Pensiones: el Gobierno asume que la reforma del periodo de cálculo y bases máximas se retrasa a 2023

Unai Sordo (CCOO) descarta llegar a un acuerdo en pensiones antes de fin de año

Los agentes sociales piden a Escrivá que demuestre que contar 30 años no baja la pensión

El empeño de Escrivá en subir a 30 años el cálculo de la pensión empantana el diálogo social

Tan solo un día después de que Unai Sordo, secretario general de CCOO, confirmara que la negociación sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones no se iba a poder cerrar antes de fin de año, en gran parte debido al empantanamiento que ha causado el empeño del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a 30 años, el Ministerio reconoce ya como probable que dicha negociación se retrase a 2023 para intentar culminarla con el consenso de los agentes sociales.

El plazo inicial, prometido a Bruselas, para cerrar este segundo paquete de reformas expira el 31 de diciembre de 2022, y en él deben incluirse varias modificaciones clave: el destope de las bases máximas y de la pensión máxima, además de mejoras en la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares y medidas para reducir la brecha de género. Pero el gran obstáculo para sacar adelante la reforma es el empeño de Escrivá en ampliar los años cotizados que se cuentan para hallar la cuantía de la pensión, que el ministro quiere subir desde los 25 actuales, a los últimos 30 años, eligiendo los 28 mejores.

Aunque los contactos entre Seguridad Social y los agentes sociales se siguen desarrollando, apenas quedan ocho días para que finalice el año, y no hay ningún Consejo de Ministros extraordinario previsto (tan solo el ordinario del próximo martes) donde se pudiera llevar un eventual Decreto Ley con esta medida. 

De todos modos, el Ministerio de Seguridad Social ha asegurado en varias ocasiones que un posible retraso en aprobar la reforma no ocasionará problemas con la Comisión Europea, como tampoco los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó semanas más tarde de lo establecido en el calendario que marcaba el Plan de Recuperación.

Sordo y Garamendi ya avisaron que no daría tiempo

Cuando falta tan solo una semana para que finalice el plazo prometido por España a Bruselas para aprobar la segunda fase de la reforma de pensiones, los agentes sociales han descartado que puedan llegar a un acuerdo con el Gobierno en ese corto periodo de tiempo. El último en avisarlo ha sido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que el jueves dijo que la negociación "en ningún caso" acabará antes de que finalice este año. 

A juicio de Unai Sordo, la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo a 30 años está "distorsionando" esta negociación. Frente a planteamientos oficiales como este, Sordo apuesta por adoptar medidas "muy ambiciosas" para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, entre ellas, el destope de las bases máximas de cotización o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050.

Aunque Sordo ha sido el último en reconocer explícitamente que no dará tiempo a cerrar la reforma antes de que acabe 2022, también desde UGT han advertido de la lentitud de las negociaciones y, asimismo, a finales del mes de noviembre, el presidente de (CEOE), Antonio Garamendi, ya anunció que veía "complicado" llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones antes de finales de 2022.

Subir el periodo de cálculo, el gran escollo

El decidido empeño del ministro Escrivá de negociar la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, extendiéndolo a los últimos 30 años cotizados, eligiendo 28, sigue siendo el gran obstáculo para avanzar en el acuerdo en esta segunda fase de la reforma de las pensiones.

Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a sancionar antes del 31 de diciembre dos grandes medidas: el aumento de los años que se utilizan para determinar la cuantía de la pensión, y el destope de bases y pensión máxima. El ministro asegura que dicha extensión (ahora se cuentan los últimos 25 años de vida laboral) tendrá un efecto fiscal neutro sobre el sistema, pero los miembros de la Mesa de Diálogo Social, esto es, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-CEPYME, repiten que no firmarán nada que no venga respaldado por el Pacto de Toledo y pueda ser refrendado en el Congreso de los Diputados.

Los agentes sociales exigen, además, que el ministerio les demuestre con cifras que aumentar el periodo de cómputo no significará un recorte de la pensión futura: "Pese a nuestra reiterada insistencia, carecemos todavía de una memoria económica y de impacto de las dos medidas principales que plantea el Gobierno, y que son las que han prometido a Bruselas", lamentan.

Las otras medidas a negociar en enero

Aparte del periodo de cálculo, estas son las grandes medidas sobre la mesa de diálogo en esta segunda fase de la reforma de las pensiones:

- Subida progresiva de las bases máximas y la pensión máxima

El Gobierno plantea vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas, teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

De la mano iría el aumento de la pensión máxima, aunque en menor proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor, por tanto, al planteado para las bases máximas. A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%". En caso de que la inflación sea negativa, la pensión máxima subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050).

- Mejora de lagunas de cotización

La Seguridad Social también ha planteado en la mesa de diálogo social mejoras para cubrir las lagunas de cotización a efectos del cobro de la pensión y para reducir la brecha de género existente en la cuantía de las pensiones.

El Gobierno ha propuesto reforzar la cobertura de lagunas de cotización, elevando hasta el 80% el porcentaje de la base mínima entre los meses 49 al 72 para mujeres de entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

- Cobertura de cotización de excedencias

También sobre la mesa se encuentra una mejoría de la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos.

- Mayor revalorización anual del complemento de brecha de género

Escrivá ha puesto sobre la mesa de diálogo social el aplicar un mayor porcentaje de revalorización al complemento de brecha de género, entre 2024 y 2025. Este plus, vigente desde febrero del año pasado, consiste ahora en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo.

- Lagunas de cotización de autónomos

El Ministerio pretende mejorar el actual tratamiento de las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

- ¿Ampliar la sobrecotización del MEI a 2050?

Aunque la propuesta del Gobierno no incluye modificar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que se establece, entre 2023-2032, una sobrecotización del 0,6% a pagar por empresarios (0,5%) y trabajadores (0,1%), para afrontar las tensiones de gasto en el sistema que se derivarán de las jubilaciones de los baby boomers, los sindicatos ven con buenos ojos ampliar a 2050 esa mayor cotización, para afianzar las arcas de la Seguridad Social. Los empresarios, representados por CEOE y CEPYME, se oponen, sin embargo, a mayores subidas de cotizaciones.

Una eventual extensión del MEI es lo que ha sugerido asimismo la Comisión Europea, ya que esta sobrecotización se revisará para ver si tiene continuidad a partir de 2032 o se modifica por otra medida distinta. Bruselas es más partidaria de que se extienda hasta 2050.

El Ministerio no descarta ceder en ese punto y que finalmente esta sobrecotización se alargue hasta 2050.

Escrivá, convencido de que habrá acuerdo

A principios del mes de diciembre, el ministro Escrivá se mostraba convencido de que habría acuerdo sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones, donde se incluiría el plan de aumentar desde 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, más el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima.

"Habrá acuerdo", dijo, asegurando que se aprobaría por Real Decreto Ley, tal como se hizo anteriormente con la reforma laboral o el sistema de cotización de los autónomos. 

"Pido tranquilidad, sigamos negociando. Estamos en la mesa de negociación y ya verá como hay acuerdo", reclamaba el ministro en una entrevista en el Canal 24 Horas, donde desveló que CEOE no estaba haciendo "ninguna propuesta", mientras que aseguraba que los sindicatos UGT y CCOO sí están planteando sus iniciativas en las materias que hay sobre la mesa de diálogo social.

"Hemos pasado por esto muchas veces", recordaba Escrivá, aludiendo a que, en las semanas previas a lograr pactos sociales, los distintos interlocutores suelen airear un desacuerdo que luego, según él, no es tal.