Tras sacar adelante las dos últimas fases de la reforma de pensiones, en 2021 y 2023, el Gobierno mantiene su apuesta por ampliar la compatibilidad de pensión y empleo, además de fomentar el retraso voluntario de la edad de jubilación, mediante varias fórmulas: la jubilación activa, todavía una gran desconocida, con numerosos requisitos y poco atractiva para las empresas; la jubilación demorada, con tres clases de incentivos económicos en vigor; y la jubilación parcial, con cambios que en estos momentos se negocian en la Mesa de Diálogo Social.
Precisamente, sobre la jubilación parcial, que se realiza antes de la edad de jubilación y, por tanto, es una jubilación parcial anticipada (acompañada de un contrato de relevo para cubrir la parte de jornada que deja de hacer el jubilado parcial), el Gobierno prepara una reforma que, entre otros factores, "tiene que garantizar que haya un equilibrio efectivo entre trabajo y pensión. Es decir, hay que evitar prácticas que convierten la jubilación parcial anticipada en una jubilación anticipada sin coeficientes reductores, distorsionando el sentido, y la finalidad de una institución como la jubilación parcial", según confirma Borja Suárez Corujo (@CorujoBorja), secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (@inclusiongob).
Así lo ha avanzado en el debate de 65YMÁS sobre la jubilación activa, demorada y parcial, donde se exploran estos sistemas legales para compatibilizar el cobro de la pensión y seguir trabajando, y se analizan las causas de su todavía escasa aceptación entre los asalariados y empresarios españoles.
El debate, presentado por Ana Bedia (@AnaBedia), directora de 65YMÁS, se enmarca en el Especial sobre el Futuro de las Pensiones, y en él, además de Borja Suárez, han participado Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE (@fmapfre); Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA (@autonomosata); Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO (@CCOO); y Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT (@UGT_Comunica).
"En ningún caso subiremos la edad legal de jubilación"
Entre las reformas que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene en mente, y las que ya hay en curso, no figura retrasar la edad legal de jubilación, que será de 67 años desde el año 2027 (con posibilidad de retirarse a los 65 años quienes entonces acumulen 38 años y medio de cotizaciones). Ni siquiera para afrontar el fuerte gasto que acarreará el retiro inminente y masivo de la generación del baby-boom.
"El Pacto de Toledo deja muy claro que los ajustes que había que hacer en la edad legal (o edad ordinaria) de jubilación ya se hicieron: en 2011 de manera consensuada con los interlocutores sociales, y a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo y las vigentes recomendaciones del año 2020, lo que se plantea es justamente lo que hemos hecho, es decir, estimular, incentivar el que los trabajadores sigan, si así lo consideran, trabajando más allá de la jubilación, pero sin alterar, sin tocar en ningún caso la edad legal de jubilación", subraya el secretario de Estado en el debate de 65YMÁS.
Suárez Corujo: “El gasto en pensiones seguirá aumentando de forma imparable los próximos años"
Suárez Corujo admite, eso sí, que el baby boom va a tener un impacto extraordinario, no solo sobre el sistema de pensiones, sino sobre el conjunto del país, el conjunto de la economía. "Por primera vez, de una manera contundente, se ha transmitido a la sociedad, a la opinión pública, que afrontamos un gran reto colectivo: la macrogeneración del baby boom, la generación más grande de nuestra historia, ha empezado ya a jubilarse, y esto va a significar que en los próximos años habrá cada vez más pensionistas y, por tanto, vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para financiar esas pensiones. Esto es esencial tenerlo claro para evitar los discursos y los análisis catastrofistas de “sigue aumentando el gasto en pensiones”, remacha.
En ese sentido, el número dos de la ministra Elma Saiz en temas de pensiones advierte: "El gasto va a seguir aumentando de forma imparable los próximos años. Lo que hemos hecho ha sido adoptar medidas que persiguen una doble finalidad: por un lado, contener el crecimiento del gasto a través de estos incentivos, favoreciendo que la gente retrase su jubilación; y, por otro lado, algo novedoso, pues hemos reforzado la sostenibilidad del sistema de pensiones a través de medidas de ingresos".
Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
¿Por qué un año extra para entrar a la jubilación activa?
La mayor esperanza de vida, el envejecimiento de la población, el disparo del gasto por la jubilación de los boomers, son factores que empujan a Gobierno y agentes sociales a pactar políticas que regulen e incentiven que los trabajadores, si les interesa, prolonguen voluntariamente su vida laboral. Una política que tiene mucho recorrido, puestos que los españoles casi no conocen que existen posibilidades legales de cobrar pensión y seguir trabajando.
Por ejemplo, y tal como expone la directora de 65YMÁS, Ana Bedia, en la presentación de este debate especial, en España existían hace un año solo 67.164 personas acogidas a la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y seguir trabajando, a tiempo parcial o completo, como asalariado o por cuenta propia. De esa cifra total, la inmensa mayoría, el 85%, pertenecían al régimen de autónomos, según refleja el Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2023.
Según critican numerosos expertos, una de las causas que disuaden a los trabajadores de acogerse a la jubilación activa es que solo pueden acceder a ella un año después de cumplir la edad ordinaria de retiro. A este respecto, el secretario de Estado pone de relieve que este sistema, tal y como se configura ahora, "forma parte de ese conjunto de medidas dirigidas a demorar el acceso a la pensión de jubilación. En el momento en el que nos encontramos, con esta situación demográfica excepcional que supone la jubilación de la generación del baby boom, tiene un coste para el sistema muy importante y por eso, de manera consensuada con las organizaciones empresariales y sindicales, lo que hemos establecido son incentivos de demora, con distintas opciones, con mucha flexibilidad".
Hay que recordar que, si se retrasa el retiro un año, cuando la persona acceda a la pensión, incrementará esa pensión un 4% por cada año de demora. También puede optar por recibir una cantidad a tanto alzado, cosa que no existía antes. Puede incluso combinar las dos fórmulas. Y, como cuarta posibilidad, esa persona podría acogerse a la jubilación activa, una vez que haya transcurrido al menos un año de la edad legal.
No obstante, Suárez Corujo reconoce que "la regulación actual de la compatibilidad con el trabajo, más allá de la edad de jubilación y más allá de la demora, es una regulación restrictiva en términos comparados, que es precisamente lo que ahora queremos abordar".
¿Repensar la jubilación activa?
En este mismo sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones avanza que "existen cuestiones que hay que repensar, porque la realidad está cambiando. Hay un presupuesto esencial para cualquier tipo de actuación en este ámbito, que es la situación del mercado del trabajo, y desgraciadamente, hemos tenido durante demasiado tiempo un mercado de trabajo anómalo, un mercado de trabajo que no se parecía en nada a los mercados de trabajo de los países de nuestro entorno".
En sus propias palabras, es necesario "ser prudentes a la hora de manejar el instrumento de la compatibilidad de la pensión con el trabajo, en el sentido de que no debemos perder en ningún momento la perspectiva de que la pensión en sí misma, más allá del trabajo, tiene que garantizar unos niveles dignos para el mantenimiento del nivel de vida y poder atender las necesidades básicas".
Brecha de género al compatibilizar pensión y empleo: “La jubilación activa es fundamentalmente masculina”
Otro de los aspectos a repensar es que "la jubilación activa es una jubilación fundamentalmente masculina. Esto responde a diversos factores, que en todo caso hay que tener muy presentes a la hora de hacer un nuevo diseño, que es lo que tratamos de hacer, llevando estas cuestiones a la mesa de diálogo social y compartiendo con las organizaciones empresariales y sindicales posibles medidas que nos lleven a una regulación que sea más satisfactoria", avanza Suárez Corujo.
La nueva jubilación parcial
De forma inmediata, Gobierno y agentes sociales intercambiarán sus propuestas para reformar la modalidad de la jubilación parcial, en las reuniones de la Mesa de Diálogo Social, en la que participan el Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme.
