Jubilados y expertos coinciden sobre el acuerdo para reformar las pensiones: "Es un mal pacto"

Habemus primer acuerdo en pensiones: Estas son las pocas medidas clave aprobadas

Por fin, tras varios meses de negociaciones y casi seis semanas anunciando que el primer pacto sobre la reforma de las pensiones sería "inminente", se ha alcanzado un principio de acuerdo entre Gobierno y agentes sociales, que deberá ser ratificado todavía por la patronal CEOE en la reunión prevista para esta tarde. A pesar de la euforia de los implicados, sobre todo los sindicatos, que se han lanzado a destacar los avances de este primer paquete, ni expertos ni plataformas de pensionistas comparten este optimismo. Todos coinciden en que estas medidas se han quedado cortas y que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha pospuesto para más adelante (a partir de 2022) la parte más traumática de la reforma. "El acuerdo no nos entusiasma, se siguen sin abordan los problemas más importantes que afectan a la sostenibilidad del sistema", opina Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea).

"Estas primeras medidas aprobadas son del todo insuficientes y dejan para el año que viene asuntos tan relevantes como los sistemas de pensión complementaria y los nuevos tramos de cotización de los autónomos, presentes en los compromisos enviados en el componente 30 a Bruselas", opina José Antonio Herce (@_Herce), miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst) y del Comité Asesor de 65YMás. Por su parte, desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (@CoespeOficial), consideran que es "un mal pacto", hecho con prisas basado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, que van contra los intereses de los futuros pensionistas que se han manifestado este lunes frente al Congreso contra la reforma. "Además, se presenta antes de la auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social que exigimos para que se sepa a dónde ha ido el dinero de la hucha de las pensiones", señala su portavoz, Juan Miguel Fernández, economista y portavoz de la plataforma.

"No tiene sentido derogar el factor de sostenibilidad sin tener uno que lo sustituya"

La derogación del factor de sostenibilidad del PP que ha supuesto un escollo en la negociación de este primer acuerdo, también genera discrepancias entre economistas y pensionistas. A pesar de que era una condición indispensable para los sindicatos, el director de director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada considera que "no tiene sentido derogarlo sin tener antes el nuevo mecanismo diseñado" en referencia a los pocos detalles que se conocen del mecanismo intergeneracional. 

Al mismo tiempo, José Antonio Herce recuerda que se ha fijado un plan de cinco meses para que se diseñe el nuevo factor intergeneracional pero su aplicación real se prevé para 2027. Un dato que han confirmado desde el ministerio de Seguridad Social, que planea tenerlo listo para noviembre de este año. "Veo difícil que de tiempo a aprobarlo", opina Herce. Para los pensionistas de COESPE este cambio no será tan trascendental. "Cambian el nombre pero todo apunta a que volverán a lo que había antes. 

La subida de las pensiones podría ser un riesgo para el sistema

Loss expertos se sorprenden de que este primer paquete, que incluye principalmente dos medidas: la revalorización de las pensiones en función del IPC y medidas encaminadas a acercar la edad de jubilación real con la legal a través de incentivos a la jubilación demorada de un 4% y penalizaciones a la anticipada de hasta un 21%, se hayan tardado tanto tiempo en firmar. "Esta era la parte sencilla", recuerdan, mientras señalan que esta es solo la parte de los agentes sociales y que luego deberá pasar por el Congreso de los Diputados antes de su aprobación prevista para el últimos trimestre de 2021.

Respecto a la revalorización respecto al IPC, José Antonio Herce destaca su carácter asimétrico. "Si subiesen también los salarios me parecería bien, pero la renuncia a que se compensen en los años de IPC negativo, me parece intolerable e insuficiente para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones. Esta actualización supondrá un importante gasto y no han explicado cómo lo van a compensar", señala Herce quien considera que el Gobierno ha perdido una oportunidad para demostrar que quiere equilibrar cuentas. Por su parte, los pensionistas recuerdan que la revalorización respecto al IPC es una reivindicación clásica del movimiento. "Está bien que se apruebe, pero no les vamos a dar premios. Es un derecho que merecemos, una gran conquista de a calle". 

El gran golpe a las jubilaciones anticipadas y el gasto

Según el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (@WTWesp), las nuevas medidas que afectan a la penalización de la jubilación anticipada presenta una "asimetría difícil de entender si el objetivo es reducir la regresividad del actual sistema ya que la fórmula de cálculo que incluye penaliza a las jubilaciones voluntarias, dejando sin cambios el cálculo de las no voluntarias". Consideran que "se sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones ya que un aumento generalizado de la edad efectiva de 1 año sólo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones. Si el aumento sólo afectara a las jubilaciones anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto". 

​"La reforma de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad​ más justa para el sistema de pensiones , debería situarse en el entorno del 0,5% mensual. Otras propuestas que están apareciendo en el debate, como la de eliminar los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados, la propuesta de coeficientes reductores variables del texto o la de aplicarlos tras limitar la pensión máxima, se alejan -aún más- de lo que sería un tratamiento actuarialmente más justo"–es decir, que equilibre el sistema–, considera. Un punto que también destaca Herce: "Las penalizaciones del 21% ya empiezan a ser actuarialmente injustas, ya lo eran las actuales del 8%" opina, mientras reconoce que si el objetivo del Gobierno es disuadir, probablemente lo consiga y veremos un freno a este tipo de retiros en los próximos años.

También cuestionan las medidas de jubilación demorada

El Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson considera que aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año), en paralelo a la anterior propuesta de coeficientes reductores mensuales del 0,5% para la anticipada. "Actualmente, existe otra asimetría importante entre la normativa de la jubilación anticipada y demorada, algo que debería corregirse", señalan. "La propuesta de nuevo texto mejora la situación actual de la demorada, al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo", consideran. Un punto con el que no está de acuerdo Herce quien lo considera bastante justo, que apenas afecta a la sostenibilidad de las pensiones y recalca que la bonificación por porcentaje compensa mucho más que el famoso cheque Escrivá que va hasta el pago único de 12.000 euros.

Como explica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica (@Ivie_news), “en el Anteproyecto de ley se modifican los coeficientes reductores por anticipar la jubilación, los coeficientes aumentadores por retrasar la jubilación y la forma de cálculo de las pensiones anticipadas voluntarias, pero no las correspondientes a no voluntarias. Además, alguna de las medidas en las que se está trabajando persigue también un efecto redistributivo por considerar que el cálculo de la pensión en el caso de la jubilación anticipada, en su configuración actual, es regresivo. Es fundamental que se eviten asimetrías y se introduzcan coeficientes reductores justos para equilibrar el sistema”.