La reforma del sistema público de pensiones que el Gobierno va a remitir este mismo mes a la Comisión Europea recoge, entre otros, el compromiso de ligar la cuantía de la pensión a la creciente esperanza de vida de los jubilados. En la práctica, esta medida significa una reducción en el importe de la prestación según vaya aumentando la expectativa vital de los próximos pensionistas. Así consta en el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Ejecutivo para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril, cuyo contenido de 211 páginas más anexos hizo público el Gobierno este martes.
Aunque apenas concreta cada una de las medidas, en el apartado "Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo" del documento se recoge la derogación del polémico factor de sostenibilidad de las pensiones, impulsado por el Gobierno del PP para reducir las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. Promete, igualmente, su sustitución por "un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población". Es decir, que, aunque no será el único criterio, sí que se tendrá en cuenta el aumento de la esperanza de vida en la determinación de la cuantía de la pensión.
Por otra parte, se plantea la "alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas". Aunque no especifica más, según explicó el lunes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, eso se traducirá fundamentalmente en dos medidas: pagar un 'cheque' de hasta 12.000 euros a quienes decidan seguir trabajando después de su edad de retiro y endurecer la penalización para los que se retiren antes.
El paquete de reformas no concreta, sin embargo, uno de los puntos que más fricción provoca entre PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalicion el posible aumento del periodo de cómputo de la pensión hasta los 35 años. Esa propuesta sí figuraba en el primer borrador del paquete de medidas, pero no en el redactado final, en el que el Gobierno se limita a plantear la necesidad de adecuar "a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" para "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
Otro punto clave de la reforma de las pensiones que recoge el documento es la derogación del Índice de Revalorización de Pensiones introducido por la reforma de 2013. Escrivá ya explicó este lunes que las prestaciones se revalorizarán según el IPC del año anterior y, para evitar reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa, se compensarán las tasas de esos años a lo largo de los tres años siguientes. No se verán afectadas por las compensaciones las pensiones mínimas. El texto también recoge la modificación del complemento de maternidad de pensiones, un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales o el impulso a los planes de pensiones de empleo.
Este paquete de medidas tiene, según el Gobierno, los objetivos de "preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, eliminando el déficit del sistema", "profundizar los ajustes paramétricos que han permitido incrementar la edad efectiva de jubilación de manera constante, hasta situarla por encima de la media europea, e impulsar a través de nuevos incentivos positivos la prolongación voluntaria del acceso a la jubilación" y, por último, "desplegar sistemas complementarios de pensiones en el ámbito empresarial y profesional".
Según explicó este martes en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un documento "abierto" que todavía está sujeto a modificaciones, al tiempo que reconoció que existen también "elementos por afinar" con Bruselas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa de este martes en Moncloa
Las 9 medidas enviadas a Bruselas en materia de pensiones
1. Separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, con la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo.
2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para lo que se deroga el Índice de Revalorización de Pensiones introducido por la reforma de 2013 con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en los términos que plantea el Pacto de Toledo.
3. Alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas.
4. Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, que pretende reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales.
5. Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población.
6. Nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales, por el que se busca implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada.
7. Modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño, como se expresó en el Real Decreto-ley 3/2021,con el objetivo de compensar el coste que el nacimiento y el cuidado de los hijos tiene para los progenitores, fundamentalmente para las madres, de manera que se contribuya decisivamente a la reducción de la brecha de género en pensiones.
8. Reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos.
9. Adecuación de la base máxima de cotización del sistema: La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema.