El empeño del Gobierno en ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los últimos 30 años cotizados, eligiendo 28, sigue siendo el gran obstáculo para avanzar en el acuerdo con los agentes sociales (sindicatos y patronal) y aprobar la segunda fase de la reforma de las pensiones, cuando faltan tres semanas escasas para que finalice el plazo prometido por España a Bruselas. Hay que recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a sancionar antes del 31 de diciembre dos grandes medidas: el aumento de los años que se utilizan para determinar la cuantía de la pensión, y el destope de bases y pensión máxima.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que dicha extensión (ahora se cuentan los últimos 25 años de vida laboral) tendrá un efecto fiscal neutro sobre el sistema, pero los miembros de la Mesa de Diálogo Social, esto es, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-CEPYME, repiten que no firmarán nada que no venga respaldado por el Pacto de Toledo y pueda ser refrendado en el Congreso de los Diputados. Exigen, además, que el ministerio les demuestre con cifras que aumentar el periodo de cómputo no significará un recorte de la pensión futura: "Pese a nuestra reiterada insistencia, carecemos todavía de una memoria económica y de impacto de las dos medidas principales que plantea el Gobierno, y que son las que han prometido a Bruselas".
Aunque las posturas de los sindicatos y la patronal difieren en varias propuestas (entre ellas, el aumento de la base máxima de cotización), coinciden en criticar que la negociación con el Ministerio se ha desarrollado a un ritmo "extremadamente lento" para poder llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de este año. Y exigen que se prorrogue de manera inmediata la jubilación parcial en el sector manufacturero, que decaerá a finales de 2022 si la Seguridad Social no lo evita.
Acuciado por el reloj, el ministro Escrivá ha ordenado dar prioridad absoluta a la negociación de la segunda fase de la reforma, y a lo largo de la semana va a convocar de nuevo a sindicatos y patronal. "Nos han pedido que desbloqueemos nuestras agendas, de hecho, las reuniones previstas en el propio Ministerio para otros asuntos, las han pospuesto para centrarnos en esta materia, porque les acucia", confirman a 65YMÁS fuentes sindicales.
Ampliar a 30 años... ¿Con medidas correctivas?
"Rechazamos cualquier extensión del periodo de cómputo, siempre y cuando suponga un recorte de las jubilaciones futuras", afirma Cristina Estévez (@CrisEstevez_UGT), secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, en la misma línea de lo apuntado la semana pasada por Pepe Álvarez, secretario general del sindicato. Tal como Estévez recuerda, un incremento del periodo de cálculo se sale fuera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y no tiene asegurada su aprobación por el Parlamento. Y aclara: "el Gobierno podría plantear ampliar el periodo de cómputo y establecer medidas anexas que contrarresten la pérdida de poder adquisitivo, pero a los agentes sociales solo nos habla de que se trata de una reforma neutra fiscalmente, sin darnos las cifras, sin entregarnos la memoria económica que demuestre que no tendría impacto en las pensiones futuras".
Respecto a la otra gran reforma que persigue Escrivá, desde UGT defienden "el destope progresivo pero total de la pensión, porque nos parece que es la tercera gran pata para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, una vez aprobada la cotización de los autónomos por sus ingresos reales, y antes de eso, la sobrecotización del MEI. Las tres medidas ayudarán a afrontar la jubilación del baby boom". En este sentido, el sindicato critica que el Ejecutivo "no se ha movido de su propuesta de incrementar el 30% la base máxima de cotización y el 3% de incremento de la pensión, y ambos planteamientos nos parecen muy escasos".
Tal como resalta Cristina Estévez, "el Ministerio nos habla de las dos reformas que les interesa porque las han comprometido con Europa, pero a nosotros nos faltan muchas otras, como un mecanismo para subir las pensiones mínimas y no contributivas, y que dejen de estar a merced del gobierno de turno. Queremos que esas pensiones crezcan más que la media de las contributivas; y de eso, el Ministerio no dice nada".
Por su parte, Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, asegura que la propuesta oficial de este lunes es "claramente insuficiente" en cuanto al incremento de ingresos por la vía de la subida de las bases máximas de cotización. También insiste en que se revaloricen las pensiones mínimas no contributivas.
Si bien considera que ha habido un progreso "algo mayor" en los periodos cotizados por excedencia por cuidado de hijos, mayores o reducciones de jornada, Bravo critica por insatisfactorios los avances en cuanto a la integración de lagunas y en el complemento para reducir la brecha de género. A su juicio, los planteamientos de la Seguridad Social siguen siendo "insuficientes", sobre todo en lo relativo al "incremento de ingresos derivado de la actuación del destope sobre bases máximas y salarios más altos". El sindicalista critica que el Gobierno no haya propuesto reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sustituto del factor de sostenibilidad, ni tampoco mejoras para las pensiones mínimas, que es otra de sus reivindicaciones.
