pensionistas se manifestaron en Madrid para exigir al Gobierno y al Congreso de los Diputados una reforma de la Constitución, otorgando a las pensiones un blindaje que no tienen en la actualidad. Una reforma que impida que los gobiernos puedan tocar, recortar, privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones. Esta era la tercera movilización unitaria de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org) organizada en Madrid, tras las convocatorias de años anteriores. Tal como recordaba Joanen Cunyat, portavoz de la MERP, a 65YMÁS, "hay mucho en juego", ya que es urgente garantizar el sistema público de pensiones como "un pilar de cohesión social, que debe garantizar las condiciones de vida de los pensionistas presentes y futuros”.

Organizaciones participantes en esta manifestación, como la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (@MayoresUDP), enfatizan que "las pensiones son un derecho fundamental recogido en la Constitución española. Concretamente, el artículo 50 dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad", recordaba recientemente Inmaculada Ruiz, presidenta de UDP.

Pero esta reivindicación histórica de los movimientos de pensionistas de toda España ha recibido, por ahora, la callada por respuesta, siendo ignorada por el Gobierno y los grupos políticos presentes en el Parlamento, al igual que sucede con otras demandas clave de los jubilados. Y así, la subida de las pensiones mínimas al nivel del SMI o una fórmula equivalente que garantice que no haya pensiones de miseria; la auditoría de la Seguridad Social, obligatoria por ley y de la que no hay noticias; la eliminación de los recortes perpetuos de pensión en las largas carreras de cotización; o lograr que el Gobierno nombre al movimiento pensionista como interlocutor para negociar las reformas de pensiones, son exigencias que siguen sin abordarse, pese a ser reclamaciones unánimes desde hace años y frente a varios gobiernos. 

En 2022, el movimiento pensionista tampoco ha logrado su aspiración en cuanto al incremento de las pensiones, para lo que exigen "el IPC real". Pero, al menos en este campo, la Ley de reforma de 2021 fijó la subida en función del dato de IPC anual medio, el que resulte entre el mes de noviembre en curso, y el de diciembre del año previo. En 2023, dicha subida será del 8,5% para las pensiones contributivas; un aumento histórico que, sin embargo, no es ningún chollo, puesto que el bolsillo de los jubilados lleva todo el año agujereado: tan solo los alimentos se han encarecido más del 15%.

Un año más sin auditoría de la Seguridad Social

Otra reivindicación histórica de los pensionistas es que el Tribunal de Cuentas audite la Seguridad Social, y en parte es una batalla ganada, puesto que la Ley de reforma de las pensiones de 2021 obliga al Ejecutivo a hacer una auditoría del sistema de pensiones en el plazo de seis meses. El propósito es conocer cómo y en qué tipo de políticas se ha gastado el Fondo de Reserva de las pensiones, que llegó a tener 67.000 millones. Y desagregar los gastos propios e impropios para ver qué parte del déficit del sistema es realmente debido al gasto en pensiones.

Sin embargo, en 2022, el Gobierno no solo no la ha encargado al Tribunal de Cuentas, sino que tampoco el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, la ha realizado. Las plataformas de pensionistas se preguntan por qué el ministro retrasa el cumplimiento de la ley, y si existen intereses en ocultar operaciones de extracción de fondos de la caja de las pensiones.

En particular, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE @CoespeOficial) y la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar con 40 o más años cotizados (ASJUBI40 (@asjubi40) han hecho de la auditoría uno de sus caballos de batalla. Según denuncia COESPE, "entre 1989 y 2013 España gastó más de 103.690 millones que pertenecían a la hucha de las pensiones en otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta, que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que vivimos". Mantienen abierta una campaña de recogida de firmas en Change.org "ante la constatación de que las cotizaciones sociales han tenido un uso indebido financiando gastos ajenos a nuestro sistema de reparto, y para determinar la magnitud de ese desvío de los recursos del sistema". Ya han recibido el apoyo de casi 220.000 personas. 

En el mismo sentido, Santiago Menchero (@PARLALAGUNA), portavoz de ASJUBI40, critica "la dejadez por parte del ministro Escrivá, que está obligado por ley a entregar la auditoría y se ha saltado el plazo. Parece que no quiere que los pensionistas nos enteremos de en qué se ha gastado el dinero que había en la Seguridad Social para pensiones y que se ha derivado a otras cuestiones. Nos parece indignante".

Pensiones mínimas y de viudedad, a la espera 

La subida de las pensiones mínimas, estableciendo una fórmula estable de revalorización que asegure que ningún perceptor reciba una paga por debajo del umbral de pobreza, es otra exigencia de los pensionistas que continúa en el alero. Algunas organizaciones, como el Movimiento de Pensionistas vascos, uno de los más activos en la lucha en las calles desde hace varios años, reivindica una pensión mínima de dignidad de 1.080 euros. Otras plataformas plantean que ls pagas más bajas se vinculen en un porcentaje al salario mínimo interprofesional, o que se incrementen hasta llegar al 60% del salario medio.

La situación es especialmente dramática para quienes reciben una paga no contributiva, pues dependen cada año de la generosidad del gobierno de turno, que decide el porcentaje de revalorización al confeccionar los Presupuestos Generales del Estado. En 2023, estas pensiones prorrogan el 15% de aumento que vienen percibiendo desde el verano de 2022.

Otra lucha se centra en mejorar las pensiones de viudedad. Pese a que la reforma del año 2021 equipara plenamente a las parejas de hecho, los jubilados reclaman que se pueda cobrar hasta el 80%-100% de la base reguladora, al entender que el fallecimiento del cabeza de familia deja a muchas mujeres (son quienes fundamentalmente perciben este tipo de pensión) en situaciones de penuria financiera.

