Este lunes, 13 de septiembre, la Mesa de Diálogo Social, formada por el Gobierno, los sindicatos CCOO (@CCOO) y UGT (@UGT_Comunica) y las patronales CEOE y Cepyme, retoma la negociación de la reforma de las pensiones, tras el paréntesis vacacional y una vez que el Consejo de Ministros haya aprobado el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recupera el IPC anual como índice de revalorización.
Los interlocutores sociales retoman pues este lunes el complejo calendario comprometido con Bruselas para 2021 y sobre todo 2022.
Una vez consensuada la parte más fácil del acuerdo (había amplia mayoría tanto en el Pacto de Toledo como entre los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados), quedan por pactar algunos flecos de la primera patade la reforma, sobre los que también hay consenso (equiparación de derechos de acceso a la pensión de viudedad por parte de las parejas de hecho o cotización de becarios).
Sin embargo, los trabajos de la Mesa Social se prevé caldeados, en parte, por la polvareda que ha levantado el informe Escrivásobre despenalización de la prejubilación con largas carreras de cotización, y por las crecientes movilizaciones de los pensionistas, que han vuelto a las calles y preparan una gran manifestación para el 16 de octubre. Además, los agentes sociales tienen por delante semanas de contactos para abordar, por ejemplo, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye al de sostenibilidad, y que en principio debería estar listo en noviembre.
Tras la aprobación del primer paquete de medidas, el 1 de enero de cada año las pensiones se incrementarán de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior, y si el IPC registra una tasa negativa, las pensiones quedarán congeladas, pero el pensionista no tendrá que devolver lo cobrado de más. Con este nuevo mecanismo de revalorización se cumple la recomendación del Pacto de Toledo para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se deroga la fórmula introducida en 2013 (su aplicación estaba suspendida desde 2018, pero ahora desaparece).
Como novedad, se incluye en el texto que los pensionistas de Clases Pasivas tengan la misma regulación en este aspecto.
La reforma de las pensiones se ha dividido en dos plazos, dejando para 2022 las materias más arduas de negociar, como son el nuevo modelo de cotización de autónomos por sus ingresos reales; la implantación generalizada de los planes de pensiones de empresa con adscripción automática del trabajador; la posible extensión desde los 25 a los 35 años del periodo de cálculo para determinar el importe de la pensión; el destope de la base máxima de cotización, etc.
Fuente: Calendario enviado a Bruselas en el Plan de Recuperación
La jubilación anticipada levanta ampollas
Protesta de pensionistas miembros de Asjubi40 en la puerta del Sol.
Entre las medidas de reforma ya aprobadas por el Gobierno el pasado mes de agosto, y que podrán entrar en vigor en 2022, se encuentran el acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales y se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. Se contempla un ajuste de entre el 2,81% y el 21% en función de los años cotizados. Esto ha motivado la crítica de los colectivos de pensionistas, por el endurecimiento que supone para quienes decidan adelantar su retiro del mercado laboral.
Una de las asociaciones más activas, Asjubi40, lleva años luchando para que se supriman las penalizaciones en la pensión de los prejubilados, cuando éstos acrediten 40 o más años cotizados. Esta reivindicación, de momento ignorada por el Gobierno, será otro de los temas candentes que acabarán en la mesa de diálogo social de las pensiones, aunque antes deberá pronunciarse nuevamente el Pacto de Toledo (recordemos que el pasado 30 de julio, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, entregó en el Congreso el informe que le había exigido el Pacto de Toledo, y éste aún no ha sido debatido).
En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente.
Incentivos para retrasar el retiro
En el caso de la jubilación demorada, el recién aprobado Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora:
-Un porcentaje adicional del 4%
-Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas
-Una combinación de ambas opciones.
Sobre la jubilación forzosa, el proyecto de ley establece que los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.
Asimismo, para favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, se reducirá el 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
Se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social
La Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020. Una transferencia que ya se incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El Proyecto de Ley, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, también anuncia la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado que la llamada cláusula de salvaguarda se mantenga en su regulación actual con carácter indefinido.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).