CEOE: "Recorte de derechos y más coste laboral"
La organización, que preside Antonio Garamendi, mantiene su oposición a las dos principales propuestas del Gobierno, por entender que "suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral. Propuestas que, además, no consideramos que permitan mejorar la sostenibilidad del sistema".
Desde CEOE insisten en reclamar al Gobierno la memoria económica y de impacto de las reformas que plantea, algo sin lo cual no pueden entrar a valorar el fondo de las mismas.
En cuestión de brecha de género, CEOE admite que el Ministerio ha incorporado alguna medida menor que apunta en la buena dirección. "Pero, en lo esencial, la propuesta perjudica más aún a las mujeres que la que se estudió la semana pasada, ya que ahora se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización a las mujeres al periodo entre los 35 y 45 años de edad".
¿Qué ofrece ahora el Ministerio?
En su reunión de este lunes, 12 de diciembre, el Ministerio de Seguridad Social ha ofrecido varias medidas para luchar contra la brecha de género en las pensiones, que tanto sindicatos como patronal consideran insuficientes.
- Negociar la jubilación parcial antes de marzo de 2023. Tal como señala Cristina Estévez, el Ministerio ha incluido en su documento "el compromiso de que se va a desarrollar el marco regulatorio de la jubilación parcial en el primer trimestre de 2023, pero nos sigue faltando que se incluya la prórroga automática e inmediata de la jubilación parcial de la industria manufacturera, que es en el único sector donde hoy en día existe y que va a decaer el 31 de diciembre".
- Lagunas de cotización: aumentar hasta el 80% de la base mínima (desde el actual 50%) la cobertura de las lagunas de cotización entre los meses 49 al 72 para mujeres y hombres trabajadores que dejaran su carrera para cuidar a sus hijos. Es decir, compensar a quienes estuvieron sin trabajar algún periodo en los últimos 25 años previos a jubilarse, tras tener hijos. Con ello se mejoraría la pensión a las mujeres madres, fundamentalmente, ya que la cuantía de la pensión se halla con la media de lo cotizado en los últimos 25 años de la carrera, y lógicamente, cuantos más años o largos periodos de lagunas se tengan, mayor perjuicio en la pensión.
- Excedencias. Se propone mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. El Ministerio de Seguridad Social plantea dar cobertura del 100%, es decir, sufragar el 100% de la cotización en periodos de excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijos o de mayores durante los tres primeros años.
- 10% extra de aumento del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, es decir, adicionalmente a la revalorización anual con el IPC, el Gobierno plantea incrementar este plus un 10% adicional conjunto en esos dos años. En la actualidad, este complemento, vigente desde febrero de 2021, tiene una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro. Se solicita a la vez que la pensión.
Con fecha 1 de noviembre, 364.871 pensiones perciben el complemento por brecha de género, cuyo objetivo es corregir paulatinamente la diferencia que se produce entre la pensión media que recibe un hombre y la que recibe una mujer. El importe medio mensual de este complemento en la pensión, recibido en un 92,8% por mujeres, era de 61,3 euros en noviembre.
Fedea critica el destope: "Es un impuesto oculto"
Las críticas al Gobierno llegan también desde los institutos de análisis, como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que denuncia el pretendido destope de las bases máximas por ser "un impuesto oculto" que, a su juicio, "no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social". Tal como resalta su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, con la propuesta actual, en 2050 se habrá producido un incremento acumulado de casi el 35% para la base máxima de cotización y del 3% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes. A partir de 2050, la base máxima pasaría a actualizarse solo con la inflación, y la pensión máxima crecería algo más que la inflación, hasta alcanzar un incremento acumulado del 30% a precios constante.
#pensiones 🗞️#ApuntesFedea de Ángel de la Fuente en la que se investigan algunos de los posibles efectos de la propuesta de subida gradual de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2025 y 2050 ⏬https://t.co/Vm0guNafV3
Según el director ejecutivo de Fedea, una vez implementada por completo en 2050, esta medida incrementaría la recaudación, "como mucho", en un 0,15% del PIB, "muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones" derivado de la primera fase de la reforma de pensiones, que el propio Gobierno ha cifrado en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050. "Si el destope se lleva hasta el extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema", alega De la Fuente.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).