Ampliación del período de cómputo de la pensión desde los 25 años actuales hasta 30, descartándose de oficio los 24 meses con menor base de cotización actualizada y rellenándose las posibles “lagunas” de cotización, primero con la base mínima establecida para el año correspondiente (hasta 48 meses) y luego con el 50% de esta cantidad.
Subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050, acompañada de una revisión muy inferior de la cuantía de las pensiones máximas y del propósito de recuperar aproximadamente el actual cociente entre las dos variables de 2050 en adelante, a un ritmo no especificado que se negociará con los agentes sociales.
Escaso ahorro
En su estudio, Fedea apunta que las estimaciones disponibles sugieren que el impacto neto de los cambios propuestos por el Gobierno en el periodo de cálculo de la pensión (subirlo de 25 a 30 años, descartando los dos peores años) se traduciría en "una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados", que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, "pero sólo de forma muy modesta".
"El ahorro en 2050 se situaría como mucho en el 0,3% del PIB", apunta Fedea, que señala que la propuesta del Ejecutivo de destopar parcialmente las cotizaciones sociales "tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues aportaría como mucho un 0,15% del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050".
"La suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIBen 2050", concluye.
Impuesto oculto
Por otra parte, Fedea vuelve a insistir en que el destope de las bases máximas de cotización supone un impuesto oculto. “La propuesta es muy cuestionable porque supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”, asegura Ángel de la Fuente en su trabajo.
“Convendría, por tanto, eliminar este peculiar impuesto de Seguridad Social, suprimiendo las cotizaciones por encima de tales umbrales, y reemplazarlo por algo mejor. Entre las posibles opciones”, apunta el experto, “la mejor sería en la práctica un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF, lo que aseguraría un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes”.
Sobre el autor:
Beatriz Torija
Beatriz Torija es periodista y documentalista, especializada en información económica. Lleva 20 años contando la actualidad de la economía y los mercados financieros a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Además, cocina y fotografía.