Reforma de las pensiones: el acuerdo se desbloquea, pero deja los puntos más polémicos aparcados

Las vacaciones de verano se acercan y con ellas el parón legislativo, por lo que el tiempo apremia para la aprobación de una de las reformas más importantes de los próximos tiempos. El primer bloque de la futura reforma de pensiones, que deberá estar aprobada oficialmente en el cuarto trimestre de 2021, entra en su recta final de negociación entre Gobierno, patronal y sindicatos que esperan, ahora sí, cerrar el pacto en la próxima semana. Es más, todas las fuentes consultadas confían en que será este lunes, tras la reunión convocada, el momento en el que finalmente se selle el acuerdo.

Preguntados por el asunto, las partes implicadas contestan a 65YMás con un unánime "ojalá, solo quedan pequeños detalles". Las ganas de cerrarlo son muchas, pero el revuelo suscitado por los "flecos normativos" han hecho retrasar el acuerdo que se anunció como inminente, más de un mes. En concreto, la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo intergeneracional han centrado el bloqueo de las últimas semanas, que se suma a las otras dos grandes medidas ya acordadas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y las medidas para acercar la edad de jubilación real con la legal que ya se han ido dando a conocer a través del último borrador que maneja la mesa de diálogo social.

Adiós al factor de sostenibilidad y creación de uno nuevo en 5 meses

Todo apunta a que finalmente el Gobierno cederá ante la petición de los sindicatos y derogará el factor de sostenibilidad durante este año. La fórmula fue aprobada por el Ejecutivo del PP en 2013 para adaptarse a la esperanza de vida, pero nunca llegó a aplicarse. Ahora, este instrumento se reemplazará por un nuevo mecanismo de corrección antes de cinco meses, según publica el diario El País.

“En sustitución del factor de sostenibilidad se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027″, dice el borrador de la reforma. Una fecha que ha sido duramente criticada por lo que según fuentes de la negociación su diseño deberá estar listo mucho antes. De esta manera, según las últimas informaciones, se dará un plazo de cinco meses pasa diseñar el nuevo.

También se derogará el IRP y se sustituirá por una revalorización según el IPC

Según un borrador del anteproyecto, la reforma suprimirá otro de los puntos más polémicos de la reforma de pensiones del PP de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit. El texto que se está ultimando fija su revalorización anual con la variación interanual media del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Lo hará en función de los datos de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Otro de los puntos clave es que si esta variación fuera negativa, como ha ocurrido en 2020, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año, es decir, no se compensarán a la baja como pretendía el ministro José Luis Escrivá en un inicio.

Cambios en la jubilación anticipada

También se introducirán modificaciones en el sistema de penalización para los trabajadores que se retiran antes de la edad legal, fijada actualmente en los 65 y 66 años, dependiendo del número de años cotizados. En especial, afecta a las jubilaciones anticipadas voluntarias, aumentando la reducción de la cuantía de la prestación (mes a mes, en lugar de por trimestres), sobre todo en el caso de los trabajadores con salarios más altos.

De este modo, para quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes) y así según las condiciones de cotización de cada trabajador. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.

Fomento de la jubilación demorada y limitación de la forzosa

En paralelo, se introducen mayores incentivos para que quien lo desee siga trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación. Los afectados podrán escoger entre un pago único por año de demora conocido como 'cheque Escrivá' (entre 4.700 y 12.000 euros) o un incremento en la pensión (4% por año), o una combinación de ambos instrumentos.

En paralelo, se eliminarán las cláusulas de jubilación forzosa por convenio para trabajadores de menos de 68 años a partir de la entrada en vigor de la misma, pero con excepciones. Además, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso. Excepcionalmente, el límite de edad establecido (menos de 68 años) podrá rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación en el caso de sectores donde haya mujeres.

Voces críticas alertan de los riesgos de la reforma

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea), José Ignacio Conde-Ruiz, considera que el acuerdo de pensiones garantiza la suficiencia de las pensiones, pero que "quizás pone en riesgo la sostenibilidad" del sistema. De hecho, ha resaltado que vincular las pensiones al IPC va a suponer un aumento del déficit estructural de la Seguridad Social de entre 3 y 5 puntos del PIB, es decir, entre 30.000 y 50.000 millones. 

Por su parte las patronales de seguros como Unespa (@UNESPA) valora que se contemplen iniciativas de apoyo al segundo pilar de pensiones (sistemas de pensiones promovidos por empresas para generar ahorro en las futuras jubilaciones de empleados), pero considera este primer paquete es insuficiente y con carencias para poder llegar a asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo que piden ir más allá del Pacto de Toledo.

La parte más traumática, pospuesta al año que viene

Aunque ahora parece que el pacto estará más cerca, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que los “aspectos más complejos” quedan para la segunda ronda de la mesa de diálogo, relacionados con “el reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social”. “No será tan fácil llegar a un acuerdo”, reconoció.

En su momento, Inclusión y Seguridad tendrá que negociar con patronal y sindicatos el destope de las bases máximas de cotización, la regulación de los planes colectivos de pensiones, el modelo de cotización por ingresos reales para los autónomos y los cambios en los años a tener en cuenta para el cómputo de las pensiones.