Ligar pensiones al IPC: "insostenible" para el Banco de España e "intocable" para los pensionistas

El Banco de España (@BancoDeEspana) ha puesto el foco en su último informe anual en uno de los pocos acuerdos logrados hasta ahora en la mesa de diálogo social de la reforma de las pensiones que planea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, José Luis Escrivá: la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Pese a que el debate parecía superado, vuelven a aparecer las voces que apuntan a que ligarlo al IPC puede resultar "insostenible para el sistema", entre las que destaca el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, pero que ya apuntaban hace tiempo otros como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (@AIReF_es), organismo dirigido por Escrivá hasta su incorporación al Gobierno que aseguraba en 2019 que tendría un sobrecoste de 100.000 millones de euros en 10 años.

Según el Banco de España, "resulta necesario afrontar el reto que el envejecimiento poblacional supone para el sistema público de pensiones. Si bien las dinámicas demográficas de la sociedad española ya implican, por sí mismas, un notable incremento de los gastos de la Seguridad Social en los próximos años, el retorno a un sistema de revalorización de las pensiones conforme a la inflación y la suspensión de la aplicación del factor de sostenibilidad suponen una considerable presión adicional al alza sobre estos gastos", sostiene el texto. Un asunto complejo, que no solo puede suponer un riesgo para la sostenibilidad sino conflictos a nivel político y social, según los expertos. De hecho, según destaca la economista Mirem Etxezarreta, la revalorización de las pensiones respecto al IPC es uno de los grandes logros del movimiento de pensionistas de los últimos años, que no van a permitir una vuelta atrás.

Piden más medidas al Gobierno y CCAA

En este sentido, el Banco de España recomienda reformas urgentes en materia de pensiones, como el traslado de gastos impropios pero advierte que el creciente déficit de la Seguridad Social necesitaría muchas más medidas. "Estas medidas no permitirían por sí mismas abordar el aumento del gasto de la Seguridad Social que se producirá en los próximos años como consecuencia de los desarrollos demográficos mencionados", insiste. Por eso destaca la necesidad de revisar la revalorización conforme al IPC y su falta de compensación en el caso en que éste sea negativo, que finalmente ha acordado el Gobierno con los sindicatos. 

Como ejemplo, el informe del Banco de España hace referencia al escenario de revalorización de las prestaciones con el IPC y de mantenimiento del factor de sostenibilidad que maneja la AIReF. Según sus cálculos, "dadas las dinámicas demográficas de la sociedad española, el gasto de la Seguridad Social aumentará en unos 3,3 pp del PIB en 2050. Este incremento sería 0,9 pp superior en un escenario en el que el factor de sostenibilidad se derogase definitivamente. Por todo ello, en un contexto en el que las Administraciones Públicas deben abordar un proceso de consolidación fiscal tras la crisis, sigue siendo imprescindible el mayor consenso político y social posible para afrontar este reto", advierte el organismo.

"Cualquier revalorización supone un aumento importante del gasto", dicen los expertos

"Es un debate antiguo el de revalorizar en función del IPC, pero lo cierto es que el Gobierno no ha aclarado cómo lo hará finalmente cuando sea positivo, negativo o medio", explica el economistas José Antonio Herce (@_Herce), socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions) y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst). "Lo que sí sabemos es que por cada punto porcentual de subida de las pensiones se calcula que el gasto aumentaría en 1.500 millones de euros, y si tenemos en cuenta que esto se consolida respecto al año anterior esto supondría muchos cientos de miles de euros, teniendo en cuenta que el pensionista medio, tiene por delante una década de esperanza de vida".

"En resumen, que cualquier incremento, supone un gran aumento de gasto que cada año se actualiza sobre el precedente del año anterior que si solo sube, será cada vez mayor", estime Herce. "Si tuviésemos recursos suficientes, sería justo actualizar las pensiones conforme al IPC, sino, se presenta un problema de justicia, de cómo y quién tendrá que asumir este gasto y sobre todo que debería aceptarse que no subiese cuando la inflación fuese negativa", opina. De esta manera, el economista sugiere medidas que sirvan para equilibrar este efecto, como retrasar la edad de jubilación en función de la esperanza de vida o revalorizar también los salarios con el IPC, para que suban las cotizaciones que sufragan el sistema de pensiones. "Si la inflación hace subir las pensiones también deberían hacerlo las cotizaciones que lo permiten".

El conflicto de suficiencia de prestaciones y la sostenibilidad

Tal como explican Enrique Devesa desde la Universidad de Valencia (@UV_EG) en un estudio realizado sobre el tema antes de las crisis "la revalorización de las pensiones es un elemento clave de todos los sistemas de pensiones; poniendo de manifiesto el conflicto entre los dos objetivos más importantes: la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad financiera, que incide en el grado de equidad entre generaciones. Una revalorización en función del IPC mantiene la suficiencia de las pensiones para las generaciones actuales, pero, si es a costa de la sostenibilidad, el esfuerzo exigido y las pensiones dejarán de ser adecuadas para las generaciones futuras. En cambio, si la sostenibilidad se pretende conseguir ajustando de forma permanente la revalorización por debajo de la evolución de los precios, existe el riesgo de que las pensiones pierdan su capacidad de garantizar un nivel de vida adecuado".

Según sus cálculos que se basan en tres escenarios (0,25%, 1,80% y 2,20% de revalizalorización en función del IPC), el déficit contributivo acumulado sería siempre creciente, alcanzando para el escenario medio la cifra de 2,78 billones de euros en 2050. Pero también estudia cómo financiar el saldo contributivo acumulado mediante 3 alternativas: la mayor presión fiscal que tendrían que soportar los contribuyentes actuales, el endeudamiento que tendrían que soportar las generaciones futuras o la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Las tres medidas juntas hacen más soportable el ajuste al repartirlo entre más generaciones y colectivos, según la Universidad de Valencia.

Fuente: Universidad de Valencia

¿Un "imposible político y social"?

Según apunta el estudio de la Universidad de Valencia, "todos los datos anteriores tienen una magnitud suficientemente grande para que se tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre qué revalorización conviene más al conjunto de los ciudadanos, no olvidándonos de que una revalorización alta perjudicará, de una forma o de otra, a las generaciones que se jubilen en el futuro. Parece que lo más lógico sería repartir la carga entre los pensionistas actuales, contribuyentes actuales y contribuyentes futuros, sacrificando parte del poder adquisitivo de los primeros, aumentando la presión fiscal de los segundos y con una deuda que tendrán que pagar los terceros. La respuesta a la pregunta ¿qué parte de coste tendría que asumir cada uno de ellos?, la tendrán que dar los representantes de la soberanía popular", señalan.

Respecto a este asunto, el presidente de 65ymás, Fernando Ónega, considera propuestas como la del Banco de España en la que se incremente un 0,50 puntos porcentuales la revalorización de las pensiones en la próxima década, –hasta hacer viable el sistema–, es "una gran verdad técnica, pero un imposible político y social. "Político, porque ningún partido se atreverá. Social, porque los pensionistas no lo permitirán". De hecho, los expertos creen que este punto sobre la revalorización no se tocará en la reforma que planea Escrivá "ya que parece que es una de las pocas cosas claras que tienen el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos", opina Devesa. "El Banco de España no se propone cambiar la reforma sino dejar clara su opinión y mostrar su interés en controlar la inflación y la deuda, para evitar riesgos", añade Herce.