La segunda pata de la reforma de pensiones, reto pendiente para 2023

El 2023 ha arrancado para el diálogo social tripartito entre Gobierno y agentes sociales con varios asuntos en cartera que no se han logrado cerrar antes del fin de 2022, pese a que esa era la intención inicial, como la segunda parte de la reforma de pensiones (la primera acaba de celebrar su primer cumpleaños).

En concreto, debía haberse aprobado antes de finalizar el 2022, para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo impidieron.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no se da mucha importancia a que el plazo prometido a la Comisión se haya superado, pues su prioridad es que esta segunda parte de la reforma se asiente, como la primera, en un acuerdo con los agentes sociales, un argumento que asegura que también comparte Bruselas.

Lo mismo pasó con el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos (en vigor desde este 1 de enero), que contó finalmente con el respaldo de organizaciones de autónomos y agentes sociales, aunque el acuerdo llegara unas semanas después de lo comprometido en el Plan de Recuperación.

Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima (aunque no al mismo ritmo), una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones. El problema es que el Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados. Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.

A CCOO y UGT tampoco les ha gustado nada esta propuesta. No solo alegan que es innecesaria, habiendo culminado en 2022 la anterior extensión del cómputo de 15 a 25 años, sino que entienden que no era una cuestión recogida en el Pacto de Toledo ni goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes de llevarlo al diálogo social.

Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima. En su propuesta inicial, que es solo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor, por tanto, al planteado para las bases máximas.

Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, pues el nuevo año ya les trae algunos.

Nuevos tipos de cotización para 2023

Así, la ley de Presupuestos del Estado para 2023 ya plantea una subida del 8,6% de las bases máximas, que pasarán de 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros, lo que afectará a los salarios más altos. Pero es que, además, con la llegada de 2023 entra en vigor el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador.

Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6% que establece el MEI, supondría una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los pagaría el trabajador y 10, la empresa.

El objetivo del MEI, con los que se prevén recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 que irán a la hucha de las pensiones, es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los baby boomers entre 2032 y 2050.

Esta sobrecotización que establece el MEI, sustituto del llamado factor de sostenibilidad, se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%. A partir de este 2023, con la entrada en vigor de este mecanismo, las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.

Precisamente, el MEI es otro de los puntos que los sindicatos quieren abordar en la segunda parte de la reforma de pensiones, pero no para suprimirlo, sino para extenderlo hasta 2050, pues actualmente está establecido que deje de operar en 2032 para evaluar entonces si se mantiene o se adoptan otras medidas. Bruselas también quiere llevarlo hasta 2050, aunque Seguridad Social no lo ve necesario. De momento, no ha planteado ninguna medida al respecto en la mesa de diálogo social, aunque no se descarta que lo haga para contentar a la Comisión Europea.

Junto al MEI, los sindicatos CCOO y UGT también echan en falta en esta segunda parte de la reforma actuaciones para garantizar la suficiencia de las pensiones mínimas.

Pendiente también la subida del SMI

Además de esta reforma, está pendiente de resolver lo que ocurrirá con el salario mínimo interprofesional (SMI), teniendo en cuenta que el objetivo es que se sitúe en este 2023 en el 60% del salario medio.

CCOO quiere que suba desde los 1.000 euros actuales por catorce pagas a entre 1.082 euros y 1.100 euros, lo que supondría un alza porcentual de entre el 8,2% y el 10%. UGT, directamente, pide llevar el SMI hasta los 1.100 euros y CEOE y Cepyme plantean un incremento del 4%, hasta los 1.040 euros mensuales.

El Gobierno tiene ya sobre la mesa el informe de los expertos, que recomiendan una horquilla de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, así como su revisión a los seis meses para evaluar su suficiencia en un contexto de elevada inflación.

De momento, el Ejecutivo no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra, aunque lo normal es que, como ocurrió en 2022, se guíe por las sugerencias realizadas por los expertos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pactar la subida con los agentes sociales, aunque la CEOE no está por la labor de pactar un alza superior al 4%.

En todo caso, haya o no acuerdo con los sindicatos o con ambas partes, la subida del SMI de 2023 tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. De momento, y hasta alcanzar dicho acuerdo, el Gobierno ha prorrogado para 2023 el SMI de 2022, situado en 1.000 euros mensuales.

Sumar a los empresarios será complicado. No solo han puesto condiciones para subir el SMI un 4% en 2023, sino que consideran rotas las relaciones con Trabajo después de que la Ley de Empleo incluyera una enmienda que permitirá a la Inspección de Trabajo controlar las causas alegadas por las empresas en los despidos colectivos.