Así será la reforma de las pensiones que aprobará el Gobierno de forma inminente: medidas clave

La reforma de las pensiones está por fin a punto de ver la luz después de seis meses de negociación. La cuestión será cuándo exactamente será aprobada ante el secretismo con el que las partes están llevando este proceso. La semana pasada el ministro de Seguridad Social (@inclusiongob), José Luis Escrivá, confiaba que su aprobación sería cuestión de "días o semanas". Pero esta semana se mostraba más cauto en una entrevista en RNE ante los últimos "flecos" que quedan por cerrar en el texto normativo con los agentes sociales. Aún así el ministro ha urgido a cumplir los plazos de Bruselas, por lo que espera que "llegue al Parlamento antes de julio". 

En este primer paquete de reformas, tal como confirman desde el ministerio de Seguridad Social a 65YMás, se incluirá la revalorización de las pensiones con el IPC y una serie de medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, con incentivos positivos para demorar el retiro de manera voluntaria y penalizaciones a la demorada –sobre la que aún no se sabe si se aprobarán los coeficientes propuestos por el Gobierno–. Al mismo tiempo, según las informaciones conocidas hasta el momento sobre la negociación, se dejarán para más adelante otras medidas polémicas como la derogación el factor de sostenibilidad, así como el diseño de los tramos de cotización para los autónomos de este primer bloque.

Revalorización de las pensiones conforme al IPC

El nuevo sistema de revalorización pretende garantizar, según el último borrador del Gobierno, "el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior". Además, se recoge que en el caso de haber inflación negativa, las pensiones "no sufrirán merma alguna, quedando ese año inalteradas". A la vez, se fija el compromiso de analizar este método cada cinco años por el Pacto de Toledo.

Se confirma así que el Ejecutivo ha cedido a la petición de los sindicatos mayoritarios en este asunto y renunciará a compensar en los siguientes tres años la revalorización de las pensiones en el caso de que el IPC sea negativo, como ha ocurrido en 2020. Este "gesto" ha sido considerado "imprescindible para avanzar en la negociación" de la reforma del sistema de pensiones por parte de los representantes de los trabajadores. 

Penalización a las jubilaciones anticipadas

Este es uno de los puntos que a día de hoy genera más controversia, hasta el punto de que algunas informaciones apuntan a que el Gobierno podría realizar algún tipo de concesión respecto a los nuevos coeficientes reductores propuestos en el último borrador facilitado a los agentes sociales. Tal como refleja el texto del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas, la reforma traería cambios para aquellos que se jubilen dos años antes de la edad legal de manera voluntaria. La propuesta del Gobierno es que se pase a tramos mensuales con coeficientes reductores máximos del 20% y mínimos de 2,81%, según el número de años cotizados.

Otra de las principales novedades será que el cálculo se hará sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, para reducir el beneficio que se producía para las rentas altas frente a las medias, según ha defendido el Gobierno ante el Pacto de Toledo. Escrivá ha cifrado en torno a 70.000 u 80.000 las jubilaciones anticipadas cada año y ha reiterado que el objetivo del Gobierno es desincentivarlas cambiando la estructura de los coeficientes reductores.

Premiar la jubilación demorada

Respecto a la jubilación demorada, el ministro ha asegurado a comienzos de esta semana que "no estamos modificando la edad legal de jubilación (...) Lo que hay son incentivos y en España tenemos muy pocos estímulos e incentivos sobre la jubilación demorada que no están bien diseñados ni publicitados. Quien esté en condiciones y quiera seguir en activo podrá prolongar su vida laboral y le vamos a premiar por ello", ha insistido.

Por eso planea medidas como que las empresas no paguen cuotas a la Seguridad Social para esos trabajadores y mejorar los incentivos que existen ahora, como por ejemplo, pagando un cheque de hasta 12.000 euros al año en el caso de las pensiones máximas o mejorando todas las pensiones un 4% por año de demora con un pago único. Si tiene éxito, supondría un ahorro para la Seguridad Social y para el empresario, y resultaría en una mejor pensión para el trabajador.

La propuesta para autónomos quedará fuera de este paquete

Preguntado por el nuevo sistema de cotización de autónomos en función de los ingresos reales en el que trabaja el Gobierno con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos, Escrivá ha señalado en RNE que el Ejecutivo "nunca ha llegado a presentar ninguna propuesta concreta" y que todavía se tiene que acordar con el resto de interlocutores.

"En los procesos se manejan borradores, documentos. Nosotros nunca hemos llegado a presentar una propuesta concreta (...). En lo que sí hay consenso con todos los representantes es en que haya tramos", ha apuntado el ministro, que ha explicado que la discusión, "que se dejará para el final", se centrará en definir cuántos tramos son y cómo se distribuyen por arriba y por abajo.

También la derogación del factor de sostenibilidad

Respecto al factor de sostenibilidad, cuya derogación reclaman los sindicatos, el ministro ha recordado que esto está contemplado en el segundo paquete de la reforma, el que se abordará el año que viene, pero ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la derogación de este factor es "absolutamente firme" porque está mal diseñado y es "injusto".

Dicho factor se introdujo en la reforma de Rajoy de 2013. La norma establecía que el factor dependería de la esperanza de vida a los 67 años a partir de 2027 y que se revisaría cada cinco años, pero nunca llegó a aplicarse. Ahora el Gobierno plantea un nuevo mecanismo intergeneracional para repartir el coste de la reforma de pensiones.