Tal como explicaba recientemente Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), el gran debate de las pensiones "sigue estando en la redistribución justa de la riqueza, algo que impacta no solo sobre las pensiones, sino que lo hace en cuestiones tales como la sanidad. Nuestras preocupaciones van dirigidas a cómo fortalecer nuestro sistema público de pensiones, garantizando unas pensiones mínimas dignas, reduciendo la brecha de género y mejorando las pensiones no contributivas".

Jubilados de ASJUBI denuncian sus recortes en Europa

Tras el ninguneo que aseguran haber sufrido por el Gobierno, los partidos políticos y el Pacto de Toledo, la asociación de jubilados anticipados con 40 o más años de cotización, ASJUBI40, ha denunciado al Reino de España ante las instituciones europeas por la Ley de coeficientes reductores de pensión en largas carreras de cotización, y lo ha hecho a través de Navas & Cusí Abogados, un bufete especializado en derecho de la Unión Europea.

En su reciente entrevista con 65YMÁS, Juan Ignacio Navas Marqués, letrado y socio fundador del despacho, explicaba la queja interpuesta en el Parlamento Europeo: "España está aplicando el principio de discriminación a quienes más han cotizado, y esto es intolerable. Ni es justo, ni es legal”.

🔴 RESUMEN CRONOLÓGICO DEL PROCEDIMIENTO DE @ASJUBI40
EN EUROPA

En la descripción del vídeo está el resumen de forma textual.https://t.co/2bKXqoStqa

— Asjubi40 (@asjubi40) December 12, 2022

Tal y como explica Santiago Menchero, portavoz de ASJUBI40, este colectivo pide que España deje de aplicar coeficientes reductores de la pensión a jubilados anticipados con largas carreras de cotización, en concreto, en la asociación todos acreditan 40 o más años de contribuciones a la Seguridad Social, y aun así, padecen recortes perpetuos de hasta más del 20%. "Hemos presentado ya unas 1.600 reclamaciones en Bruselas y seguimos reuniendo quejas. Esperamos que la Justicia europea obligue a España a rectificar, porque sufrimos una discriminación intolerable frente a otras profesiones, que con menos años cotizados, y jubilándose antes, no se ven penalizadas al retirarse anticipadamente".

Menchero resalta también "la indignación por la tomadura de pelo" que ha supuesto el complemento ideado por el Gobierno para compensar a jubilados anticipados con largas carreras. "El famoso plus ideado por el señor Escrivá es una miseria, entre cinco y alrededor de 80 euros, llega a muy poca gente, y solo lo reciben quienes hayan cotizado más de 44 años y medio, o quienes tengan 40 cotizados y ganen menos de 900 euros. Además, el ministro no informa de cuántas personas lo cobran o el gasto que supone". 

Exigen poder negociar reformas que les afectan

Para los movimientos de pensionistas, es imprescindible que desde el Gobierno y el Parlamento se les reconozca como interlocutor válido y participar en las negociaciones sobre el presente y el futuro de las pensiones. Entre otros objetivos, para eso nació la Plataforma de Mayores y Pensionistas, representativa a nivel estatal de 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados. Su propósito fundacional es "defender los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad".

En ese sentido, para la PMP es un “tema prioritario” conseguir unas relaciones estables con el Ministerio de Seguridad Social y con la Presidencia del Pacto de Toledo de cara al futuro inmediato e ir logrando que se cuente con ellos, que se les facilite información y que se escuche a las personas pensionistas y a las personas mayores en los temas que les afectan.

Desde una posición más radical, el Movimiento Pensionista de Madrid (MPM), que se concentra todos los lunes frente al Congreso de los Diputados, desde hace cuatro años, tacha de "inaceptable que, a estas alturas, en la Mesa de Diálogo Social sobre las Pensiones, sigan sin estar representados los directamente afectados, es decir, los pensionistas. Solo están la patronal, CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT. Ninguno de ellos nos representa", critica Pedro Cabrera en nombre del MPM.

En parecido sentido, el grupo colaborativo La Voz de las Plataformas (@pensionazo_no), reclama que se escuche y tenga en cuenta la voz de los pensionistas. En una reciente carta a 65YMÁS, recuerda que el Gobierno "incumplió su propia ley de diciembre del año pasado, la primera reforma de las pensiones: el ministro Escrivá no ha realizado la auditoría a la Seguridad Social ni ha planteado alternativas a las pensiones públicas de pobreza. Porque en este maremágnum de reformas, planes y pactos, se olvidan de lo importante: aprobar subidas de las pensiones mínimas, viudedad, SOVI y no contributivas, cuyas cuantías son de pobreza y afectan sobre todo a mujeres, para alcanzar el Salario Mínimo Lega; y no vender parte de la Seguridad Social a fondos privados de pensiones especulativos, por medio de planes privados de empresa recogidos en convenios colectivos, e incentivados con dinero público". 

Desde Andalucía, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP @MOANDPP) denuncia la situación de penuria insostenible: "Existen cientos de miles de hogares, en los que la pensión no supera los 900 euros y que, hasta hace unos meses, gracias a sus economías de guerra, podían ayudar en mayor o menor medida a sus hijos en dificultades, hoy no pueden hacerlo. Ocurre además que a los pensionistas contributivos, muchos por debajo del umbral de la pobreza, no se les ha incrementado la pensión el 15% ni se les ha dado un abono extra de 200 euros, como sí se ha hecho con el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas".