Horas decisivas para el acuerdo en pensiones: Así te afectará la reforma

Cuenta atrás para el primer acuerdo de la futura reforma de las pensiones. Gobierno, patronal y sindicatos tienen este martes una reunión decisiva en la que se espera se firme el esperado primer pacto de pensiones del que dependen en parte los fondos europeos, después de meses de negociación. "Va bastante avanzado, creemos que esta semana, sí que sí, lograremos el acuerdo, pero todavía seguimos negociando algunos flecos", cuentan a 65YMás fuentes cercanas a la mesa de diálogo social, después de que este viernes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidiese paciencia sobre el pacto, pero mantuviese que estaba "casi cerrado". Una información que ha explicitado este lunes también el secretario general de Comisiones Obreras (@CCOO), Unai Sordo, quien ha asegurado que "es cuestión de días u horas", en referencia a que se aprobará este martes o como muy tarde esta semana. 

Aunque se sabe que hay dos medidas que se aprobarán de manera "inminente" –la revalorización de las pensiones en función del IPC y las medidas para el acercamiento de la edad de jubilación legal a la real– varios escollos han estado trabando la firma final del acuerdo. Entre ellos destaca la derogación o no del famosos factor de sosteniblidad del PP, el nuevo sistema de cotización de los autónomos o si se pondrá punto y final a la jubilación forzosa por convenio, como pretende el Gobierno, o se mantendrá con condiciones, como defienden patronal y sindicatos. Todas estas cuestiones se abordab en el último borrador remitido a la mesa de diálogo social, cuyas principales medidas que afectarán al bolsillo de los pensionistas son las siguientes:

Las pensiones subirán en función del IPC

El plan establece que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el índice de precios al consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior, según el último borrador remitido a la mesa de diálogo social. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual. Esto supone que el Gobierno ha cedido en este aspecto ante los sindicatos a la hora de compensar los años en los que el IPC no crezca, en los que no se penalizará el "poder adquisitivo de las pensiones". Esta es una de las pocas medidas de las que no hay duda que saldrán adelante, que según los sindicatos se tendrán que desarrollar en los próximos años para reforzar la estructura de ingresos de la Seguridad Social y lanzar un mensaje de "certidumbre" de cara a las próximas décadas.

Pero, ¿cuánto podrían subir las pensiones el año que viene? Si la inflación cumple los pronósticos que augura los paneles de analistas de Funcas, su crecimiento en 2021 podría ser de entre un 1,6% o un 2%. Esto se podría traducir en una subida de las prestaciones el doble que este año, es decir 18 euros en la pensión media, que se situaba en 1.030,96 euros euros en marzo de 2021. No obstante, estas cifras dependerán del caso, tipo de prestación y lo que fije finalmente el Gobierno. Además, se plantea una evaluación periódica cada cinco años de los efectos de la nueva fórmula de revalorización en el marco del Pacto de Toledo. 

Fomento de la jubilación demorada y el famoso cheque Escrivá

El Gobierno pretende fomentar la jubilación demorada con tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4% (que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión); una cantidad a tanto alzado (pago único) en función de la cuantía de la pensión, o una combinación de estas dos medidas. El pago único o famoso cheque Escrivá oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros. Pero los expertos señalan que en la mayoría de los casos apenas llegaría a los 6.000-7.000 euros por año de más trabajado.

Por otro lado, se exigirá como condición para acceder a la jubilación activa el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. En el plazo máximo de doce meses, el Gobierno revisará, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales, esta modalidad de jubilación con el fin de corregir las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales y favorecer el mantenimiento de la actividad de los trabajadores mayores, al tiempo que se preserva la sostenibilidad del sistema.

Penalización a la jubilación anticipada hasta un 21%

Pero sin duda, una de las medidas más polémicas que previsiblemente se aprobará en este primer acuerdo de pensiones es la que afecta a la jubilación anticipada, con la aplicación de nuevos coeficientes reductores, que se aplicarán mensualmente, en vez de trimestralmente. Según el últimos borrador, las reducciones en la cuantía de la pensión podrían ser de hasta un 21% para una persona que haya cotizado menos de 38 años y seis meses y que decida adelantar su jubilación dos años y un mínimo de 2,81% para quienes lo hagan un año antes. Dicha reducción oscilará entre un 19% y un 3,11%, para los que hayan cotizado hasta 41 años y cinco meses: y de un 13% para los que tengan más de 44 años y medio cotizados, por lo que habrá multitud de supuestos.

Según una simulación realizada por el despacho de abogados BSK Legal & Fisal, estas penalizaciones podrían ir hasta los 460 euros para rentas altas y de unos 75 euros para pensiones medias o bajas. Además, el nuevo texto incluye la eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de doce años. "Esta previsión, unida a las futuras subidas de la pensión máxima durante el período transitorio, servirá para absorber el efecto de la medida para aquellos trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima", según el texto.

Jubilación anticipada involuntaria

Por otro lado, sobre la jubilación anticipada involuntaria, se introducen modificaciones a las "causas de extinción contractual que den derecho al acceso de esta modalidad". El coeficiente aplicable sobre la pensión se determinará por mes de adelanto de la jubilación y no por trimestre. Además, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.

Adicionalmente, "el coeficiente reductor correspondiente a cada uno de los seis meses previos a la edad de jubilación ordinaria se rebaja respecto de los propuestos para la jubilación voluntaria. Para aquellas personas que se vean empujadas a jubilarse como resultado de un despido, se establece un sistema de penalizaciones por anticiparse hasta en cuatro años a la edad legal de retiro, que reducirá la pensión entre un 30% y un 0,5%, en función de los meses en que se adelante el retiro y del tiempo ya cotizado".

Se prohíbe la jubilación forzosa por convenio, pero solo en algunos casos

Pese a que en los últimos días se ha rumoreado lo contrario, el borrador contempla la prohibición de las cláusulas convencionales de los convenios colectivos que determinen la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años, pero podrán ser aplicadas las que se hubieran incluido en convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente mientras éstos mantengan su vigencia. Aún así se establecen algunas excepciones como orientadas a mejorar la presencia de las mujeres en determinados sectores, así como la calidad de sus trabajadores.

En concreto, limita la jubilación forzosa antes de los 68 años será legal solo para aquellos sectores en los que las mujeres representen menos del 15% de las personas ocupadas y siempre que, además, se cumplan dos condiciones. La primera, que la baja laboral deberá llevar aparejada simultáneamente la contratación indefinida y a tiempo completo de al menos una mujer y, la segunda, que la persona jubilada tenga derecho a cobrar el 100% de la pensión ordinaria de jubilación. Además todo apunta a que se podrá fin a la amortización de los puestos y se obligará a la empresa a cubrirlos con contratos nuevos.