La nueva ley de incentivos de Yolanda Díaz no mejorará la salud financiera de la Seguridad Social

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El Consejo de Ministros aprobó el martes, 10 de enero, una nueva normativa, el Real Decreto-ley 1/2023, mediante el cual se eliminan desde el 1 de septiembre las reducciones y las bonificaciones al empleo temporal, además de modificar el sistema de incentivos a la contratación, concentrando las ayudas casi exclusivamente en los contratos indefinidos y obligando a las empresas a conservar al trabajador en su puesto un mínimo de tres años.

Según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las novedades es que "se eliminan las denominadas reducciones, es decir, los pensionistas y las pensionistas dejan de contribuir con sus cotizaciones a pagar los incentivos en la contratación y la empleabilidad de nuestro país". Sin embargo, la realidad es que suprimir esos incentivos laborales (que ahora benefician a algunos regímenes como el agrario, y a las empresas que ven bonificadas sus cuotas a la Seguridad Social), no va a mejorar la salud de las cuentas del sistema de pensiones, según los expertos, ya que, desde 2022, los gastos 'impropios' de la Seguridad Social los está sufragando el Estado a través de transferencias, tal como recomendó el Pacto de Toledo.

En efecto, en 2022, y en cumplimiento de la Ley de reforma de las pensiones de 2021, el gasto originado por las reducciones en la cotización a la Seguridad Social lo financió el Estado mediante una transferencia de 1.690 millones de euros (ver tabla inferior), tal como detallan los Presupuestos Generales de ese ejercicio.

El importe total de gastos impropios sufragados por el Estado el año pasado fue de 18.396 millones de euros, incluyendo partidas como los más de 2.800 millones que costaron las prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado de menores, o los 5.000 millones de cuantía, equivalente a 1,5 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva, o los 3.549 millones en complementos de prestaciones contributivas.

Igualmente, para el presente 2023,  los Presupuestos contemplan una transferencia estatal de 1.812,34 millones a la Seguridad Social para que ésta pague las reducciones. En total, el ministerio que dirige José Luis Escrivá recibirá este año fondos por importe de 19.888 millones de euros para hacer frente a gastos impropios previstos, de modo que esta sobrecarga no drene los ingresos por cotizaciones.

El SEPE paga 1.800 millones en bonificaciones

Tal como explica Miguel Ángel García (@magarciadiaz), doctor en economía e investigador asociado de FEDEA, en la nueva legislación anunciada por la vicepresidenta Díaz, "no hay ninguna modificación que vaya a mejorar la salud financiera de las cuentas de la Seguridad Social, porque las reducciones que se pretenden eliminar se pagan mediante transferencia del Estado a la Seguridad Social desde 2022. Y en cuanto a las bonificaciones al empleo, pagan mediante transferencia del SEPE a la Seguridad Social; es decir, ni las bonificaciones ni las reducciones, desde el año 2022, se sufragan utilizando las cotizaciones sociales, sino mediante transferencia del Estado (las reducciones) y del SEPE (las bonificaciones). Es el Estado quien se hace cargo de esos gastos, calificados de impropios".

Para este experto, la eliminación de reducciones desde septiembre, y la restricción de las bonificaciones "no van a suponer un ahorro extra para la Seguridad Social. Otro asunto es que el nuevo sistema de bonificaciones genere más gasto y entonces, automáticamente, el Estado tendrá que abonar ese gasto a la Seguridad Social, según establece la Ley. Pero, de hecho, considero que el desembolso en bonificaciones se va a reducir en 2024 y 2025, porque se circunscriben al empleo indefinido, y las empresas deben cumplir el requisito de mantener al trabajador tres años, lo que probablemente desincentivará su utilización".

El investigador de FEDEA aclara que "el gasto en bonificaciones está muy estable, en torno a 1.800 millones de euros desde hace bastantes años. Y es un gasto que abona el SEPE a la Seguridad Social. En cuanto a las reducciones en cotizaciones, existen por ejemplo en el sistema agrario, donde en vez de pagar el 24,4% se paga el 12,2%, y otro tipo de reducciones en determinados contratos. Este gasto también es bastante estable, en torno a 1.500-1.800 millones anuales, que, insisto, desde 2022 paga el Estado a la Seguridad Social".

En el mismo sentido, José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, descarta que la prevista eliminación de reducciones en cotizaciones a la Seguridad Social o el reajuste de los incentivos a la contratación vayan a suponer un ahorro de entidad en las cuentas de la Seguridad Social. "Es cierto que el financiar las tarifas planas y otras bonificaciones a la contratación disminuyen los ingresos del sistema, o los del SEPE, cuando es este organismo el que compensa a la Seguridad Social por dichas bonificaciones. Pero las bonificaciones a las cotizaciones sociales, que yo sepa, nunca las ha sufrido la Seguridad Social".

Herce recuerda que otros gastos considerados impropios, que sí han contribuido durante años a drenar los ingresos del sistema de pensiones, ya están siendo asumidos por el Estado, en cumplimiento de la Ley de reforma de las pensiones de 2021.

"Medida no muy relevante para el sistema"

Respecto a los nuevos incentivos y su posible impacto en el sistema de pensiones, Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, considera que, "como en el concepto de 'gastos impropios' cabe casi todo, la medida anunciada no va a ser muy relevante en cuanto a la mejora del sistema". Y puntualiza que el Real Decreto-ley 1/2023 "hace referencia, sobre todo, a las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social en determinados supuestos. Corren a cargo del SEPE, como las que había ahora. La financiación del SEPE es diferente de la de la Seguridad Social, ya que aquella se nutre de cotizaciones y, si es necesario, también de los Presupuestos del Estado".

"El concepto de gastos impropios es muy amplio, y algunas de las partidas, como son las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o el coste de rellenar las lagunas para el cálculo de la pensión, son realmente gastos impropios de la Seguridad Social", detalla Devesa, quien cita un informe de FEDEA, donde se señala que también pueden serlo las subvenciones implícitas a regímenes especiales o el complemento de maternidad a pensiones.