UGT propone reducir de 15 a 12 años el periodo mínimo cotizado para acceder a la pensión
También reafirma su negativa a aumentar a 30 años el periodo de cómputo
Escrivá no retirará su plan para ampliar el periodo de cálculo de las pensiones
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha informado este lunes de que se ha propuesto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rebajar de 15 a 12 años el periodo cotizado necesario para tener acceso a una pensión, dentro de las negociaciones de la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones.
"Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva", ha dicho Álvarez en un encuentro con la prensa.
El líder de UGT ha asegurado que el Gobierno ya ha recibido los planteamientos del sindicato, por lo que la cartera de José Luis Escrivá "ha tenido tiempo más que suficiente para poder evaluarlas" e incorporarlas en un futuro acuerdo.
Por su parte, la propuesta que la Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, y que descarta retirar para cumplir con lo acordado con Bruselas, como aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, es ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
El líder sindical también ha cuestionado que la propuesta del Gobierno, con esa ampliación del periodo de cálculo, sea de "suma cero", como mantienen desde el Ministerio de Escrivá, y ha insistido en que la Seguridad Social, a pesar de su manejo y acceso a las estadísticas, sigue sin ofrecer los datos sobre el impacto de su medida.
El secretario general de UGT ha evitado presentar la rebaja de 15 a 12 años como una contrapartida a la ampliación del periodo de cómputo, y ha insistido en que hay que buscar "equilibrio entre el gasto y el ahorro".
"No entra en hacer ninguna concesión hasta que no tengamos un acuerdo cerrado. Cuando tengamos un acuerdo cerrado, veremos qué condiciones se han dado", ha respondido Álvarez, preguntado al respecto, y ha señalado, también, que ha evitado las líneas rojas en las conversaciones con la Seguridad Social.
El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era presentar esta segunda fase de la reforma del sistema de pensiones a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales siguen abiertas.
Tanto los sindicatos como los empresarios recalcan que la ampliación del periodo de cómputo no está recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo y temen, por tanto, que la segunda fase de la reforma carezca del apoyo parlamentario suficiente.
"Dudo mucho que pueda haber una aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso si previamente no cuenta con un consenso, con un acuerdo social. En todo caso, esa no es una responsabilidad nuestra, es del Gobierno. La otra cuestión, para nosotros fundamental, es tener la absoluta certeza de que la norma que firmemos va a ser aprobada por el Congreso", ha advertido el secretario general de UGT.
Álvarez también ha precisado que la negociación sobre la reforma del sistema de pensiones no dejará "cosas para más adelante".
CSIF pide la mejora de las pensiones de clases pasivas
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a Escrivá que incluya la mejora de las pensiones de clases pasivas en la reforma de pensiones que está discutiendo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
CSIF quiere que las pensiones de clases pasivas reciban el mismo tratamiento que las del Régimen General, por lo que reclama al Gobierno medidas para paliar la brecha de género en las pensiones e incentivos para prorrogar de manera voluntaria la vida laboral.
En este sentido, el sindicato que preside Miguel Borra denuncia que el Ejecutivo dejó fuera del complemento de género a las pensiones voluntarias del Régimen de Clases Pasivas. Precisamente ahora, en el marco del diálogo social, el Gobierno está estudiando mejorar ese complemento y reforzar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidados de familiares, mejoras que CSIF también pide para las pensiones de clases pasivas.
El sindicato también insta al Gobierno a incrementar los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas y establecer un incentivo del 5% anual acumulable para aquellas personas que decidan de manera voluntaria prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación voluntaria. Esta cuestión, apunta CSIF, se va a tratar próximamente en la negociación del anteproyecto de Ley de Función Pública para la Administración General del Estado.
La organización sindical ha pedido al Ministerio de Inclusión que le permita exponer estas cuestiones en la mesa de diálogo social sobre pensiones que tiene abierta con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
