Reforma de pensiones: Escrivá deja fuera del próximo acuerdo seis medidas vitales para los jubilados

La tan esperada reforma de las pensiones que el Gobierno quiere cerrar con los agentes sociales este mismo mes tan solo contemplará la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la alineación de la edad efectiva de jubilación con la real a través de penalizaciones a las anticipadas y fomento de las demoradas que se prevé se aprueben en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, de este primer paquete todo apunta a que quedarán fuera algunos asuntos clave como los nuevos tramos de cotización de autónomos y la derogación del factor de sostenibilidad del PP que aún deben lograr consenso en la mesa del diálogo social y que amenazan incluso con hacer saltar por los aires el primer acuerdo de pensiones. 

De esta manera, el ministro de Seguridad Social Jose Luis Escrivá "aplaza a 2022 el grueso de las medidas más traumáticas" según destacan expertos como Pablo Sanz profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE (@UCOMILLAS). Entre ellos, destaca la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones, el fomento de sistemas complementarios de pensiones, el destope las máximas o la aprobación de un nuevo factor intergeneracional, tal como confirma calendario enviado a Bruselas en su componente 30. Los jubilados anticipados con largas carreras de cotización, también se muestran molestos porque el ministro ha pospuesto su decisión sobre los coeficientes reductores que se les aplican. 

Nuevos tramos de cotización para los autónomos

Respecto a los tramos de cotización de los autónomos, el ministro ha asegurado esta semana que se "seguirá trabajando con la Agencia Tributaria en los próximos meses", por lo que su aprobación no se prevé hasta el segundo trimestre de 2022.  El objetivo, insiste es que, "igual que los asalariados cotizan en función de sus ingresos reales, los autónomos, con sus particularidades porque también tienen más volatilidad en sus ingresos, también lo hagan".

Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el RETA basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. De este modo, se corregirá la "distorsión" que supone que trabajadores autónomos puedan elegir bases de cotización que no corresponden a sus ingresos reales, según Escrivá. Pero por el momento las asociaciones de autónomos como ATA  o UPTA no están convencidas con la propuesta inicial de 13 tramos y aplicación gradual en nueve años desde 2023, y aseguran que afectará especialmente a los mayores de 50 años. 

Fomento de sistemas de pensiones complementarios y el superfondo

Otra medida que se ha retrasado y que probablemente irá encaminada a equilibrar el sistema en términos de recaudación en opinión de los expertos, son los nuevos incentivos fiscales a los planes de empleo frente a los individuales y la puesta en marcha de un superfondo público de empleo​. "Esto esconde una cifra gorda de recaudación. Será dinero prestado a futuro, pero a corto plazo generará un remanente para la tesorería", opina Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales​. 

Según el documento enviado a Bruselas, el Gobierno prevé la aprobación de un "nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos" en el segundo trimestre de 2022. Pero habrá que ver si se cumplen estos plazos ya que el fomento de los sistemas de pensiones complementarios es considerado como un intento de privatización por parte de muchos pensionistas y los propios sindicatos.

Derogación del factor de sostenibilidad y sustitución por uno intergeneracional

Esta medida supone la derogación del mecanismo propuesto por el PP en la reforma de 2013 y que no llegó a aprobarse nunca por falta de consenso y el diseño de uno nuevo ligado a la evolución de la esperanza de vida para adaptarse al envejecimiento de la población. Lo que está por ver es cuándo exactamente se diseñará este nuevo factor intergeneracional, una de las medidas más duras de la reforma, que aún genera dudas en cuanto a si supondrá recortes en la cuantía de las pensiones futuras.

Por el momento el Gobierno ha señalado que dejará este polémico asunto para el segundo bloque de medidas de la reforma de las pensiones que finaliza en diciembre de 2022 y cuya puesta en vigor podría retrasarse incluso hasta 2027. Aún así, la derogación del factor de sostenibilidad es una de las condiciones que los sindicatos están poniendo sobre la mesa para llegar al acuerdo sobre pensiones, sin el cual podría retrasarse incluso el primero bloque. "Si no se deroga el factor de sostenibilidad, no firmamos el acuerdo", aseguran desde CCOO (@pensCCOO).

La polémica ampliación del periodo de cómputo de la pensión

También se pospone al último trimestre de 2022 la puesta en marcha del nuevo marco de "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo", que es como llamar el Ministerio de Seguridad Social a la medida que promueve un alargamiento de ese periodo y que busca que "la pensión refleje mejor la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral con más interrupciones y lagunas, fortaleciendo la equidad y contributividad del sistema", según defiende el componente 30.

El Gobierno se plantea "ampliar y adecuar la realidad actual de las carreras profesionales, contemplando "la posibilidad de elección de los años a integrar por encima de los actuales", de manera progresiva. Un punto que debido a la polémica, finalmente no incluirá la ampliación del periodo de cómputo de 25 a 35 años. El objetivo, según el Gobierno es "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema" . 

Destope de las pensiones y subida de las mínimas

En un principio, el Ministerio había puesto sobre la mesa un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima, pero también de su cotización para "no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". Finalmente, este punto y su destope tendrá aún que debatir sus detalles en la mesa del diálogo social, ya que a Bruselas se ha enviado simplemente la promesa de "adecuación de la base máxima de cotización".

Por su parte los sindicatos exigen que se suban también las pensiones mínimas, más allá de los que ocurre ya con la revalorización de las pensiones de jubilación o contributivas. Los agentes sociales reivindican, y de hecho ponen como una de las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre pensiones, que se incrementen las cuantías de las pensiones mínimas y no contributivas, que en muchos casos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y se haga como un compromiso por escrito para que se respete en los próximos años.

Jubilación anticipada de las largas carreras de cotización

Otro de los asuntos que inquieta ante la falta de información al respecto es qué ocurrirá con los coeficientes reductores a la jubilación anticipada de las largas carreras de cotización. "En el próximo acuerdo de las pensiones se está hablando de las jubilaciones anticipadas, pero no tenemos noticias de qué pasará con las penalizaciones que sufrimos los que tenemos más de 40 años cotizados y decidimos retirarnos antes de tiempo. Aún estamos esperando un estudio que el Gobierno se comprometió a entregarnos en el primer trimestre de este año", señala Santiago Menchero, portavoz de la asociación que reivindica la despenalización ASJUBI40 (@asjubi40).

Preguntado por el tema en rueda de prensa, el ministro Escrivá declaró hace unas semanas que el asunto "no es en estos momentos el centro de nuestro trabajo" y asegura que su revisión se pospondrá a 2022. "Es algo que en nuestro calendario de trabajo está más pensado en el paquete de medidas que tienen que ver con las carreras profesionales y los periodos de cómputo, más pensando para el año que viene. Con todos los temas que tenemos que abordar en la Seguridad Social, este lo hemos pospuesto", insistía.