Tal como avanza el secretario de Estado, Borja Suárez Corujo, la reforma de la jubilación parcial debe atender a tres aspectos. "En el caso de la jubilación parcial que se realiza antes de la edad de jubilación y, por tanto, es una jubilación parcial anticipada, es decir, una jubilación que viene acompañada de la celebración de un contrato de relevo para cubrir la parte de la jornada que deja de hacer el jubilado parcial, tiene que garantizar que haya un equilibrio efectivo entre trabajo y pensión. Hay que evitar ciertas prácticas que convierten la jubilación parcial anticipada en una jubilación anticipada sin coeficientes reductores, distorsionando el sentido, y la finalidad de una institución como la jubilación parcial".
El segundo aspecto versará sobre "las condiciones de empleo del relevista, de quien es contratado para sustituir esa parte o para cubrir esa parte de la jornada que es liberada por el jubilado parcial. Y un tercer aspecto muy relevante también es el coste que tiene esta medida. El coste es considerable para el sistema, y evidentemente este es un asunto que tenemos que poner encima de la mesa. De momento, estos son los tres ámbitos que hemos identificado".
“La edad efectiva de jubilación se sitúa en 65,1 años: nunca ha estado tan alta”, confirma el secretario de Estado
Suárez Corujo: "Es clave prolongar la vida laboral"
Durante su intervención en el debate especial de 65YMÁS, Borja Sánchez Corujo admite que, en el ámbito de Seguridad Social y mucho más en el ámbito de pensiones, los efectos o los impactos exigen siempre un poco de tiempo, pero asegura que ya identifican "resultados estimulantes, que se constatan en tres datos sintéticos. Primero, la edad efectiva de jubilación se sitúa en 65,1 años, nunca ha estado tan alta, lo que es una señal inequívoca de que ese conjunto de incentivos que hemos diseñado está dando efecto".
En segundo lugar, el secretario de Estado detalla que uno de esos incentivos para demorar el acceso a la jubilación está creciendo de una forma importante. "Antes de la reforma, no llegaba al 5% el número de altas de jubilación que demoraban el acceso a la pensión, y ahora estamos claramente por encima del 8%. Es un cambio muy significativo en muy poco tiempo. Pero además hay otro elemento que es incluso más positivo, referido a la proporción de jubilaciones anticipadas que se producen. Nunca en nuestro país ha habido tan pocas jubilaciones anticipadas como ahora. Ahora son un tercio de las altas en jubilación; un 34% para ser exactos. Y esto refleja, primero, que estamos siendo exitosos en ese diseño que hemos hecho para que la gente que anticipa la jubilación, lo haga un poco más tarde".
Suárez Corujo: “Nunca ha habido tan pocas jubilaciones anticipadas: solo un tercio de altas, el 34% para ser exacto”
De forma aún más específica, Suárez Corujo detalla que, "si hablamos de la jubilación anticipada voluntaria, antes casi la mitad se jubilaba anticipando los dos años máximos permitidos, y ahora esa proporción que adelanta esos dos años apenas supera el 15%. Es un cambio muy considerable, y todo ello tiene mucho que ver con la reforma laboral y la mejora del mercado de trabajo".
Estévez: "Las empresas no creen en la jubilación activa"
En el debate especial organizado por 65YMÁS, Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, se muestra "muy de acuerdo en explorar la compatibilización de pensión y empleo, en línea con el proceso de mayor esperanza de vida de los trabajadores, para no expulsar talento sénior de las empresas y por las ventajas del envejecimiento activo, pero siempre mediantes incentivos voluntarios".
Para esta representante sindical, miembro de la Mesa de Diálogo sobre Pensiones, "hay que evitar que cale la idea de que la compatibilización es lo que va a sostener el sistema de pensiones. Lo que funciona son las medidas de reforma del sistema que ya hemos acordado los agentes sociales".
