La revalorización de las pensiones y la jubilación anticipada retrasan la reforma de Escrivá

La reforma de las pensiones que planea el ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inclusión (@inclusiongob) José Luis Escrivá, avanza muy lentamente hasta la siguiente fase. En plena negociación con las patronales y sindicatos, el objetivo del Ejecutivo es llegar a un acuerdo sobre los temas principales antes de abril. Sin embargo, empresarios y representantes sindicales se muestran escépticos en cuanto a las fechas: "son cosas que llevan mucho tiempo". La última propuesta a debate del ministerio de Seguridad Social contiene, entre otras cosas, detalles sobre la fórmula de revalorización de las pensiones o cambios en el acceso a la jubilación sobre los que aún no hay acuerdo.

La intención del Gobierno es que se haga en base a la inflación media del año anterior, con la incógnita de cómo se compensará exactamente en los años en los que el IPC sea negativo, como 2020. Una medida presentada a los agentes sociales en un documento a inicios de marzo que está aún por concretar y que también contiene propuestas encaminadas a acercar la edad de jubilación a la real, con vetos a la forzosa y modificaciones en la jubilación anticipada, según confirman fuentes cercanas a la negociación.

Revalorización compensada en los años de IPC negativo

El texto presentado a los agentes sociales el pasado 1 de marzo empieza por este punto: la “nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Para asegurar este objetivo, el Ejecutivo plantea una revalorización anual que, a diferencia de ahora, tomará la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente, según publica el diario El País. Es decir, se usará el Índice de Precios al Consumo ya registrado y no una previsión que luego se compensa como se hace ahora. Además, cuando el IPC medio sea negativo, las pensiones no subirán y la diferencia se absorberá en los tres años siguientes en que haya que subir las pensiones. Todo apunta a que este futuro mecanismo de absorción solo se activará, en principio, cuando los precios caigan.

Fuentes del Ministerio a 65Ymás sobre este asunto recuerdan que "lo que el Pacto de Toledo ha acordado es que las pensiones tienen que mantener su poder de compra". Así, defienden que que esto supone que en situaciones de IPC negativo, como la que ha ocurrido en 2020, "las pensiones no van a bajar", pero se está estudiando establecer un mecanismo de compensación en los siguientes años. Es decir, que las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los años siguientes. A falta de lograr un acuerdo sobre el tema, ésta será una de las primeras patas de la reforma que Escrivá "quiere tener lista antes de abril para satisfacer a Bruselas".

Oposición de los sindicatos a la nueva fórmula de revalorización

"Nosotros, no estamos de acuerdo con esta fórmula de IPC para los pensionistas, tenemos que guiarnos por lo acordado en la comisión del Pacto de Toledo, lo demás son propuestas que se hacen muchas de ellas anunciadas en los medios de comunicación por el Ministro. Cuando tengamos una propuesta clara por parte del Ministerio, CCOO saldremos a los medios y daremos nuestra opinión y nuestras propias propuestas", señalan fuentes del sindicatos, quienes aclaran que las pensiones necesitan mucho tiempo y reflexión para llegar a amplios acuerdos. UGT también ha mostrado en varias ocasiones su oposición a la medida.

En cualquier caso, fuentes cercanas a la negociación sostienen que las propuestas hechas hasta el momento, no dejan de ser documentos sobre los que hay que trabajar y que muy probablemente cambien mucho hasta llegar a su resultado final. "Estamos negociando sobre un tema delicado", insisten. Y añaden que de poco sirve trasladar el debate a la opinión pública porque los acuerdos se tomarán en la mesa de diálogo social". Respecto al estudio sobre despenalizar las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización, a la espera de que el ministerio emita un estudio al respecto, los sindicatos consideran que eliminarles los coeficientes reductores, "sería de justicia". No obstante aclaran que aún queda pendiente ver cómo quedan cada uno de los asuntos.

Prohibir la jubilación forzosa e incentivos a la demorada

Otro de los asuntos sobre la mesa rodea las futuras condiciones de jubilación. Escrivá ya ha expresado en varias ocasiones su intención de vetar la jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos de las empresas. Se trata de una de las medidas que se incluye en la propuesta del ministerio de Seguridad Social para  para alargar la edad real de jubilación y que se acerque así a la legal, que este año se sitúa entre los 65 y los 66 años (y llegará a una franja entre los 65 años y los 67 en 2027). No obstante, este punto está pendiente de la contrapropuesta que hagan conjuntamente los sindicatos y las patronales en la mesa de negociación.

En principio, la propuesta no ha gustado a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que supone restringir la libertad de negociación de las partes en los convenios colectivos y una dificultad para renovar las plantillas y crear más empleo. También están sobre la mesa los incentivos a la jubilación demorada a través de varias vías como incrementos en la pensión de un 4% (ahora es entre el 2% y el 4% en función de los años cotizados). Otra propuesta es dar una cantidad a tanto alzado por cada año completo de cotización adicional.

Cambios en la jubilación anticipada y parcial

El documento entregado hace unos días a los agentes sociales también concreta las restricciones a la jubilación anticipada voluntaria, a la que se puede acceder dos años antes de llegarse a la edad legal de jubilación correspondiente. El planteamiento de la Seguridad Social es que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como hasta ahora. Para hacerlo, Escrivá plantea un periodo transitorio de tres años y penalizaciones del 8% anual por año de adelanto.​ Todo apunta a que el resultado final llevará a pensiones más bajas para quienes se acojan a esta modalidad y, por tanto, un menor atractivo para hacerlo.

La jubilación anticipada parcial con contrato de relevo también contiene novedades. Se plantea que el jubilado no pueda concentrar plurianualmente todo el tiempo de trabajo que le corresponde antes de la jubilación plena. La propuesta del ministerio de Escrivá es que deberá trabajar ese tiempo durante cada uno de los años. Con ello, se pretende obstaculizar uno de los trucos que utilizan las empresas para renovar plantillas a menor coste, pero también se dificulta el uso del contrato del trabajador sustituto del jubilado.