Escrivá confía en la jubilación más allá de los 65 años para neutralizar el gasto en pensiones

"Los primeros resultados a los incentivos a la jubilación demorada más allá de los 65 años están por encima de lo que esperábamos", ha dicho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una conferencia sobre la reforma de pensiones este jueves organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (@APIE_es).

Así, ha destacado que las medidas contempladas en la reforma para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria permitirán neutralizar 1,5 puntos de gasto en pensiones y ha destacado que los incentivos introducidos han permitido reducir las altas de jubilación en menores de 61 años un 12% en comparación con el periodo 2017-2019. Mientras, las altas entre los mayores de 65 años, han crecido un 7%.

Desgranando los datos,  el ministro ha subrayado que la jubilación demorada está creciendo, hasta representar el 5,5%, frente al 4,9% de 2019, mientras que la jubilación anticipada ha descendido hasta el 36%, en contraste con el 38,8% de 2019. Al mismo tiempo, las jubilaciones ordinarias han aumentado desde el 56,2% de 2019 al 58,5% en 2022.

La jubilación activa y parcial debe rediseñarse "en algún momento"

Aunque la reforma de pensiones ha actuado sobre la jubilación demorada, la forzosa y la anticipada para aproximar la edad real de jubilación a la ordinaria, Escrivá cree que "en algún momento" deberán abordarse mejoras en las modalidades de jubilación activa y jubilación parcial para que se produzca una "transición gradual" entre estar activo y dejar de golpe el mercado laboral.

"En España el número de horas trabajadas es la misma se tengan 55, 65 o más años (...) En otros países se transita progresivamente desde jornadas completas a jornadas menos exigentes, pero en España se trabaja a tiempo completo casi hasta el último día", ha explicado.

La jubilación parcial está destinada a mayores de 60 años que firmen con la empresa un contrato a tiempo parcial, normalmente vinculado a un contrato de relevo, mientras que la jubilación activa permite compaginar el cobro de una pensión con un empleo por cuenta propia o ajena.

🎙️El ministro @joseluisescriva ha comenzado su intervención en la @APIE_es poniendo el valor los acuerdos alcanzados en el Pacto de Toledo, que después se han concretado en el diálogo social, para lograr un sistema de pensiones sólido y solvente pic.twitter.com/7xdK43vVBc

— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) November 3, 2022

"Los pensionistas son especialmente vulnerables a la inflación"

El ministro ha insistido en que otro objetivo fundamental de la reforma de pensiones es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, para lo que se establece que las pensiones subirán de acuerdo a la inflación interanual del mes de noviembre. A falta de conocer el dato de noviembre, el ministro ha indicado que la subida de las pensiones para 2023 no se desviará mucho del 8,5% previsto en los Presupuestos Generales del Estado. "Décima arriba o abajo no va a variar mucho", ha afirmado el ministro.

"Los pensionistas son especialmente vulnerables a la inflación, porque no tienen capacidad para cambiar sus ingresos y porque el impacto de la subida de previos afecta directamente a la cesta de la compra y el resto de gastos que han experimentado grandes subidas y que son especialmente importantes en este colectivo.

Década de los 30,40, la que más tensión de gasto supondrá

Escrivá ha subrayado que la derogación de la reforma de 2013, en ausencia de los cambios efectuados por el Gobierno en la nueva reforma, implicaría un aumento a futuro del gasto en pensiones de 3,5 puntos, hasta el 15,5% del PIB, frente al 12% actual.

La mayor tensión en el gasto, ha recordado el ministro, se producirá en la década de los 30 y los 40, que es cuando se jubilarán los llamados 'baby boomers'. Pasado 2050, el gasto volvería a los niveles actuales, pues los potenciales pensionistas de entonces serían una generación "mucho más estrecha".

Para contener el gasto ante las jubilaciones de los 'baby boomers', la reforma de 2013 introdujo el factor de sostenibilidad, con la idea de restar ocho décimas al gasto en pensiones, y el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que las condenaba a subir sólo un 0,25% en situaciones deficitarias con el objetivo de reducir el gasto en 2,7 puntos adicionales.

"De forma prácticamente indefinida, si no hacíamos nada, durante 25 ó 30 años las pensiones sólo se iban a revalorizar el 0,25% con independencia de cuál fuera el nivel de inflación. El IRP hacía caer un 30% la pensión para mantener el gasto en el 12% del PIB", ha criticado Escrivá, que ha añadido que lo que quería el Gobierno del PP con la reforma de 2013 era reducir el déficit público "mediante un recorte masivo de las pensiones".

"Bruselas no empatiza con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional"

El Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI) es el mecanismo que sustituyó al factor de sostenibilidad, con lo que debería procurar un ahorro similar al comprometido por el entonces Gobierno del PP (0,8 puntos del PIB). "A la Comisión Europea no le hemos asegurado que se consiga ese ahorro", ha dicho el ministro, que ha vuelto a reconocer que Bruselas "no empatiza" con el diseño del MEI.

La razón es que lo que ha planteado el Gobierno español es que el MEI esté vigente desde 2023 hasta 2032 y que después se evalúe si se continúa con la misma fórmula (sobrecotización del 0,6%) o si se cambia por otra medida distinta. Es decir, no es una regla automática como sí lo era el factor de sostenibilidad, sino semiautomática. Y la Comisión Europea no quiere que deje de estar vigente en 2032, quiere que se mantenga hasta que sea necesario.

"Bruselas no nos está planteando que cambiemos el MEI en 2023, nos está pidiendo que sea una regla automática que trascienda el 2032", ha dicho el ministro, que cree que se trata más de un tema "conceptual y técnico" que de rechazo al mecanismo. El ministro ha subrayado que las reglas tienen que tener flexibilidad y que la Comisión "se equivoca". "El factor de sostenibilidad era una regla automática que dejó de aplicarse y no tuvo recorrido vital. Es mejor hacer reglas más robustas", ha apuntado.

Escrivá "no sabe" cómo terminarán estas discrepancias con Bruselas a cuenta del MEI, pero cree que se resolverán. En todo caso, ha garantizado que esta diferencia de criterios no afecta a la globalidad de la reforma, bien considerada por la Comisión, ni tampoco lo ve como algo fundamental para la sostenibilidad del sistema. Así, la idea sigue siendo la de que el MEI entre en vigor el 1 de enero de 2023, dentro del plazo comprometido, y para eso, ha dicho el ministro, el Gobierno español está trabajando "con determinación".