Respecto a la petición realizada por algunos expertos, que reclaman un nuevo contrato para compatibilizar el cobro de la pensión y el empleo, Estévez muestra una rotunda oposición: "Ni hablar, porque supondría precarizar la situación laboral del jubilado-trabajador, que no tendría derecho a indemnización por despido. Si la jubilación activa no funciona es porque las empresas no creen en ella, y hay una tremenda expulsión de talento sénior a los 52 o 55 años".
Bravo: "Retrasar la jubilación de modo ordenado"
Por su parte, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, avanza que la línea de reformas debe ser profundizar en las medidas que se ha visto que funcionan: "Se trata de que los trabajadores puedan decidir voluntariamente retrasar el acceso a la jubilación, pero de manera ordenada", y hace hincapié en el hecho diferencial de España, donde para el alargamiento de la vida laboral "hemos apostado por incentivos / desincentivos".
"Gracias a la reforma de pensiones que hemos acordado, a la reforma laboral y a la mejoría del mercado de trabajo, ha caído con fuerza la jubilación anticipada involuntaria, lo que demuestra que, cuando las condiciones laborales son buenas, si el trabajador ve que puede retrasar el retiro para mejorar su pensión, lo hace", remacha.
Bravo detalla los tres perfiles de trabajadores que acogen a la jubilación activa: autónomos que llegan a la edad de jubilación con escasos ingresos y pensión baja, y deben continuar trabajando varios años más; autónomos que no tiene intención de jubilarse, porque su negocio es como su hijo; y asalariados a los que se les ofrece seguir ligados a la empresa, pero como autónomos.
Fernández Palacios: "Hay importantes desincentivos"
El director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, Juan Fernández Palacios, prefiere no hablar de retrasar la jubilación, sino de "flexibilizar el tránsito de la fase activa al retiro", puntualizando que no todas las profesiones son iguales, y se deben considerar las distintas condiciones físicas y exigencias de cada actividad, industria o sector. "Avanzar en la compatibilidad entre trabajo y pensión es necesario y saludable, porque vivimos más años, con más salud, y no podemos permitirnos desperdiciar tanto talento sénior. Pasar de trabajar 8 horas diarias a cero, es muy perjudicial".
Respecto a por qué no despega la jubilación activa en España, argumenta que "no es muy conocida y quien se acerca al retiro no valora opciones intermedias. Además, existen importantes desincentivos: solo se cobra el 50% de la pensión, salvo el caso de los autónomos que tengan un asalariado contratado. Quienes se plantean la jubilación activa, y ven que la Seguridad Social le va a descontar el 50%, se lo piensan mucho. Y además, está el requisito de esperar un año extra después de la edad ordinaria de retiro".
Para Palacios, es imprescindible que "la jubilación activa se extienda a otras capas, porque ahora prácticamente solo acceden a ella los trabajadores de rentas altas", y desecha la idea que de la permanencia de los sénior en la empresa perjudique el empleo de los jóvenes.
Ferrero: "Equilibrar el régimen de asalariados y autónomos"
También participante en el debate especial de 65YMÁS, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, advierte de que se han disparado los autónomos que se dan de alta en el régimen del RETA a partir de los 50 años, por haber sido expulsados del mercado laboral. Y especifica que muchos autónomos (el colectivo que copa las jubilaciones activas en España) prolongan su vida laboral porque "se ven obligados a complementar la pensión", por no haber cotizado lo suficiente.
Ferrero está "de acuerdo en que el Gobierno permita la compatibilización total de pensión y rentas del trabajo, pero deben equilibrarse los dos regímenes, el de asalariados y de autónomos", para evitar que se produzca el efecto expulsión hacia el trabajo autónomo y la jubilación activa. Critica además que la jubilación activa para los autónomos en estos momentos "es muy rígida, y los societarios no pueden acceder al cobro del 100% de la pensión".
Asimismo, resalta que "tenemos muchos autónomos de más de 80 años que siguen trabajando porque consideran que el negocio es parte de su vida, y también por problemas de sucesión empresarial, por no tener relevo generacional. Todas estas circunstancias hay que estudiarlas", insiste Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).